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2 de junio del 2005 El proceso contra los terroristas sigue abierto en Panamá LOURDES PÉREZ NAVARRO En Panamá el proceso contra los terroristas Luis Posada Carriles, Pedro Crispín Remón Rodríguez, Guillermo Novo Sampoll y Gaspar Jiménez Escobedo, no está cerrado. El caso sigue abierto ante los tribunales, y las personas que participaron en la evasión de estos criminales van a ser procesadas y condenadas, aseguró a Granma el licenciado en Derecho y Ciencias Políticas Julio Berríos Herrera, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Panamá e integrante del equipo de abogados que presentó querella por los delitos cometidos por estos delincuentes de origen cubano en territorio panameño.
Por la comisión de dos delitos (posesión de explosivos y falsedad de documentos) —rememora Berríos— fueron condenados a ocho años de privación de libertad Posada Carriles y Jiménez Escobedo, y a siete años Crispín Remón y Novo Sampoll. Los cuatro pretendían volar el Paraninfo de la Universidad de Panamá, con más de 5 000 personas en su interior, para asesinar al Presidente Fidel Castro, que asistía en Panamá a la Cumbre Iberoamericana. "Nosotros impugnamos la sentencia condenatoria, dado que el juez no tomó en cuenta dos delitos adicionales: asociación ilícita para cometer delitos y la utilización de armas de guerra que pueden ocasionar peligro común a la sociedad, pues transportaron explosivos en un vehículo por calles céntricas de Panamá. "En esa etapa del proceso legal, el 26 de agosto del 2004 la señora presidenta Mireya Moscoso los indultó, en franca violación de la Constitución Nacional, que solo permite esa gracia a delincuentes de tipo político y para rebajar la pena o cambiarle la medida de libertad vigilada a los condenados cuando han cumplido una parte de la sanción. Estos `señores' no calificaban para el indulto, son delincuentes comunes, y es sabido que sus conductas están vinculadas al terrorismo." Por ello, precisa el destacado jurista, quienes intervinieron en la liberación de estos criminales cometieron a su vez delitos por los que están siendo procesados en estos momentos. La Fiscalía Tercera Anticorrupción panameña, asegura, ha solicitado el llamamiento a juicio del director de la Policía Nacional, de un oficial de la Fuerza Pública que participó en el operativo, del Ministro del Interior, y del subdirector de Emigración. Tendrán que sentarse próximamente en el banquillo de los acusados, pues ejecutaron el indulto presidencial que aún no tenía firmeza. Sin embargo, de esto queda exonerada Mireya Moscoso. Nuestra Constitución, explica el abogado, establece que los presidentes no son responsables por los actos que toman, sino el ministro del ramo que refrenda la decisión presidencial; por eso escapa del procesamiento penal, pero moralmente está condenada por la opinión pública. "En cuanto salió publicado el decreto que estableció el indulto, relata, interpusimos dos acciones en su contra: un amparo de garantías constitucionales para suspender los efectos de inmediato, mientras se decidía la legitimidad de la decisión presidencial, y una advertencia de inconstitucionalidad, que actualmente se ventila en la Corte Suprema de Justicia. Solo depende de que un magistrado lea el fallo para que pueda darse a conocer públicamente su contenido, pero tenemos conocimiento de que declara la inconstitucionalidad del decreto. "Esto nos permitirá solicitar la continuidad del proceso de apelación y que se dicte la sentencia con aumento de la pena para los terroristas, la que deberá cumplirse en Panamá. Tenemos un acuerdo de extradición con los Estados Unidos desde 1904 que hasta el momento ha sido cumplido, aunque en ninguno de los casos han estado involucradas personas patrocinadas por el Gobierno estadounidense o mezcladas en actos terroristas contra gobiernos que no le simpatizan al imperio. De violar este acuerdo, al Gobierno panameño no le quedará otra alternativa que hacer uso de los mecanismos que el Derecho Internacional establece para tales situaciones." Será una prueba de fuego para los EE.UU. cumplir en esta oportunidad sus compromisos internacionales frente a nuestro país, tal como nosotros los hemos cumplido hasta el presente, subraya Berríos. NEGAR LA EXTRADICIÓN NO SIGNIFICA IMPUNIDAD La actitud de los Estados Unidos al no acceder a la solicitud de extradición de Posada Carriles realizada por la República Bolivariana de Venezuela es, en opinión del jurista panameño, una flagrante violación de las normas del Derecho Internacional. "Aparte de eso, cuando un país niega la extradición no significa que pueda proteger al delincuente; quien la niega tiene que comprometerse a que va a sancionarlo de acuerdo con sus leyes y la naturaleza de los delitos imputados, una vez que obtenga las pruebas del país reclamante. La negación de la extradición no es para producir impunidad. "En estos momentos los EE.UU. procesan a Posada Carriles por violar leyes de inmigración, aún no se han referido a la situación de fondo: sus actividades terroristas. Con esto queda al descubierto la doble moral de su lucha antiterrorista, hacen una distinción entre un terrorismo que consideran malo, el que va contra sus intereses, y otro que no lo es, si participan sus agentes contra los intereses de otros miembros de la comunidad internacional no afines a su política de hegemonía mundial." Pero no pueden engañar a todo el mundo ni hacerlo todo el tiempo, su desplegada "campaña de lucha contra el terrorismo" va quedando desenmascarada frente a la opinión pública internacional, concluye Berríos Herrera. |
Estados Unidos procesa a Posada Carriles por violar leyes de inmigración y no por terrorismo, con lo cual queda al descubierto su doble moral, afirma el profesor Julio Berríos.