El grito de los excluidos tiene varios significados, dependiendo del contexto histórico y del protagonista. La palabra excluido tiene un doble significado. En el contexto más comúnmente aceptado, se refiere a las clases y los grupos sociales (indígenas, negros, mujeres, etc.) que son excluidos de los servicios sociales como salud y educación, de los productos e ingresos que generan y de las instituciones políticas que gobiernan un país.

Muchos de los excluidos juegan un rol importante o esencial en la producción y distribución como empleados domésticos, cuyo trabajo permite a los profesionales y ricos comprometerse en actividades redituables; como los obreros de la construcción, que construyen oficinas, fábricas y hogares lujosos para los banqueros, industriales y profesionales; como desempleados o semi-empleados, que venden productos terminados por los manufactureros. En una palabra, los pobres están integrados al sistema de producción y distribución pero no reciben ningún beneficio porque están excluidos de las esferas de poder. La batalla de base no es sobre la incorporación de los pobres dentro del sistema, dado que ya están incorporados como sectores clases/razas/géneros esencialmente subordinados, excluidos del poder, la tierra, la riqueza, la propiedad y los servicios. El problema real de los excluidos es la transformación del sistema de propiedad y de poder a fin de que los pobres tengan acceso al control de los recursos de riqueza y servicios sociales.

Hoy, los pobres son excluidos del empleo, ellos forman una reserva de desempleados que son usados para abaratar costos de empleado. Los pobres están excluidos del trabajo limpio y bien pago ellos trabajan en empleos sucios, mal remunerados e inestables, la mayoría en el sector informal, sin pensiones, vacaciones o beneficios de salud. La pregunta es: ¿quién excluye a quién y con qué propósito?

Los excluidos son principalmente, trabajadores rurales sin tierras, indígenas y paisanos en minifundios o granjas de subsistencia, trabajadores urbanos desempleados o sub-empleados, trabajadoras domésticas, la masa de vendedores callejeros, obreros de la construcción temporarios, operarios de fábricas con contratos precarios, jóvenes que nunca tuvieron un trabajo estable en otras palabras, más del 70% de la población de Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Argentina y el resto de América Latina.

¿Quién excluye a los pobres de los beneficios que producen y quién monopoliza el poder político? Los estados imperialistas los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón y sus corporaciones multinacionales y bancos que se apropian de los beneficios, intereses y pagos principales y se aseguran ventajas comerciales mediante un comercio desigual. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son instrumentos de los estados imperiales, excluyen a los pobres a través de políticas socio-económicas que transfieren las empresas públicas a las multinacionales mediante privatizaciones y fuerzan pagos onerosos, empobreciendo a los pobres y enriqueciendo a las elites extranjeras. Los gobiernos locales de América Latina y las clases dominantes excluyen a los pobres gracias a su monopolio del poder político, su robo del tesoro público y las rentas que reciben de los explotadores del trabajo y los recursos nacionales. Los excluidos y excluyentes están en esencial conflicto: la condición para la dominación de algunos es la exclusión de muchos. La política de inclusión está basada sobre la transformación de este sistema: la exclusión de las clases gobernantes extranjeras y nacionales y sus estados, los principales excluyentes.

El Grito de los excluidos es oído en diferentes contextos y tiene varios significados. El primer grito surge del dolor y del sufrimiento de pobreza y explotación que hace erupción cuando los pobres se rehúsan a sufrir en silencio. Este grito es un anuncio al mundo que el dolor de la pobreza ya es intolerable. Los gritos iniciales resuenan de una casa a otra, a lo largo de los barrios de los pobres y desempleados y se convierten en un nuevo grito colectivo: el grito de los movimientos sociales organizados demandando justicia, trabajo, tierra, alimento, vivienda y escuelas. El grito de los movimientos sociales es de afirmación, de poder colectivo, un grito no ya de desesperación sino un grito de guerra para la batalla. Fuera de las luchas de los movimientos sociales emerge un nuevo grito que va más allá de concesiones inmediatas la demanda por el poder popular y la demanda por la renuncia de los políticos (Que se vayan todos). El grito del poder popular avanza desde el poder local dentro de las comunidades hacia el poder estatal. El grito de los excluidos exige socialización de los medios de producción y toma del poder estatal. El grito final es un grito festivo la celebración de la construcción de una nueva sociedad sin clases, sin excluidos ni excluyentes. El grito de dolor y sufrimiento de los excluidos se convierte en grito de júbilo y en el final de la exclusión.

