Cuantiosas pérdidas económicas en los sectores azucarero y agropecuario

Susana Lee y Alexis Schlachter

Si no fueran pocas, contundentes e irrefutables las evidencias de más de 40 años de política criminal de los Estados Unidos contra Cuba, mostradas en las siete jornadas precedentes de la práctica de pruebas correspondiente a la Demanda de nuestro pueblo, los elementos y testimonios ofrecidos en la de ayer por los daños y perjuicios causados a la agroindustria azucarera, la agricultura y los recursos hidráulicos, bastarían para sustentar cualquier acusación.

Tal fue el resultado de la presentación de dos dictámenes periciales y las declaraciones de 14 testigos en las que quedó demostrado el carácter genocida de las agresiones de que hemos sido víctimas en estos vitales sectores para la economía cubana y la alimentación de la población, avalado todo por los informes de oficiales de la Seguridad del Estado que investigaron muchos de los sabotajes realizados, frustraron otros y descubrieron redes de organizaciones contrarrevolucionarias, agentes y colaboradores encargados de ejecutar los tenebrosos planes organizados y financiados por la CIA.

Manuel Gutiérrez testificó
acerca de sabotajes perpetrados
por agentes de la CIA
en la región central
contra obras hidráulicas
y el plan arrocero Sur del Jíbaro.

Impactante resultó la cifra ofrecida por peritos del MINAZ sobre el monto de las pérdidas totales en la agroindustria azucarera: nada menos que 11 129 millones de dólares.

En el informe expuesto por los especialistas Andrés Sarasola, Gerson Fernández y Juan Antonio Godefoy se determinó por este concepto una extensa lista de afectaciones que incluyó, entre otros: quema de cañaverales, destrucción de almacenes de azúcar, daños directos a fábricas, introducción de enfermedades como la Roya en grandes extensiones de caña, así como gastos ocasionados por movilizaciones imprescindibles hacia las plantaciones.

Otro elemento clave es el hecho de que en el momento de la nacionalización de la industria azucarera existía una dependencia tecnológica manifiesta respecto a los EE.UU., pues el ciento por ciento de sus instalaciones y maquinarias era de factura norteamericana; aquí el bloqueo hizo un daño considerable al tener que buscar alternativas, no siempre las mejores desde el punto de vista técnico, pues los entonces países socialistas carecían de experiencia en esta rama industrial.

Las acciones realizadas por agentes de la CIA en una red que operó entre 1961 y 1968 en las provincias centrales fueron explicadas por el testigo José Israel García.

Del monto total de pérdidas, las ocasionadas directamente a la industria se elevaron a 2 881,9 millones de dólares, el decrecimiento del volumen de producción en las zafras de 1962 al 64 y de 1993 al 98 equivalió a 1 292,6 millones, mientras los varios daños a la agricultura cañera fueron de 3 786,4 millones.

Por su parte, el testigo Alfredo Menéndez Cruz recordó que en la etapa de 1921-34 y para competir por el mercado norteamericano con productores extranjeros que no pagaban derechos aduanales, los propietarios cubanos del dulce redujeron salarios, desactivaron 30 centrales y redujeron días de zafra con los consiguientes miseria y hambre para el pueblo cubano.

Hizo también referencia a la introducción de la Roya de la caña como agresión biológica directa, que significó la desestabilización durante varios años de la producción cañera y pérdidas superiores a los 1 100 millones de dólares.

El resto de los testigos convocados a declarar acerca de las agresiones a este sector, testimonió acerca de sabotajes en centrales y almacenes de azúcar.

En tanto, el informe presentado por los peritos del Ministerio de la Agricultura, Eduardo Chao, Gonzalo D. Reyes y Orlando Jordán, refiere que en el caso de este organismo las agresiones han estado dirigidas con marcado interés a los programas avícola y porcino, almacenes de insumos fundamentales para las producciones destinadas a la exportación, como el tabaco, instalaciones y equipos, registrándose 34 sabotajes y ataques entre 1960 y 1980, cuyos daños fueron tasados a precios de la época en 4,2 millones de dólares.

Entre las instalaciones destruidas o dañadas figuran 195 naves de pollos, 9 de cerdos, 4 almacenes de fertilizantes y 2 de pienso y 4 casas de tabaco, así como pérdidas de 245 200 pollos de ceba, 91 000 pollitos de un día, 8 180 toneladas de fertilizantes, 30 de plaguicidas, 94 de pienso y 997 de granos.

Al igual que en el sector azucarero, en el agropecuario la dependencia de los EE.UU. en su equipamiento y maquinaria era total, lo que obligó a sustituir miles de equipos e implementos al cortarse bruscamente el suministro de piezas de repuesto y accesorios, provocando daños estimados en 110 millones de dólares y perjuicios por otros 12 millones derivados del cambio tecnológico de los medios empleados para su mantenimiento y reparación.

En total, concluye este dictamen, la afectación económica al sector ha sido calculada en 3 343,4 millones de dólares, incluidos más de 2 100 millones como resultado del incremento del costo de los fletes de productos, insumos y equipos importados por la extensión de la distancia de las fuentes suministradoras.

Sobre la destrucción por incendios de varias granjas avícolas declararon varios de sus entonces trabajadores y cerraron la sesión los testigos Rigoberto Alonso, José Israel García y Manuel Gutiérrez, oficiales de la Seguridad del Estado, que tuvieron a su cargo investigaciones relacionadas con la acción enemiga.

Los dos últimos informaron, además, los nexos de la CIA en los planes fraguados para sabotear proyectos, obras en ejecución y estudios de recursos hídricos en Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus, en los que fueron utilizados bandas y organizaciones contrarrevolucionarias, así como funcionarios de Recursos Hidráulicos en la región, reclutados por la CIA, quienes, escudados en sus cargos, falsearon datos, alteraron informaciones técnicas y emitieron orientaciones contrarias a lo requerido, con lo cual propiciaron, valiéndose de los más sinuosos ardides, demoras y errores graves en la construcción de presas, micropresas, sistemas de riego y obras de acueducto, daños a la flora, la fauna y el medio ambiente e introducción de plagas en el cultivo del arroz en las plantaciones del Sur del Jíbaro.

Para hoy está anunciada la presentación de pruebas sobre las consecuencias de la política de los EE.UU. en el sistema nacional de salud y en la defensa del país.

(Publicado 9/3/2000)