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ELECCIONES EN CUBA: EL PODER DEL PUEBLO |
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22 de febrero de 2005 Más dinero contra la democracia en Cuba Plan de la Casa Blanca prevé destruir el sistema electoral en la Mayor de las Antillas MARÍA JULIA MAYORAL
Es solo una pequeña parte de los recursos para "poner fin rápidamente al régimen cubano", como expresa el Plan "para asistir a una Cuba libre", suscrito por el mandatario W. Bush y hecho público el 6 de mayo del 2004. Según indica el documento, "la piedra angular de nuestra política (la del Gobierno de EE.UU.) para acelerar y ponerle fin al régimen de Castro es fortalecer las políticas de apoyo proactivo a los grupos (contrarrevolucionarios) que respaldamos dentro de Cuba". Dicho Plan, como denunció Ricardo Alarcón, "no olvida nada, abarca todos los aspectos de la vida. No se trata solamente de dominar a Cuba y poner bajo el control estadounidense la economía, los servicios, todas las actividades sociales y, de hecho, llevar a cabo la anexión del país, que tendría apenas unas imaginarias autoridades locales totalmente sometidas a un poder extranjero"* El capítulo tercero del Plan deja claro el modo en que podrían ejecutar sus propósitos: "Las lecciones aprendidas en Afganistán e Iraq serán la guía para cualquier participación de Estados Unidos en el proceso de reforma constitucional en Cuba". EMBESTIDA CONTRA EL SISTEMA ELECTORAL En estos momentos incontables hojas con los datos personales de los electores en cada demarcación de nuestro país están expuestas en los sitios más concurridos por la población para que las personas comprueben si fueron reconocidos sus derechos y, de existir errores, exijan la rectificación correspondiente a la Comisión Electoral de su circunscripción. Esa transparencia vuelve a ser escudo natural contra el fraude. Sin embargo, el Plan de la Casa Blanca tiene entre sus objetivos poner fin al registro público, accesible, universal y gratuito de los electores cubanos. El texto concibe que es "necesario confeccionar una lista de electores completamente nueva", y "como se hace en Estados Unidos". Implantarían aquí por la fuerza el voluntarily self-enrollment (autoinscripción voluntaria), un sistema idéntico al que funciona en EE.UU. y de cuyas insuficiencias dan cuenta medios de prensa, organizaciones defensoras de los derechos civiles e intelectuales estadounidenses, al señalar las regulaciones y las restricciones que hoy padecen millones de ciudadanos de aquel país para ser reconocidos como votantes. Durante los comicios presidenciales del 2004, artistas y otras prestigiosas personalidades de la cultura en Estados Unidos, emprendieron una campaña nacional para tratar de ayudar al registro electoral de numerosos conciudadanos. ