Brasil le pone ritmo a un Internet inclusivo

Hace cerca de un año, Brasil exigió ante la comunidad internacional un cambio de la gobernanza en la red de redes. Esa era la respuesta de un país y una región indignados, cuya soberanía era transgredida una vez más, esta vez en el campo de las nuevas tecnologías de la comunicación.

El espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA), que reveló el excontratista Edward Snowden, alcanzó correos electrónicos personales de diversos latinoamericanos y caribeños, así como objetivos económicos estratégicos, y desató un escándalo de grandes proporciones en el plano político-diplomático denunciado en todos los escenarios.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, incluida en una lista de mandatarios directamente espiados, calificó  los hechos de “grave violación a los Derechos Humanos y las libertades civiles”, e insistió en que ello era una “afrenta” a los principios de las relaciones entre los países.

“Jamás una soberanía puede afirmarse en detrimento de otra soberanía; jamás el derecho a la seguridad de los ciudadanos de un país puede ser garantizado mediante la violación de derechos humanos y civiles fundamentales de otro país”, dijo en aquel entonces.  

Ante las fuertes reclamaciones por las escuchas, la Casa Blanca se justificó explicando que habían espiado para protegerse del terrorismo.
En su papel de líder en el esfuerzo por regular el comportamiento de los países frente al uso de las tecnologías y consciente de la necesidad de una independencia tecnológica, Brasil anunció un plan legal para tomar cartas en el asunto.

El proyecto inicial planteaba la idea de crear sus propios centros de datos y conexiones a Internet para blindarse contra el espionaje y matizar los efectos del mismo. De esta forma, los datos de los internautas brasileños serían guardados en servidores en su país y no en territorio norteamericano.
Este acápite tuvo que ser abandonado por ciertas imposibilidades tecnológicas, la presión de las empresas de telecomunicaciones y los altos costos que significaría para el país.

Aún así, el Marco Civil de Internet que sancionó este miércoles la mandataria brasileña constituye un parteaguas en esta materia para los países del Sur.
Entre otros asuntos, indica que las empresas no podrán limitar el acceso de los usuarios a determinados contenidos y ve al Estado como un actor en Internet que define las responsabilidades de los sitios, compañías de medios y el usuario.

La cláusula más importante, según los analistas, es la relativa a la privacidad. En ese sentido, establece que las comunicaciones en Internet son inviolables y obliga a las compañías a que informen de forma clara a los usuarios sobre el uso y el almacenamiento de sus datos privados, cuya venta o cesión a terceros fue expresamente prohibida.

La ley remarca la necesidad de contar con una regulación internacional que garantice los derechos de las personas, la inviolabilidad de los datos y la igualdad en la utilización del espacio virtual, así como representa un intento por sacudir la hegemonía norteamericana en el mundo virtual.

El Marco Civil de Internet fue planteado en el 2009, pero su aprobación se aceleró tras el escándalo de espionaje. Con ese proyecto Brasil forma parte de los países que regulan desde las leyes la neutralidad de Internet.

La aprobación de esta normativa fue el plato fuerte del Encuentro Multisectorial Global sobre el Futuro de la Gobernanza de Internet, que reúne en Sao Paulo a delegados de 85 países.

“El Internet que deseamos solo es posible en un ambiente de respeto a los derechos humanos, de la privacidad y la libertad de expresión. Los derechos que tiene la gente también deben ser protegidos en línea”, subrayó la Jefa de Estado al intervenir en el evento.

Brasil le impone así su propio ritmo a la regulación de las comunicaciones en el espacio virtual, concebido como una herramienta transformadora y regida por la protección a los usuarios y la inclusión de todos.