Ola de niños inmigrantes genera crisis humanitaria en Estados Unidos

César tenía cuatro años cuando un grupo de hombres en su pequeña ciudad natal mató a su padre. Era un adolescente cuando comenzaron a amenazar a su hermano mayor. A los 17, cansado de esconderse, dejó Guatemala, y se unió a la ola de los niños centroamericanos no acompañados por sus familiares que cruzan la frontera con Estados Unidos. “Quería escapar de todo”, dijo a NBC News.

Hace apenas cuatro años, unos seis mil niños no acompañados cruzaban esa frontera cada año. Los números aumentaron en el 2011 y se han multiplicado desde entonces.

En el presente año fiscal, unos 52 mil menores solos han cruzado la frontera de México hacia Estados Unidos, especialmente por el suroeste de Texas.
El proceso de deportación de un menor que ha llegado de forma ilegal y sin ningún miembro de la familia es largo y complicado. Según la legislación estadounidense, los que no sean de México o Canadá no pueden ser devueltos de inmediato a sus países de origen.

Si no tienen familiares que los acojan en Estados Unidos, y mientras el proceso de deportación toma su curso, los niños se colocan en albergues.

A principios de junio pasado, la Casa Blanca dijo que la actual afluencia de menores se había convertido en una “crisis humanitaria”, impulsada por la violencia y la inestabilidad en países como Honduras y Guatemala.

Pero la decisión de perseguir el “sueño americano” supone un peligro para la vida de quienes lo intentan. Esta semana, las autoridades de Texas dieron a conocer los detalles de la muerte de un niño guatemalteco de 11 años de edad. Gilberto Fran­cisco viajaba para reunirse con parientes en Chicago. Su cuerpo se identificó mediante un número de teléfono inscrito en el cinturón. Las autoridades no conocen las circunstancias de su viaje, pero sospechan que murió de un golpe de calor.

Desde 1998, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cerca de cinco mil inmigrantes han muerto cruzando la frontera. No obstante, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos estiman que el número es cercano a ocho mil, ya que muchos cuerpos nunca se recuperan.

Según las estadísticas de la Patrulla Fronteriza, mientras hubo 268 muertes en la frontera suroeste en 1998, hubo 463 muertes reportadas para el año fiscal 2012.

DESEMPOLVAR LA REFORMA
En medio de una crisis que necesita una solución inmediata, el presidente Barack Obama dio por sepultada su propuesta de reforma migratoria integral, y anunció que tomará medidas ejecutivas.

En una alocución el lunes, un Obama visiblemente frustrado dijo que había instruido al Departamento de Justicia para que elaborara una lista de las medidas que puede tomar sin necesidad de consultar al Congreso, algo que ha hecho que sus críticos lo acusen de abuso de poder.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca expresó su intención de modificar la ley que no permite que los menores sean deportados inmediatamente.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que el cambio será injusto para los niños que acaban de terminar un viaje peligroso y tienen poco o ningún conocimiento de sus opciones que les permitan permanecer en el país.

Muchos republicanos argumentan que la crisis actual pone de manifiesto por qué la reforma migratoria no puede tener lugar hasta que las fronteras de Estados Unidos estén bien aseguradas.

Pero Obama revirtió el argumento, alegando que mostró la necesidad de reformar el sistema actual y hacer más transparente quién puede quedarse y quién no puede.

“Ahora tenemos una crisis humanitaria en nuestra frontera que solo pone de relieve la necesidad de abandonar la política y arreglar nuestro sistema roto de una vez por to­das”, dijo.

“Hay suficientes republicanos y demócratas en la Cá­mara para aprobar una ley de inmigración hoy”, insistió, y mencionó el respaldo que tiene el proyecto de ley votado por el Senado hace más de un año.

Mientras tanto, un grupo de legisladores demócratas presentó esta semana un proyecto de ley para garantizar que los niños indocumentados solos que han cruzado la frontera reciban asistencia legal de un abogado durante el proceso de deportación.

También las ciudades están empezando a buscar soluciones por su cuenta. Nueva York anunció la creación de un sistema de abogados públicos para defender a inmigrantes pobres que se encuentran en proceso de deportación. (SE)