El nuevo ciclo de Chile

Están las condiciones económicas, sociales y políticas, ahora es el momento Chile, dijo Michelle Bachelet la noche que ganó las elecciones presidenciales y anunciaba así su deseo de trabajar por la construcción de un país más inclusivo, reduciendo la brecha entre ricos y pobres.

La primera mujer que ha presidido Chile dos veces se juramentó el pasado 11 de marzo para un periodo de cuatro años en los cuales tiene previsto gobernar desde la visión de una nación que ha cambiado su fisonomía y que, a su juicio, demanda mayor calidad de vida, la urgencia de enfrentar la de-sigualdad, y reacomodarse ante la nueva etapa de relaciones con sus vecinos. Para sus primeros 100 días, la mandataria planteó 50 medidas que trazan el camino para tres proyectos que pretenden terminar con el único adversario que tiene Chile, según Bachelet: la desigualdad social.

Aunque en su campaña prometió reformar la Constitución vigente, que data de los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, un día después de asumir, reconoció que enviar al Congreso el proyecto de una nueva Carta Magna no entraba en los planes de sus primeros 100 días de gobierno.

En ese sentido, explicó que su objetivo es que se discuta “no solamente entre las élites, porque eso sería muy fácil, unir a las élites pensantes y escribir una nueva Constitución”, sino que exista un proceso “democrático, participativo y legítimo”. Por lo que sostuvo que el asunto no está en el hecho de mandar un proyecto pensado por “personas geniales”, sino de establecer un proceso en el cual la ciudadanía pueda señalar sus prioridades. Una nueva Constitución incluiría otro sistema electoral y la restitución de la mayoría absoluta para modificar leyes importantes.

El programa de gobierno de Bachelet, calificado por ella misma como de “nuevo ciclo”, aspira además a una reforma profunda en la educación y otra al sistema tributario, para financiar la primera.

Lo que pretende la pediatra chilena es reposicionar la educación pública, garantizar la calidad en la misma y avanzar “decididamente hacia la gratuidad”, incluyendo el fin al lucro en ese sector. De esta forma, se reemplazaría el sistema vigente que privilegia el mercado y a la empresa privada.

Varios analistas coinciden en que la reforma va mucho más allá de los cambios que propuso en el 2006 en su primer mandato, cuando creó una comisión para enfrentar la denominada “revolución de los pingüinos”, estallido de protestas de los estudiantes secundarios. A su regreso a La Moneda dijo que estaba consciente de la “obligatoriedad y urgencia de hacer reformas más profundas y estructurales a la educación chilena” y que ello ahora le parecía “verdaderamente posible”.

Visualizar el cambio requiere de mayor gasto público, por lo que la reforma educativa va emparejada de un aumento en los ingresos, eje central de la reforma tributaria. Como primer paso para ambos proyectos, Bachelet anunció al frente de la cartera de Educación a Nicolás Eyzaguirre, exministro de Hacienda y ex alto ejecutivo del FMI.

La presidenta cuenta con los votos suficientes para una reforma tributaria, pero requerirá de otros apoyos para una transformación educativa y muchos más para avanzar en cualquier cambio constitucional. El nuevo Congreso chileno, que también asumió el martes pasado sus funciones, tendrá una composición favorable a la presidenta electa: su bloque de Nueva Mayoría cuenta con 67 diputados, de un total de 120, y 21 senadores de 38. La bancada de derecha quedó con 49 diputados y 15 senadores. Cuatro diputados y dos senadores son independientes.

POLÍTICA EXTERIOR

Todo parece indicar que Bachelet continuará la proyección internacional de su primer mandato (2006-2010), caracterizado por el diálogo entre los países de América Latina y el Caribe.

Un aspecto esencial en esta segunda administración es la atención que recoge la reanudación de las conversaciones sobre el diferendo territorial entre Bolivia-Chile, que no prosperó durante el gobierno del derechista Sebastián Piñera.

“Creemos que hay muchos temas que esperamos avanzar con la hermana República de Bolivia”, dijo Bachelet en su toma de posesión, a la cual asistió el presidente Evo Morales. Ello fue visto como un gesto de disposición a abrir una nueva puerta que permita a ambos países reacomodar sus posiciones sobre la histórica demanda boliviana de una salida al mar.

La propia Bachelet descartó, al menos por el momento, la posibilidad de que Chile abandone el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá de 1948, el cual exige a los firmantes resolver sus controversias por la vía pacífica y con competencia de la Corte Internacional de Justicia. Esta sugerencia se manejó durante la anterior administración tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el diferendo marítimo con Perú.

Ello es indispensable para que ambos países aborden sus diferencias en el marco del derecho internacional, ya que si Chile se saliera del mismo, no estaría obligado a acatar la demanda interpuesta por Bolivia en el 2011. “Es un tema que hay que discutir con tranquilidad, con seriedad, con frialdad, y evaluar los pro y los contra”, dijo Bachelet al respecto.

El nuevo canciller chileno, Heraldo Muñoz, expresó por su parte que con el nuevo gobierno “la política exterior de Chile va a ser proactiva”, prestando especial atención a la recomposición de los lazos regionales, en particular con su vecino Brasil; y lograr vínculos normales con Venezuela. De momento, la jefa de Estado ya adelantó que enfocará su trabajo con la Alianza Pacífico en el tema comercial con Asia, y que mantendrá la voluntad de consolidar los lazos con la CELAC, UNASUR y el MERCOSUR.

La experiencia política de Michelle Bachelet es su mejor arma para enfrentarse a un país que, por un lado demanda una reforma profunda del modelo político, económico y social; y por otro, no quiere hacer cambios dramáticos a un sistema bajo el cual mantuvo un ritmo de crecimiento económico sin precedentes.