|
(10 de junio de 2005) Luces del cambio, el optimismo de un luchador maduro MARÍA JULIA MAYORAL
Es la visión de Hugo Cores, secretario general del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y fundador del Frente Amplio en esa nación sudamericana, quien asistió al reciente encuentro internacional Contra el terrorismo, por la verdad y la justicia, celebrado en La Habana. "Desde el primero de marzo del 2005, hace apenas unos 90 días, tenemos un Gobierno de Izquierda; por primera vez en 30 años hay un Presidente de la República —el doctor Tabaré Vázquez— que autoriza la entrada de antropólogos forenses en los cuarteles militares; es decir, de especialistas en descubrir cuerpos ocultos de forma criminal." Terminada la dictadura, el terrorismo de Estado en Uruguay siguió perpetuado en el pensamiento de sectores pudientes de las clases conservadoras, en la plutocracia militar y en los dueños de casi la totalidad de los medios de comunicación masiva asociados al poder económico oligárquico, sostiene el profesor y periodista. Esa componenda, aprecia, se ha expresado en el silenciamiento de las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, en la reivindicación por parte de los militares del golpe de Estado de 1973 y de las atrocidades cometidas durante la dictadura, al presentarse tales hechos como "actos de defensa a la Patria frente la subversión marxista". Ha habido, explica, una compleja trama de complicidades, articulada dentro de los partidos de la burguesía, con proyecciones "académicas", en el aparato estatal y sobre una gran parte de la población que siguió experimentando temor, pues la impunidad prosiguió aunque formalmente el país había pasado a la democracia. "En términos de la vida cotidiana, esto quiere decir que mucha gente mantuvo el miedo a organizarse, ya sea política o sindicalmente, e incluso para emprender proyectos culturales". TESTIGOS Que terrenos de las unidades militares están colmados de cadáveres no es secreto para nadie en Uruguay. "Hay testimonios de soldados y de otros miembros de las tropas, quienes hicieron las denuncias hace más de 20 años, entre 1984 y 1985, al finalizar la dictadura; pero fueron ignoradas debido al sistema de complicidades dentro del poder judicial". Hasta el momento, advierte el secretario general del PVP, no hay un solo militar uruguayo preso por esos crímenes. "Necesitamos quebrar el escepticismo, el sortilegio de la impunidad; cuando se haga justicia contra el primero de esos asesinos, habrá muchas más personas dispuestas a declarar sobre los actos de terror cometidos entre 1973 y 1976. Sería una gran victoria, asegura, que los criminales comparezcan ante los tribunales, como antesala del castigo legítimo y del reconocimiento de la verdad en voz de ellos mismos; sin traumas ni torturas, defendidos por abogados y con plenas garantías procesales. "Lo que está en juego es la salud sicológica y moral de todo un pueblo, la dignidad de la nación." MANIOBRA DE CÓNDORES Tras no poco esfuerzo un juez ordenó captura y prisión para el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco por su responsabilidad en la desaparición forzosa de la maestra y luchadora revolucionaria Elena Quinteros, a quien los militares sacaron a la fuerza de la embajada de Venezuela en Montevideo, donde le habían ofrecido refugio político. Sin embargo, el representante de la dictadura fue puesto en libertad condicional como resultado de una maniobra judicial, ilustra Hugo Cores. Pero ese, advierte, no es el único proceso legal contra los asesinos que ha sido obstaculizado por las presiones de gobiernos "democráticos" en Uruguay. En este país las huellas de la Operación Cóndor rebasaron los años 1970. "No es casual que en 1992 secuestraran y asesinaran en Montevideo al chileno Eugenio Berríos: ingeniero químico, típico criminal al estilo nazi, fabricante de gas sarín usado en la represión popular y auxiliar de la DINA (inteligencia chilena) en los tiempos de Pinochet. Lo sacaron de su `escondite' en Uruguay y lo liquidaron porque sabía innumerables secretos y, como drogadicto empedernido, fuera de control, era un peligro para sus jefes cóndores". LUCES QUE SE ENCIENDEN En estos momentos, explica el secretario general del PVP, hay dos importantes procesos judiciales en curso contra reconocidos criminales representantes de la Derecha en Uruguay. Uno contra el ex presidente Juan María Bordaberry, acusado de ser coautor de los hechos que condujeron al asesinato de los senadores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruíz, el 20 de mayo de 1976, en Buenos Aires. Y el otro, contra Juan Carlos Blanco, por la desaparición forzosa de la maestra Elena Quinteros. Un futuro mejor para la nación uruguaya es posible; pero se requiere una gran unidad política del pueblo y que no le tiemble la mano al poder judicial a la hora de impartir justicia, opina el fundador del Frente Amplio, quien valora la posición de muchos jóvenes: "Están descubriendo para sí la historia del terrorismo de Estado". |
Blancos
de la represión, los cuerpos sin vida de incontables uruguayos
permanecen ocultos en los predios de unidades militares convertidas en
cementerios clandestinos durante la dictadura; pero frente a la
impunidad enraizada empiezan a fulgurar luces de justicia.