Ciudadanos “desechables”

Eran las seis de la mañana del 10 de junio del 2010 cuando Howard Dean Bailey sintió sirenas y golpes fuertes en su puerta. Once agentes de migración, apoyados por la policía estadual de Virginia, irrumpieron con armas desenfundadas y chalecos antibalas. “Estamos aquí para llevarte”, le dijeron, mientras su esposa bajó las escaleras gritando y sus dos hijos miraban la escena horrorizados. Unos minutos más tarde estaba parcialmente vestido —porque ni siquiera lo dejaron subir las escaleras para cambiarse la ropa—  en dirección a la Cárcel Regional de Hampton. Allí estuvo dos años preso antes de ser deportado.

Según narró el propio Howard en la revista Politico, en 1989 se trasladó legalmente de Jamaica a Estados Unidos. Además, no se tuvo en cuenta para su expulsión que fuera veterano de la Guerra del Golfo. “Serví a mi país y luego me expulsaron”.

Es uno de los casi dos millones de personas que han sido deportadas  durante el gobierno de Barack Obama, una cifra récord para cualquier presidente de Estados Unidos.

El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la mayor organización que aboga por los derechos de los latinos en el país, ha apodado al mandatario como Deporter in Chief (Deportador en Jefe).

Octavio Nava Cabrera fue detenido por la policía de Illinois en abril del 2013 por violar una señal de stop. Había llegado al estado en 1986, con 13 años de edad, y la mayoría de su familia todavía vive en Estados Unidos. No tenía el permiso de conducir adecuado y tenía una violación migratoria que databa de 1997, cuando fue detenido en la frontera después de un viaje a México. Cabrera fue encarcelado durante siete meses y luego deportado. Dejó a un hijo atrás. Ahora está durmiendo en el piso del apartamento de un amigo en la ciudad de México. “Yo no sé nada de México”, confesó recientemente a The Economist.

Obama ha dicho que el gobierno persigue a los “criminales, pandilleros, personas que hacen daño a la comunidad”, y no a estudiantes ni a gente que estén en el país “solo porque están tratando de encontrar la manera de alimentar a sus familias”. Pero un análisis de The New York Times demostró que dos tercios de los casi dos millones de deportados son personas que cometieron infracciones menores, como violaciones del tránsito, o algunos incluso que no tenían antecedentes penales en lo absoluto.

“Este gobierno, más que cualquier otro, ha devastado las comunidades de inmigrantes en todo el país, ha separado familias, simplemente porque conducían sin licencia o intentaban volver a entrar al país para tratar de reunirse con sus seres queridos”, comentó Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center (Centro Nacional de Leyes Migratorias).

Se calcula que unos 150 mil niños fueron separados de al menos uno de sus padres en el 2012. En caso de que ambos padres sean expulsados y los menores sean ciudadanos estadounidenses, quedan al cuidado de instituciones federales.

Anabel Barron, quien ha vivido en Estados Unidos desde hace casi dos décadas, se enfrenta a la posibilidad de ser echada luego de ser detenida por exceso de velocidad y conducir sin licencia. Su expediente demostraba que había sido deportada previamente y dijo que regresó para volver a estar con sus cuatro hijos, nacidos en Estados Unidos.  

“Tengo miedo”, dijo a The New York Times, a propósito de la próxima audiencia donde se decidirá su destino. “Para mis hijos es peor. Ellos no duermen, no comen, no quieren ir a la escuela porque tienen miedo de que no esté cuando regresen a casa”.

En abril del 2010 fue noticia que una niña de 11 años llamada Arlette Rocha fue encontrada ahorcada en su casa unos ocho meses después de que su padre fuera deportado a México.

“El presidente está preocupado por el costo humano de las familias que se separan”, ha dicho Cecilia Muñoz, asesora de política interna de la Casa Blanca. El gobierno alega que lo único que ha hecho es cumplir estrictamente leyes ya existentes, y culpa al Congreso por no haber aprobado la Reforma Migratoria que promueve el Ejecutivo.

Janet Murguía, directora del NCLR, además de llamar a Obama “Deportador en Jefe” también dirigió su enojo y frustración contra los republicanos de la Cámara de Representantes por el estancamiento del proyecto de reforma bipartidista que el Senado aprobó en julio del año pasado.

Incluso de aprobarse, la medida solo significaría un alivio para alrededor de once millones de indocumentados en Estados Unidos, pues no garantiza la ciudadanía inmediata a todos. Eso sería un largo camino y en algunos casos tendrían que conformarse con residencias o permisos de trabajo.

Pero inmigrantes regularizados, algunos de ellos naturalizados, significan votantes latinos —sobre todo— contentos con Obama, lo cual no agradaría a los republicanos.

Por otra parte, los más conservadores temen que se altere la composición demográfica de la sociedad estadounidense, y  la identidad nacional que defienden y caracterizan como “blanca, anglosajona y protestante”.

Parece difícil que el tema se mueva en el Congreso mientras más se acerquen las elecciones de medio término de noviembre. Murguía argumenta que Obama tiene la autoridad para  detener las separaciones de familias. Él prometió medidas ejecutivas en el terreno migratorio si el Congreso continúa sin dar el visto bueno a la nueva legislación; pero hasta el momento poco o nada ha hecho.

Las deportaciones se han convertido en uno de los sellos de la presidencia de un hombre que llegó a la Casa Blanca con la promesa de aprobar una Reforma Migratoria integral, y que ganó las elecciones con el apoyo del voto latino.