En una carta de fecha 2 de febrero de 1990 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el representante de Cuba pedía que se convocara una reunión del Consejo para examinar el “hostigamiento y ataque armado perpetrado por una nave del Servicio de Guardacostas del Gobierno de Estados Unidos de américa contra un buque mercante cubano en aguas del Golfo de México”.
Cuba argumentaba que esa acción constituía no sólo una violación del derecho internacional sino también un acto de piratería que ponía en peligro la paz y la seguridad internacionales.
En una carta de fecha 3 de febrero de 1990 dirigida al Secretario General, el representante de Cuba remitió los textos de las dos notas de fechas 31 de mayo y 1 de febrero de 1990, dirigidas a la Sección de Intereses de los Estados Unidos, en la embajada de Suiza en La Habana, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Este país protestaba contra las “acciones ilegales” del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, uno de cuyos barcos había disparado contra el buque mercante Herman y había intentado hundirlo a primeras horas del 31 de enero cuando éste, arrendado por una empresa cubana y tripulado por cubanos, navegaba en aguas internacionales procedentes de Cuba con dirección a México.
Señalaba que el gobierno de Cuba había respaldado la decisión del capitán y la tripulación del Herman de resistir los “intentos de abordaje pirata” del Servicio de Guardacostas. Además, Cuba rechazaba las explicaciones dadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de que el intento de abordaje y el posterior ataque formaron parte de una operación de lucha contra el tráfico de drogas. Por lo tanto condenaba el ataque como una violación de la libertad de navegación en aguas internacionales y de los derechos humanos de sus ciudadanos, cuyas vidas habían puesto en peligro, Cuba exigía que los Estados Unidos pusieran fin a dichos actos de provocación y agresión y repararan totalmente los daños causados.
En una carta de fecha 3 de febrero de 1990 dirigida al Secretario General, el representante de Estados Unidos proporcionó el relato detallado de su Gobierno del incidente ocurrido el 31 de enero. Las autoridades del Servicio de Guardacostas habían pedido permiso para abordar e inspeccionar el Herman, ya que tenían motivos para sospechar que llevaba a bordo estupefacientes u otros artículos de contrabando.
Cuando el capitán denegó el permiso, los Estados Unidos pidieron y recibieron permiso del Estado del pabellón, Panamá, para detener e inspeccionar el buque. El barco del Servicio de Guardacostas recurrió a la fuerzaen forma autorizada y apropiada, y solo después de que el capitán siguiera rehusando detenerse y tras agotar todos los medios internacionalmente reconocidos para detener al Herman.
La actividad llevada a cabo por Estados Unidos se había ajustado plenamente al derecho marítimo internacional y a losprocedimientos vigentes al respecto, En la carta se hacía hincapié en que el Consejo de Seguridad no debía gastar su valioso tiempo examinando esa cuestión, que “de ninguna manera” entrañaba “una amenaza a la paz y la seguridad internacionales”
En una carta de fecha 5 de febrero de 1990, dirigida al Secretario General, el representante de Panamá confirmó que el barco en cuestión enarbolaba el pabellón de su país y que el Gobierno de Panamá había concedido el permiso expreso a las autoridades de Estados Unidos para que lo abordaran e inspeccionaran. Panamá aceptaba que, en esos casos, se podían e incluso se debían, adoptar todas las medidas necesarias, incluido el uso de fuerza.
En su 2907ª sesión, celebrada el 9 de febrero de 1990, el Consejo incluyó en su orden del día la carta del representante de Cuba de 2 de febrero de 1990. Tras la aprobación del orden del día, el Presidente Ricardo Alarcón de (Cuba) señaló a la atención de los miembros del Consejo las comunicaciones mencionadas en relación con este asunto de los representantes de Cuba y de los Estados Unidos, de fecha 3 de febrero de 1990. Antes de tratar el tema, el Presidente decidió ejercer sus facultades discrecionales en virtud del artículo 20 del reglamento provisional del Consejo y dejar la Presidencia durante el debate del tema, ya que se refería a un asunto que afectaba directamente a su país. Así pues, cedió la Presidencia al representante de la República del Yemen.
El representante de Cuba (Ricardo Alarcón) ofreció una relación detallada de la operación realizada contra el buque mercante Herman que, según dijo, había tenido lugar en aguas internacionales, a cientos de millas del territorio de los Estados Unidos. Rechazó el argumento de los Estados Un idos de que el Gobierno de Cuba era responsable del incidente y afirmó que estaba justificado el rechazo de Cuba a permitir que el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos inspeccionara al Herman. No aceptó que las autoridades panameñas hubieran autorizado la conducta de los Estados Unidos y criticó el recurso selectivo a una convención sobre estupefacientes que aún no había entrado en vigor. Sostuvo que los Estados Unidos habían violado abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Alta Mar de 1958 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y había ignorado las declaraciones y resoluciones de la Asamblea General relativa a la coexistencia pacífica entre los Estados. Además, habían cometido delitos de piratería y terrorismo de Estado. Por último, el orador denunció que el incidente formaba parte dd la política de los Estados Unidos de injerencia y agresión en una región del mundo a la que pretendía seguir tratando como si fuera su propio espacio. Es política representaba una clara amenaza a la paz y la seguridad internacionales; en consecuencia, el Consejo debía adoptar las decisiones necesarias para ponerle fin.
El representante de los Estados Unidos dijo que su Gobierno se oponía firmemente a que un caso rutinario de prohibición de drogas mereciera ser examinado por el Consejo de Seguridad. Este tipo de operación era habitual, frecuente y un componente esencial de la lucha contra los traficantes internacionales de drogas. En opinión de su Gobierno, era Cuba quien había violado el derecho internacional al interferir con los derechos y las obligaciones del Estado del pabellón y ordenar a una tripulación cubana oponerse a la inspección lícita. Por otro lado, las medidas adoptadas por los Estados Unidos habían contado con la autorización del Estado del pabellón y se ajustaban al derecho internacional consuetudinario y la práctica habitual, tal como se recogía en distintos tratados. Su Gobierno no veía ninguna razón para que el Consejo examinara esa cuestión rutinaria de aplicación de la ley, que en modo alguno amenazaba la paz y la seguridad internacionales.
El representante de Cuba formuló una nueva declaración en la que reiteró varios de sus argumentos anteriores. A continuación el Presidente dijo que la siguiente reunión del Consejo para continuar examinando ese tema se fijará en consulta con los miembros del Consejo.
Fuente:
Temas relacionados con Cuba, actuaciones iniciales.
Repertorio de la Práctica del Consejo de Seguridad: suplemento 1989-1992, pag.291, 292
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