(8 de marzo de 2004)

Todo parecía estar preparado para hacerse presente en la escena.

En el Palacio de Conferencias de Bagdad se había dispuesto una mesa que perteneció al Rey Faisal I de Iraq y sobre ella las 25 plumas con las que debía firmar la nueva Constitución igual número de miembros del Consejo de Gobierno impuesto por Estados Unidos.

Un poco adelantados a los acontecimientos, tanto en la Casa Blanca como en Londres, se aplaudió el hecho y hasta se dijo que "había llegado un momento histórico para Iraq".

Antes, había concluido una jornada larga y fatigosa en busca del consenso para la rúbrica.

Pero a última hora, los representantes chiítas dentro del Gobierno implantado por Washington, objetaron algunos puntos del documento, principalmente una cláusula que permite a las minorías (kurdos y sunitas) vetar la Constitución, y en lo que respecta a la composición del Gobierno, que el proyecto propone tres miembros en la presidencia colegiada y los chiítas exigen cinco, y ellos, por constituir más del 60% de la población iraquí, tener tres representantes.

El propio proyecto impuesto por Estados Unidos le resta supremacía al Islam como religión que profesa la casi totalidad de la población, igualándola con otras minoritarias, y establece privilegios para los kurdos que habitan en provincias del Norte de la nación árabe.

De todas formas la elaboración, y posible aprobación este lunes de esta Constitución provisional, es parte del juego político de Washington en Iraq.

Lo real es que su puesta en práctica exacerbará aún más las diferencias étnicas, caldeará las tensiones —como está ocurriendo—, y solo servirá como instrumento electoral del que George W. Bush piensa sacar provecho en su campaña por otros cuatro años en la Casa Blanca.

La administración republicana y los máximos halcones quieren dar la impresión ante el pueblo de Estados Unidos de que se ejecutan pasos constitucionales para restablecer el orden y la gobernabilidad en Iraq.

En todo caso, más que una Carta Magna para los iraquíes, de lo que se trata es de la Constitución del ocupante, de una carta abierta con la que se quiere dar viso legal a una ocupación prolongada y a la destrucción cultural, religiosa y material de un país que es cuna de civilizaciones.

Tan humillante para la población iraquí resulta este nuevo paso que, incluso, si recibe la firma de los 25 miembros del Gobierno provisional, aún no tendría validez hasta que estampe en ella su rúbrica el administrador yanki, Paul Bremer.

Pero, como se ha manifestado en estos días, hasta dentro de los 25 directivos del Consejo de Gobierno provisional, todos puestos por Washington, hay reticencias sobre el texto, y algunos de ellos recuerdan que lo más importante es la entrega del poder a los iraquíes a través de elecciones directas, algo que, por supuesto, no quiere la Casa Blanca.

El próximo escalón es el del 30 de junio, fecha fijada por los propios estadounidenses para comenzar la supuesta transferencia de poder a los iraquíes.

Para entonces pudieran estar abiertas muchas interrogantes que forman parte de la incertidumbre actual sobre el futuro del país árabe.

¿Habrá verdaderamente entrega de poder?

En cuanto a las elecciones en Iraq, esa "papa caliente" la Administración de Bush se la ha soltado a la ONU —la ignorada y humillada ONU—, pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo serán los comicios, si es que de verdad alguna vez los habrá, y de forma libre y directa, como piden los iraquíes, quienes, mientras tanto, acrecentan cada día la resistencia armada a la ocupación extranjera.