El 29 de junio de 1961, a menos de tres meses de la agresión militar contra Cuba, el gobierno estadounidense de Kennedy ratificaba y ampliaba al de Eisenhower, que desde principios del año había prohibido a sus ciudadanos viajar a la Isla.

Ileana Ros, Mario y Lincoln Díaz-Balart son los campeones del fraude con los fondos del gobierno, para sobornar y corromper a funcionarios.

Algunos pensaron que no sería difícil burlar esa orden. Pero no, la medida no iba a quedar confiada al azar. El Departamento de Estado, al conocer que muchos norteamericanos iban a terceros países para venir a Cuba, establecieron como una violación de la ley viajar a la mayor de las Antillas indirectamente por vía de Centro o Sudamérica y amenazaron con multas de hasta 5 000 dólares o prisión de hasta cinco años, o ambas sanciones, a quienes lo violasen. Era una respuesta a 30 estudiantes de California, que se proponían llegar a La Habana vía México. Amenazaron con detenerlos en la frontera mexicana de persistir en su intento.

No por casualidad ese mismo día 29 se tomaba en Estados Unidos otra medida, también de carácter político y económico. La compañía Harrys & Company procedía a confiscar 20 carros con manteca en West Palm Beach, Florida, adquiridos por el Estado cubano en una operación de compra que ascendía a la suma de 750 000 dólares. La Harrys alegaba que realizaba la reclamación porque el Instituto Nacional de la Industria Turística de Cuba no le había abonado un contrato publicitario. Era por lo menos la tercera confiscación de la Harrys, lo cual hacía pensar que la supuesta deuda era inagotable.

En junio de 1961 el autor de Adiós a las armas fue obligado a abandonar el país sin regreso. Y se incrementaron las presiones del FBI contra él.

Medio siglo después, en junio del 2011, el gobierno de Washington no perdona a Hemingway su desobediencia ante la orden de condenar a Cuba: la administración Obama, aunque accedió a permitir a Susan Wrynn, curadora de la Colección Hemingway de la Fundación John. F. Kennedy y otros tres o cuatro intelectuales viajar a La Habana, aún mantiene las prohibiciones dictadas por Eisenhower.

El Departamento del Tesoro también negó licencias para venir a 14 investigadores norteamericanos que participarían en el Coloquio Ernest Hemingway, efectuado en el Hotel Ambos Mundos donde residió el laureado escritor. Asimismo, limitó la entrada a Cuba de 20 yates de pescadores norteamericanos que pretendían asistir al Torneo Internacional Hemingway de la Pesca de la Aguja, aunque autorizaron a algunos.

La prohibición de viajar a Cuba ha recorrido un camino tortuoso en estos 50 años. Después que el presidente Carter la dejó si efecto, su sucesor, Reagan, la reinsertó. A fines de su mandato, el presidente Clinton concedió licencias para determinados tipos de visitas, con el objetivo confesado de ganar influencia con una política de persona a persona. Pero desde su asunción al gobierno, el presidente Bush volvió a prohibir los viajes y limitó hasta las visitas de cubano-americanos, como parte de un paquete de medidas para complacer a la extrema derecha cubana de Miami, que veía alejarse sus prerrogativas en esa perspectiva.

La controvertida disposición ha propiciado prácticas corruptas en el Congreso de ese país, como el caso de Tom Delay, jefe de la mayoría republicana en la Cámara baja, quien, en unión de legisladores de origen cubano y otros financiados por ellos, impidieron con escabrosas maniobras que se restituyera a los norteamericanos la facultad de viajar a Cuba, aprobada en el año 2000 como resultado de una iniciativa bipartidista. Durante el trámite de ajuste entre los proyectos del Senado y la Cámara, Delay, sencillamente los hizo desaparecer, a instancias de Ileana Ros, Lincoln y Mario Díaz-Balart, miembros del grupo de seguidores del tirano Fulgencio Batista que maneja fondos del gobierno para sobornar y corromper a funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo de Estados Unidos, uno de los más serios problemas del sistema.

A principios de este año 2011, un tribunal de Texas declaró culpable al excongresista Tom Delay en un proceso que se le siguió, ahora por lavado de dinero proveniente de fuentes ilegales, para emplearlo en sobornar legisladores. El influyente político texano había sido obligado a renunciar hace cinco años por utilizar grandes cantidades de efectivo de corporaciones para financiar campañas de siete aspirantes a la Cámara baja en los comicios del 2002.

Un congresista del partido demócrata, William Delahunt, denunció durante el primer mandato del presidente Bush el alegre modo en que se dilapida el dinero asignado por el gobierno de Estados Unidos para contribuir al derrocamiento del gobierno de Fidel Castro, bajo el manto de "programas de ayuda a grupos diversos para facilitar la transición democrática pacífica".

Bush había ganado la presidencia, a pesar de recibir menos votos, gracias a los fraudes efectuados durante las elecciones por los activistas cubano-americanos encabezados por los congresistas Díaz-Balart y Ros-Lehtinen, para hacerle ganar el estado de la Florida, apoyado en esos fondos.

Buena parte de los dólares destinados a financiar las campañas contra Cuba, son destinados a sobornar legisladores para torpedear los esfuerzos realizados por instituciones políticas, sociales, religiosas, empresariales, sindicales, agropecuarias y otras, para normalizar las relaciones y en especial para terminar con las prohibiciones de viajar a Cuba.

El grupo Public Campaign menciona varias ocasiones en las que legisladores cambiaron su posición sobre asuntos relacionados con Cuba, en especial la prohibición de visitarla, meses después de haber recibido dinero de un llamado Comité de Acción Política (PAC). Tras la Segunda Guerra Mundial, Washington acusaba a los países socialistas de tender una cortina de hierro. Pero no ha vacilado en encerrar a Cuba bajo una cortina de fraudes.