Habían regresado los diez prisioneros: Waldo Castroverde Giol,
paracaidista de la brigada 2506; Ulises Carbó, ex subdirector del
diario Prensa Libre; Gustavo García Montes, abogado, cargador de
morteros en la invasión, sobrino del ex primer ministro de Batista,
Yoyo García Montes; Ceferino Álvarez Castrillón, artillero; Mirto
Collazo Valdés, exmilitar de la tiranía; Luis Enrique Morse, capitán
del barco Houston hundido durante la agresión; Hugo Sueiros Ríos,
exmilitar de la tiranía y jefe de batallón; Juan José Peruyero, jefe
de compañía; Félix Eloy Pérez Tamayo, exsargento de la tiranía, y
Reinaldo Pico. Ellos habían sido elegidos como representantes de
cada compañía de la brigada de invasores, para discutir en Estados
Unidos la propuesta.
Las primeras nubes sobre el destino de los prisioneros provocaron
una respuesta de Fidel que rechazaba las declaraciones del
Departamento de Estado. El Primer Ministro de Cuba dijo que si el
gobierno de Estados Unidos se empeñaba en seguir considerando como
canje lo que era en realidad una indemnización, la cancelaría.
La comisión informó que se había creado un comité allí para la
negociación, integrado por la señora Eleanor Roosevelt, viuda del
presidente de Estados Unidos; Milton Eisenhower, hermano del
expresidente, y Walter Reuther, dirigente obrero norteamericano,
quienes aceptaban las negociaciones.
Fidel declaró que Cuba negociaría con ese comité presidido por
"la viuda del presidente Franklyn D. Roosevelt. La Casa Blanca, por
su parte, dio a conocer que el presidente Kennedy participó en la
creación del comité privado para adquirir 500 tractores y solicitó
al público que contribuyera.
La declaración del gobierno de Estados Unidos añadía que la
administración ni oponía obstáculos ni ayudaba al esfuerzo de ese
grupo "totalmente privado". Anunciaba que probablemente el propio
Presidente contribuiría como individuo privado a la formación de ese
fondo.
El asunto había desatado una polémica en Estados Unidos. Algunos
senadores criticaron a Kennedy por tomarse tanto interés en el
asunto. Sin embargo, el ex- presidente Harry S. Truman, proclamó la
necesidad de que el gobierno asumiera oficialmente la
responsabilidad por el envío de los 500 tractores "si es que quiere
hacerla con éxito".
Pero políticos del Partido Republicano como el excontendiente de
Kennedy, Richard M. Nixon, y el senador Barry Goldwater, censuraron
acremente a Kennedy. Años después, asistentes de este han dado
versiones más amplias del asunto. Uno de sus consejeros, Arthur M.
Schlesinger, escribió que el Comité Roosevelt fue formado por el
propio Kennedy, quien habló personalmente con los integrantes para
solicitarles aceptasen. Añadió que Kennedy trató de formarlo con dos
demócratas (la señora Roosevelt y Reuther) y dos republicanos, para
evitar las críticas partidistas, pero George Rommey, presidente a la
sazón de la American Motors, se negó a participar.
No obstante, con un intercambio de mensajes quedaba prácticamente
oficializada la negociación entre el Gobierno Revolucionario de Cuba
y las autoridades de EE.UU., a través del Comité de Ciudadanos.
En el primer mensaje el Comité pidió una ratificación del
ofrecimiento hecho por Fidel de liberar a los prisioneros si era
pagada la indemnización. En su respuesta, Fidel criticó a quienes se
oponían en Estados Unidos a la indemnización a pesar de que nadie
regateó los 45 millones de dólares que costó la invasión de Girón al
tesoro norteamericano.
Fidel manifestó que para realizar la negociación sería
conveniente el viaje a Cuba de una comisión del Comité, lo que fue
aceptado. Puntualizó que debería estar investida de facultades para
discutir y decidir sobre el monto y calidad de la indemnización que
Cuba reclamaba.
El sociólogo C. Wright Mills elogió la generosidad de Fidel
Castro y dijo que al hacer ese ofrecimiento, demostraba nuevamente
su estatura internacional. El autor del libro Escucha yanqui, una
crítica a la actitud de Estados Unidos con Cuba, reiteró que si
físicamente le fuera posible, se hallaría luchando al lado de Fidel
Castro.
Mientras tanto, en Washington el senador por Oregón, Wayne Morse,
anunció su decisión de ordenar una investigación del Congreso sobre
el secuestro de algunos de los invasores, encerrados en la isla
puertorriqueña de Vieques; algunos rescatados de las aguas caribeñas
después del fracaso y otros que permanecieron en los campamentos de
Retalhuleu y Florida.
Según la agencia AP se presumía que Estados Unidos no deseaba que
nadie conversase con los sobrevivientes hasta que disminuyera el
furor sobre la debacle.
En efecto, tanto entre los sobrevivientes como entre los
parientes residentes en Miami, existía toda clase de opiniones en
esos momentos, que respondían a toda clase de intereses. No todos se
hallaban sanos y salvos en el hospital habilitado en La Habana del
Este. Muchos perecieron en las costas cubanas y otros yacían en el
fondo del Mar Caribe. Otros eran prisioneros también, pero de
Estados Unidos, como Rodolfo Nodal Tarafa, uno de los 17 que se
negaron a aceptar la jefatura de Artime y San Román impuesta por la
CIA y fueron encarcelados en la selva de Peten, en Guatemala. Si se
daba crédito al relato que formularon de las experiencias vividas,
habían sido tratados a punta de látigo por los oficiales de la CIA.
No causó demasiada sorpresa el insólito incidente ocurrido ante
el regreso a Miami de la comisión para el pago de la indemnización:
en el aeropuerto, grupos de personas de origen cubano, gritaban
¡comunistas! a la comitiva presidida por la viuda del expresidente
Roosevelt que cumplía el encargo del gobierno estadounidense. Otra
parte de la concurrencia los protegía.
La prensa de Estados Unidos parecía entender que Fidel había
puesto a Estados Unidos en una posición embarazosa, tanto aceptando
la indemnización como oponiéndose a ella.
El general Lauris Norstad, jefe supremo de las Fuerzas Aliadas en
Europa, "hablaba por muchos cuando dijo a un amigo que la Bahía de
Cochinos fue la peor derrota que Estados Unidos había sufrido desde
la guerra 1812". (1)