En el mundo contemporáneo, en América Latina y el resto del Tercer Mundo, el grito de los excluidos refleja un mundo de explotación imperialista y de guerras, de decadencia social y saqueo económico.

La pobreza masiva ha aumentado astronómicamente a lo largo de América Latina en los últimos cinco años. Cada país latinoamericano está experimentando desempleo y subempleo masivos. El hambre corre desenfrenadamente incluso en los antiguos países más ricos de la región. En Argentina, que produce suficiente carne y trigo para alimentar a 350 millones de personas, casi 8 millones de habitantes (más del 20 por ciento) son indigentes y sufren de malnutrición. La degradación de los excluidos no es sólo un dato estadístico está evidentemente probada. En mayo de 2002, en la acera opuesta a un restaurante cercano al Congreso Nacional, tres niños harapientos, de no más de diez años de edad, estaban royendo los restos de carne de huesos tirados a la basura. Según las estadísticas oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyas estadísticas siempre subestiman la calamidad social, América Latina tiene las peores desigualdades en el mundo: 10 por ciento de las clases más ricas tienen ingresos 84 veces superiores al 20 por ciento de los ingresos de los más pobres. Ochenta y cinco por ciento de los niños latinoamericanos viven en la pobreza, 33 por ciento de los niños sufren de malnutrición. En América Central, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, el hambre crónica acecha la tierra: entre 1992 y 2002 el porcentaje de gente hambrienta ha aumentado un 33 por ciento, de 5 millones a 6,4 millones. Los acuerdos de paz de Estados Unidos han agregado 1,4 millones de hambrientos. La decadencia masiva del nivel de vida en los últimos cinco años es más evidente en la otrora abundante Argentina. Hace diez años el porcentaje de gente viviendo bajo la línea de pobreza era inferior al 15 por ciento, en el año 2000 el número de pobres subió al 30 por ciento y en diciembre de 2002, el 53 por ciento está en la pobreza. De acuerdo con las Naciones Unidos, en 1997 el ingreso per capita de Argentina era de 8 950 dólares, en marzo de 2002 era de 3 197 dólares e iba en descenso un 67 por ciento de caída en el nivel de vida promedio. Argentina, con la tierra más rica de América Latina, es ahora la tierra del hambre e incluso de la inanición: en las últimas semanas de 2002 más de 40 niños en las provincias de Tucumán y Misiones murieron de hambre. En México cerca del 60 por ciento de la población vive en la pobreza y cifras comparables o aún mayores se encuentran en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay. En Brasil, más de 100 millones de personas viven bajo la línea de pobreza, mientras en Uruguay y Venezuela, los niveles de vida están disminuyendo a gran velocidad. En Chile, las cifras reales de pobreza exceden ampliamente las estimaciones oficiales más de un tercio de la población.

La pobreza es el resultado del desempleo y el sub-empleo que están creciendo. En Argentina en los años 2001-2002 el desempleo aumentó del 16,4 al 25 por ciento; en Brasil, del 6 al 11 por ciento, Uruguay de 15 al 20 por ciento, en Venezuela de 14 al 17 por ciento. En América Latina los llamados trabajadores informales sin pensiones, planes de salud o empleo estable, y con bajos ingresos, ahora exceden el 60 por ciento de la fuerza laboral. En México los economistas estiman que la caída del ingreso real para los trabajadores es de más del 60 por ciento desde 1994, y que tomará 30 años recobrar el nivel de inicios de los '90 y 60 años para recuperar los niveles de ingreso de los '70 antes de que las políticas neo-liberales fueran implementadas.

Trabajadores mexicanos han experimentado la mayor decadencia en los salarios mínimos en América Latina en los últimos veinte años (1982-2002) 81 por ciento de pérdida en el poder adquisitivo. Hace veinte años con el salario mínimo mensual se podían comprar 25 kilos de tortillas, hoy sólo pueden adquirir ocho kilos de tortillas. En 1982, el sueldo mínimo permitía adquirir el 93,5 por ciento de la canasta familiar básica; en diciembre de 2002 sólo permite comprar el 19,3 por ciento. El costo de vida ha aumentado cuatro veces sobre el salario mínimo. En los primeros años de la presidencia de Fox (2000-2002) el poder adquisitivo ha caído un 11,7 por ciento.

