MARIO ESQUIVEL
CARACAS (PL).- La
política de soberanía petrolera impulsada por el ejecutivo venezolano,
apoyado en reservas cercanas a los 100 mil millones de barriles,
contrasta con las acciones privatizadoras aplicadas por anteriores
gobiernos.
Durante los años 90 del
pasado siglo ganó espacio la modalidad de convenios operativos, los
cuales escondían en la práctica concesiones petroleras bajo el esquema
de contratos de servicios.
Las regulaciones
vigentes en ese momento consideraban la posibilidad de negocios de ese
tipo que ayudaran a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en sus
funciones, sin que ello implicara la adquisición de derechos sobre las
reservas de crudo.
Sin embargo, con esa
concertación PDVSA entregó a terceros las actividades de prospección y
producción, las cuales estaban reservadas por la ley a las empresas del
estado.
La justificación de los
convenios operativos estaba en que con ese paso se garantizaba la
explotación de campos marginales en estado de abandono o inactivos, si
bien en su aplicación se llegó al traspaso de yacimientos productivos.
Unido a ello, los
negocios en la Faja Petrolífera del Orinoco se concertaron tomando en
cuenta la clasificación de bitumen para el crudo extrapesado de esa
zona, lo cual significaba un menor precio a la hora de su
comercialización.
Esa especie de
privatización encubierta se extendió a actividades no esenciales, entre
ellas el transporte de crudo, sistemas informáticos, eléctricos y de
inyección de gas.
La llegada al poder del
presidente Hugo Chávez marcó un viraje en la política del sector,
orientada a partir de ese momento por el camino de la plena soberanía
petrolera.
La esencia de esa acción
responde a la necesidad de llevar los beneficios del oro negro a toda la
población, como respaldo a la ejecución de un amplio espectro de
programas de carácter social.
Por ello, el ejecutivo
impulsó la migración a la figura de empresas mixtas de los antiguos
convenios operativos, bajo el principio de que los yacimientos de
hidrocarburos pertenecen al estado y son bienes del dominio público.
Además, su
funcionamiento ocurre bajo las normativas de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, donde se señala que las actividades de exploración y
producción de petróleo y gas podrían ser realizadas por “empresas donde
tenga el control de sus decisiones, por mantener una participación mayor
del 50 por ciento del capital social”.
Desde el punto de vista
financiero, con esta iniciativa la economía venezolana logró un ahorro
cercano a los 31 mil millones de dólares, los cuales pueden ser
reorientados al financiamiento del desarrollo nacional.
Entre los pasos más
recientes, a inicios de diciembre PDVSA, mediante su filial Corporación
Venezolana de Petróleo (CVP), concretó el proceso legal para la
constitución de las empresas mixtas Petropiar, Petrocedeño, Petrosucre y
Petroparia.
De conjunto con las 21
entidades de ese tipo que ya existen, se alcanza una producción diaria
superior a los 700 mil barriles en asociación con terceros, añadió
PDVSA.
Con estas acciones, la
estatal ratificó su disposición de trabajar con los inversionistas
privados nacionales e internacionales, manteniendo el control accionario
por parte del estado.
Mediante los acuerdos
suscritos, CVP dispone del 70 por ciento de la participación en
Petropiar (antigua Ameriven) y Chevron el 30 por ciento restante.
Mientras, en el caso de
Petrocedeño (antigua Sincor), CVP cuenta con el 60 por ciento, la
francesa Total el 30,32 por ciento y la noruega Statoil el 9,67 por
ciento.
Respecto a Petrosucre
–primer proyecto petrolero costa afuera en el país-, el estado tendrá el
76 por ciento de las acciones, en tanto la italiana ENI dispondrá del 24
por ciento.
En Petroparia, antiguo
Golfo de Paria Este, CVP quedó con el 60 por ciento, Sinopec el 32 por
ciento e Ine Paria con una participación del ocho por ciento.
Dichos acuerdos se
consolidan, luego que representantes de PDVSA y los socios de las
empresas petroleras internacionales transitaran por un proceso de
negociación que comenzó por la toma del control de las operaciones en la
Faja.
Este paso estuvo
acompañado de la absorción del personal técnico, obrero y administrativo
de los extintos negocios de Asociación y Exploración a Riesgo y
Ganancias Compartidas.
Unido a ello, PDVSA
trabaja para disponer en el país de capacidades de producción de una
parte importante de los equipos e insumos que requiere en sus
operaciones, entre ellos taladros petroleros, bombas sumergibles y
tuberías sin costura.
De esa forma, Venezuela
garantiza un empleo justo a los multimillonarios ingresos procedentes de
la comercialización de petróleo, con un precio racional para los
hidrocarburos nacionales y al mismo tiempo sustenta iniciativas
solidarias como la de PETROCARIBE.
