Referéndum suizo abre camino de duda

La inmigración vuelve a ser noticia en Europa. El protagonista ahora es Suiza, que aprobó recientemente una propuesta que limita la libre circulación de personas y abre una nueva era en las relaciones entre la nación helvética y la Unión Europea (UE).

Si bien Suiza no forma parte de la UE, sí ha adoptado gran parte de sus políticas y mantiene varios acuerdos con el bloque. Igualmente, la UE es el principal socio comercial de la nación. Sin embargo, el país alpino ha resuelto, en más de una ocasión, no formar parte del grupo de los 28.
En esta ocasión, Suiza tensa los hilos de las relacioens al invalidar uno de sus acuerdos principales. Sus ciudadanos decidieron en un referendo efectuado a comienzos de frebrero reinstaurar un sistema de cuotas para los trabajadores europeos. De esa manera se pone freno a la libre circulación de personas aprobada entre ambos territorios en el año 2002.
Las cifras oficiales muestran que alrededor de un millón de europeos trabajan en la nación suiza, y otros 230 mil cruzan la frontera diariamente para emplearse. Además, cada año llegan a la región cerca de 80 mil ciudadanos en busca de trabajo, la mayoría procedentes del Viejo Continente.
Para Suiza, las ventajas de la libre circulación de personas se traducen en la fortaleza de su economía proveniente de los extranjeros que representan el 23 % en un país de 8 millones de habitantes.
Desde el punto de vista de los empresarios, el acuerdo con la UE tuvo un impacto positivo en el mercado laboral puesto que las empresas demandan gran cantidad de mano de obra capacitada del exterior. Más de la mitad de los extranjeros en Suiza tienen un título universitario.
La propuesta realizada por el partido de derecha Unión Democrática de Centro bajo el lema "Contra la migración en masa" fue aprobada por un 50,3%. El sí de la consulta popular, además de imponer cuotas, valida restricciones al derecho de reagrupación familiar de los extranjeros y el acceso a los servicios sociales. Asimismo, las empresas tendrán que darles prioridad a los suizos a la hora de contratar personal.
Los defensores de la campaña alegaron que los trabajadores procedentes de la UE son, en ocasiones, un obstáculo para los trabajadores suizos, del mismo modo que otras naciones europeas culpan a la inmigración de problemas como la subida de los precios, los bajos salarios y la presión para los sistemas de salud y educación.
La UE sostiene que el referéndum suizo incumple con el acuerdo de libre circulación y perjudicará por tanto a todos los pactos sectoriales entre los dos bloques, que superan el centenar.
Este acuerdo de libre circulación firmado en 1999, incluye una "cláusula-guillotina" que obligará a suspender otros seis acuerdos entre la UE y Suiza, principalmente en el dominio del transporte, mercados públicos y agricultura.
En este contexto, la portavoz de la Comisión Europea, Pia Ahrenkilde, aclaró que "la libre circulación de personas es un valor sagrado de la UE". Al ponerlo en cuestión, los suizos obligan al club comunitario a "dimensionar las consecuencias que esto provocará sobre el conjunto de nuestras relaciones con Suiza".
La primera reacción concretada es la interrupción de las conversaciones sobre un acuerdo eléctrico que favorecía a la nación helvética. Otra medida sería la suspensión de las conversaciones sobre la integración de los suizos en los nuevos programas de investigación y de educación de la UE.
Finalmente, el presidente del Gobierno y ministro de Exteriores suizo, Didier Burkhalter, en un comunicado explicó que la relación con la UE tendrá que modificarse. Ahora el gobierno suizo debe plantearse si los acuerdos existentes se mantienen, se revisan o se anulan. En este sentido, al igual que el grupo de los 28, Suiza también puede suspenderlos, pero "no hay ninguna voluntad política en este sentido", aseguró.
En días pasados, el secretario de Estado suizo de Asuntos Exteriores, Yves Rossier, sostuvo un encuentro con el responsable del Servicio de Acción Exterior de la UE, David O’Sullivan, para abordar las consecuencias del referéndum aprobado en Suiza.
Rossier explicó que la nueva legislación tardará al menos dos años en ponerse en práctica y el gobierno suizo pretende aprovechar este tiempo para negociar con Bruselas la vigencia del resto de los acuerdos existentes y el futuro de las relaciones entre la UE y Suiza.