La pobreza rural y el desempleo son causados por la concentración de la propiedad , el crecimiento de la agroindustria orientada a la exportación, la adquisición de grandes haciendas por capitales extranjeros, terrorismo estatal y paramilitar y desplazamientos forzados. En Colombia, los sucesivos regímenes contrarrevolucionarios y sus aliados entre los escuadrones de la muerte paramilitares han desplazado a tres millones de paisanos de su tierra. En Ecuador, casi un tercio del campo ha emigrado a la costa, a los barrios bajos urbanos o extranjeros en la última década. En Brasil, entre 1995 y 2002 más de un millón y medio de pequeños granjeros y trabajadores sin tierra han sido forzados a abandonar su tierra, sus hogares y sus comunidades.

Las políticas neoliberales del mercado libre no sólo han conducido a un desempleo masivo, caída de los niveles de vida promedio, la bancarrota de pequeños granjeros y el robo de los ahorros de la clase media, también ha provocado el empobrecimiento de los jubilados debido a la apropiación de los fondos de pensión por administradoras privadas. Durante los '80 y los '90, los regímenes neoliberales privatizaron los fondos de pensión, dejando su administración en manos privadas. El resultado es que un exorbitante porcentaje de los fondos de pensión son apropiados por administradores privados como costos administrativos. Una comparación de los costos públicos versus los de la administración privada de contribuciones anuales demuestra la ventaja del sector público. En los Estados Unidos la administración pública de los fondos de pensión cuesta el 0,5 por ciento; la administración privada en Argentina es del 23 por ciento, en Chile del 15,6 por ciento, en México del 22,1 por ciento y en Colombia del 14,1 por ciento. Claramente, los altos costos de las administradoras privadas reducen significativamente la pensión que los trabajadores recibirán, en tanto que los dueños de las compañías privadas incrementan su riqueza en billones de pesos.

La visión de millones de jubilados hambrientos a lo largo de América Latina está directamente relacionada al saqueo de sus contribuciones, como resultado de las privatizaciones de las pensiones, una parte central del programa neoliberal.

La masificación de la pobreza ha ayudado a aumentar la deserción escolar: más del 40 por ciento de los niños pobres no termina la escuela primaria. Sólo el 20 por ciento de aquellos que entran al colegio secundario completan sus estudios. Las clínicas y los hospitales están siendo cerrados o carecen de recursos médicos básicos e instalaciones para tratar las largas filas de pobres que esperan ocho o diez horas para ser atendidos. Los accidentes de trabajo aumentan puesto que la legislación de protección laboral es suprimida y el número de inspectores es reducido. En México, en 2002 los trabajadores presentaron 308 000 quejas por violaciones de los derechos laborales por parte de los empleadores.

La transición de gobiernos militares a políticas electorales ha sido acompañada por un descenso en el nivel de vida promedio, mayor desempleo y empobrecimiento masivo. La transición ha sido de un régimen militar-oligárquico a un régimen civil-oligárquico, de una forma de gobierno de elite autoritaria a otra. El crecimiento de la exclusión masiva bajo regímenes electorales de elite es el resultado de una ausencia de democracia, no una causa de la misma. Los regímenes electorales de elite han profundizado las políticas neoliberales y saqueado la economía vía corrupción y robo masivos. La reducción de barreras tarifarias ha permitido que los granos y otros alimentos subsidiados de Estados Unidos y Europa destruyan a millones de granjeros familiares locales. El fin del subsidio a los alimentos en América Latina llevó al hambre urbana masiva. La desregulación del sector financiero terminó en el gran fraude bancario que llevó a que los ahorristas en Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia perdieran decenas de millones de dólares de sus depósitos. Las importaciones baratas subsidiadas han destruido las industrias locales aumentando el desempleo de ese sector. Actualmente, el sector informal de auto-empleados excede a los trabajadores formalmente empleados en una proporción de 5 a 1.

El proceso electoral es controlado por los medios de comunicación, los candidatos son intimidados por las bancas internacionales y el imperialismo norteamericano, y las campañas electorales están completamente disociadas de las prácticas de los políticos electos. En otras palabras, incluso aquellos políticos que hacen campaña sobre un programa anti-neoliberal de cambio social para ganar votos, una vez electos, implementan el programa neoliberal austeridad para los pobres; concesiones mineras, agrícolas e impositivas para los ricos, especialmente los ricos extranjeros.

Una reciente encuesta demostró que el apoyo a los regímenes electorales de la elite neoliberal (descriptos como democracias) está decayendo: solo 48 por ciento de la gente apoyó estos regímenes. En Brasil, solamente el 30 por ciento de la población confía en que los regímenes electorales lleven a cabo sus promesas. En Argentina, el slogan más popular es Que se vayan todos. Solo el 30 por ciento del electorado confía en los presidentes, 25 por ciento en el Congreso y 20 en los partidos tradicionales.

