BRASILIA.— Al cumplirse este 31 de marzo los 50 años del golpe militar que derrocó al presidente Joao Goulart y dio paso a una dictadura militar, los brasileños buscan recuperar la memoria de los crímenes y desafueros ocurridos entre 1964 y 1985.
La Comisión Nacional de la Verdad (CNV), creada en el 2012 por la presidenta Dilma Rousseff, tiene el objetivo de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en ese periodo.
Su trabajo estaba previsto para terminar en el 2013, pero debido a la necesidad de contar con más tiempo para la recopilación de evidencias, las labores se extenderán hasta finales de este año.
Rousseff, quien fue retenida y torturada en su juventud, recordó la necesidad de que se esclarezcan los abusos registrados con los Gobiernos de facto de entonces. En su cuenta en la red social Twitter, la mandataria comentó que “las cicatrices pueden ser soportadas y superadas, porque hoy tenemos una democracia social y podemos contar nuestra historia”.
En la madrugada del 31 de marzo de 1964, tropas comandadas por el general Olimpio Mourao Filho iniciaron una marcha desde el estado de Minas Gerais a Río de Janeiro con el objetivo de derrocar al gobierno constitucional de Joao Goulart.
La operación terminó un día después con la salida de la nación de Goulart. Su objetivo era acabar con toda una corriente de cambios políticos y económicos iniciados en el gigante suramericano.
Allí empezaba el golpe que —con el apoyo de sectores de la sociedad civil, de empresarios y de los Estados Unidos— instaló una dictadura militar que se prolongó por 21 años, dejó miles de muertos y desaparecidos políticos e inauguró una ola autoritaria que se extendió a casi toda Sudamérica.
Una transcripción suministrada por la Biblioteca Kennedy al periodista brasileño Elio Gaspari, da fe de que la ausencia total de resistencia hizo innecesario el apoyo militar de Washington, una posibilidad que llegó a ser mencionada en octubre de 1963, en un diálogo sostenido por el entonces embajador estadounidense en Brasil, Lincoln Gordon, con el presidente John Kennedy.
La Casa Blanca siempre negó la existencia de cualquier plan de apoyo militar a los golpistas de Brasil, pero su reacción al golpe fue claramente positiva: el 2 de abril, horas después de que Goulart se marchara al exilio, el sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson, reconoció al nuevo Gobierno.
A lo largo de las dos décadas siguientes, Brasil vivió el más largo periodo autoritario de su historia republicana, con la suspensión de los derechos políticos de líderes considerados como opositores, censura a la prensa, masivos arrestos de adversarios políticos, torturas y asesinatos.
El teólogo y escritor brasileño Frei Betto destacó la necesidad de que las generaciones más jóvenes conozcan lo ocurrido en esos 21 años de dictadura, las torturas y violaciones registradas y las tragedias de miles de familias.
Puntualizó, según PL, que Brasil avanzó en los sectores económicos y sociales con el gobierno del Partido de los Trabajadores, pero, los archivos de la dictadura en posesión de las Fuerzas Armadas permanecen cerrados para la Comisión de la Verdad.
Betto, quien fue preso en dos ocasiones durante esos 21 años, señaló que los militares dejaron el poder debido a la presión política, provocada por las movilizaciones de movimientos sociales, de gremios, políticos y asociaciones de sectores sociales.
El escritor rememoró que hasta la iglesia católica apoyó la asonada golpista, pero después la condenó, debido a las desapariciones y muertes de fieles.
La CNV podrá sacar a la luz pública los crímenes y atrocidades cometidas por las fuerzas castrenses, pero no tiene facultad para enjuiciar a ningún represor, pues la Ley de Amnistía de 1979 prohíbe abrir procesos contra los autores de crímenes contra la humanidad.(SE)
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