A pesar de las reiteradas alertas de Cuba, la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, ha procedido, de manera artera y vergonzosa, a firmar el Decreto 317, de fecha 25 de agosto, mediante el cual se indulta a los cuatro terroristas de origen cubano detenidos, enjuiciados y condenados en Panamá por planificar un atentado contra el Presidente Fidel Castro en noviembre del año 2000.

Este Decreto fue ejecutado en la madrugada de hoy, solo pocas horas después de que nuestro Embajador, el compañero Carlos Zamora Rodríguez, abandonara el territorio panameño luego de ser expulsado por las autoridades de Panamá en el marco de una maniobra destinada a crear las condiciones para la liberación de los terroristas Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez.

Este Decreto confirma la seriedad y veracidad de las denuncias de Cuba, que desde el propio momento en que fueran detenidos el 17 de noviembre del año 2000, ha venido alertando a las autoridades panameñas, tanto públicamente como a través de los canales diplomáticos, sobre las graves consecuencias que tendría para la credibilidad de Panamá el que los terroristas fuesen liberados de una u otra forma. Estas denuncias de Cuba fueron más directas a partir del pasado 14 de agosto, cuando nuestro Gobierno tuvo la certeza, a partir de las precisas y exactas informaciones disponibles, de que los terroristas serían indultados por la Presidenta saliente de Panamá.

Esta última acción de la presidenta Moscoso, en contubernio con el Gobierno de los Estados Unidos y con la mafia terrorista de Miami, a tan solo una semana de concluir su mandato presidencial, es la culminación del proceso de comprometimiento con el terrorismo contra Cuba y de protección de los citados terroristas de origen cubano que se inició el 10 de abril del año 2001, cuando la propia Presidenta de Panamá, mediante las Resoluciones Ejecutivas 58, 59, 60 y 61, rechazó la justa y bien fundamentada solicitud de extradición contra los cuatro terroristas presentada por nuestro Gobierno el 12 de enero del año 2001, cumpliendo todos los requisitos que para tales actos exigen la legislación panameña y los instrumentos internacionales en vigor.

La aceptación de dicha solicitud hubiera permitido que se les juzgara por los crímenes que durante décadas han cometido contra nuestro pueblo, y que tanto luto y sufrimiento han provocado a las familias cubanas.

Vale recordar que, entre otras muchas acciones terroristas, Luis Posada Carriles es el responsable directo de la destrucción en pleno vuelo, en 1976, de un avión de Cubana de Aviación en que perdieron la vida 73 personas; de la campaña con bombas contra hoteles cubanos a finales de la década de 1990, que costara la vida al joven turista italiano Fabio di Celmo; y de múltiples planes de asesinato de nuestro Comandante en Jefe. Posada Carriles es prófugo de la justicia venezolana.

Gaspar Jiménez Escobedo, entre numerosos crímenes, asesinó al técnico pesquero cubano Artañán Díaz Díaz en México, a la par que también participara en la preparación de los atentados con bombas contra hoteles cubanos y en el entrenamiento de los mercenarios que fueran reclutados para tales acciones terroristas. Jiménez Escobedo fue prófugo de la justicia mexicana, tras ser procesado por tráfico de explosivos y drogas.

Guillermo Novo Sampoll, además de ser culpable de la colocación de artefactos explosivos en embajadas de Cuba, en aeronaves y embarcaciones de países que realizan intercambios económicos con Cuba, hasta el punto de que hoy podría ser reclamado por numerosos países fue, al servicio de la DINA chilena del sanguinario dictador Augusto Pinochet, uno de los asesinos de Orlando Letelier, canciller del Gobierno de la Unidad Popular, en un atentado realizado en Washington. Además, Novo Sampoll está involucrado directamente en la preparación de terroristas procedentes del territorio de los Estados Unidos que fueran capturados en Cuba en el año 2001 luego de haber desembarcado en nuestras costas con el objetivo de actuar contra instalaciones civiles y turísticas en nuestro país.

Pedro Remón Rodríguez, fue el asesino, en Nueva York, del diplomático cubano Félix García Rodríguez, el 11 de septiembre de 1980, y del emigrado cubano José Eulalio Negrín, a la par que colocó bombas en la sede de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU a fines de 1979, y atentó contra la vida del Embajador cubano ante las Naciones Unidas pocos meses después.

Esa es la calaña de los terroristas internacionales que acaban de ser indultados por la Presidenta de Panamá, sin tener en cuenta, siquiera, que el proceso judicial que se seguía contra ellos no había concluido. El tribunal panameño que juzgó a los terroristas por la planificación del atentado contra nuestro Comandante en Jefe en el año 2000, condenó a Luis Posada Carriles y Gaspar Jiménez Escobedo a 8 años de privación libertad, y a Pedro Remón y Guillermo Novo Sampoll a 7 años, condenas contra las cuales apelaron los abogados que representan a las organizaciones obreras, estudiantiles e indígenas panameñas, dado que no se corresponden con la gravedad del delito cometido y además por las irregularidades del propio proceso.

La presidenta Moscoso no esperó siquiera a que los tribunales superiores panameños dictaminaran sobre el proceso de apelación, lo que constituye, además de una violación de la legislación panameña, una flagrante falta de respeto al Poder Judicial de su propio país.

Asimismo, como expresa el comunicado emitido en la mañana de hoy por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la República de Panamá al anunciar la firma del Decreto 317 por la presidenta Moscoso mediante el cual indulta a los cuatro terroristas, la Constitución de la República de Panamá, en su Artículo 179, autoriza a "decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a reos de delitos comunes".

¿Es que acaso la presidenta Mireya Moscoso considera que el terrorismo es un "delito político"? Los delitos por los que los terroristas fueron juzgados y condenados por un tribunal panameño, nada tienen que ver con los "delitos políticos". Los cuatro terroristas hoy indultados por la Presidenta de Panamá, no son más que viles delincuentes comunes, terroristas y mercenarios, que al intentar el asesinato del compañero Fidel, habrían también provocado la muerte de centenares de hijos del pueblo panameño.

Por tanto, Cuba reitera que el indulto dictado por la presidenta Moscoso no solo es violatorio de la legislación panameña, sino también de los instrumentos internacionales contra el terrorismo suscritos por la República de Panamá. Constituye una afrenta a las víctimas del terrorismo y a sus familiares, y convierte a la Presidenta de Panamá en cómplice del terrorismo y responsable de la impunidad de los cuatro asesinos.

El Gobierno Revolucionario recuerda que en su nota oficial del día 22 de agosto ya anunciaba que el indulto a los terroristas provocaría la ruptura automática de las relaciones diplomáticas entre los dos países, alerta que fuera reiterada en la nota publicada ayer 25 de agosto.

Por tanto, en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Estado, el Gobierno Revolucionario anuncia que a partir de este minuto, 4:15 p.m., quedan rotas por tiempo indefinido las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la República de Panamá, un Estado que ha demostrado ser incapaz de evitar la monstruosa acción que acaba de realizarse contra el pueblo de Cuba.

La Presidenta de Panamá, cómplice y protectora del terrorismo, cargará con la responsabilidad histórica de esta acción repugnante y traicionera, y será igualmente responsable de los nuevos crímenes que estos execrables asesinos puedan cometer en el futuro.