La razón para este rechazo popular a los regímenes electorales es una combinación de empobrecimiento y represión estatal. Bajo la presidencia de Cardoso en Brasil (1994-2000), más de cien activistas rurales fueron asesinados por grupos estatales y paramilitares. En Bolivia, docenas de cocaleros fueron asesinados o heridos. En Argentina, más de 31 personas murieron durante el derrocamiento de De la Rúa (19 y 20 de diciembre de 2001).

En respuesta, los excluidos se han rebelado exitosamente, han derrocado presidentes, creado movimientos autónomos, liberado territorios y tomado el manejo de las fábricas. El grito de los excluidos en su lucha ha pasado de sufriente a combativo, el grito de los movimientos en avance, las celebraciones de batallas exitosas y victorias parciales.

En Ecuador, los levantamientos indígenas y urbanos derrocaron dos regímenes neoliberales de elite. En Argentina, el levantamiento de la empobrecida clase media y los desempleados derrocó a tres presidentes en dos semanas. En Venezuela, un levantamiento popular en defensa del presidente Chávez, desbarató el golpe militar orquestado por los Estados Unidos en abril de 2002 y resiste un prologando ataque en diciembre de 2002. En México un movimiento masivo de campesinos bloqueó el intento del presidente Fox de expropiar las tierras cultivables para construir un nuevo aeropuerto. En Cochabamba, Bolivia, una alianza de las fuerzas populares frenó un intento por privatizar el agua. En Perú, un movimiento de masas que comenzó en Arequipa y se extendió por todo el país bloqueó la agenda de privatizaciones del presidente Toledo. En Colombia, las guerrillas FARC/ELN han combatido a las fuerzas militares y paramilitares financiadas por los Estados Unidos, manteniendo un impasse con el territorio parejamente dividido.

Los movimientos populares en crecimiento han creado sus propias instituciones económicas embriones del poder dual. En Argentina, más de doscientas empresas con miles de empleados han sido tomadas y puestas en funcionamiento por los trabajadores. En Bolivia, los cocaleros han creado gobiernos cooperativos y municipales que responden a las asambleas populares. Los trabajadores han ocupado las fábricas cuyos dueños habían cerrado, defendiéndolas de los esfuerzos gubernamentales para desalojarlas y ahora están produciendo y comercializando sus productos. Cuando el Estado trata de apoderarse de esas fábricas, miles de trabajadores de otras fábricas, gente de las asambleas barriales, estudiantes y desempleados enfrentan a la policía, poniendo en práctica el lema Tocas a uno, tocas a todos.

En Bolivia, una coalición nacional de granjeros cocaleros, empleados domésticos y trabajadores auto-empleados, pensionados, pobres urbanos, paisanos sin tierra y pequeños granjeros se han unido para reclamar la renacionalización de las industrias privatizadas, el derecho de los cocaleros para cultivar media hectárea de tierra, inversiones públicas y varias otras demandas sociales. Estas demandas serán reforzadas con el bloqueo de las rutas nacionales. En Ecuador, una coalición de movimientos sociales, liderado por los trabajadores del petróleo y la electricidad han, hasta hoy, desbaratado los esfuerzos por privatizar ambas industrias, mientras que los movimientos de indígenas y paisanos han creado un partido político electoral, Pachakutic, el cual esperan representará mejor sus intereses.

En México, los trabajadores de la industria eléctrica han logrado detener los esfuerzos de privatización del régimen de Fox, mientras que los zapatistas y otros movimientos indígenas y rurales continúan la lucha por la tierra y la autonomía política y cultural.

En Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) ha establecido a 350 000 familias, ocupando tierras, resistiendo la represión y produciendo cosechas, mientras continúa la batalla por la reforma agraria integral. En Venezuela, millones de pobres urbanos (en su mayoría negros y mulatos) están organizados en círculos bolivarianos defendiendo al democráticamente electo régimen de Chávez contra la oposición salvaje y tenaz de las elites blancas y sus simpatizantes de la clase media, financiados y dirigidos desde Washington.

El nuevo milenio ha sido inaugurado por una lucha continental de todos los excluidos de América Latina contra el ALCA, el empeño de Washington por recolonizar América Latina. En todos lados, desde las selvas de Chiapas a los maizales de los Mayas en América Central, desde los ranchos de Venezuela a las montañas de Colombia, desde las aldeas andinas hasta la movilización urbana en Buenos Aires, hay un grito común: ALCA no pasará.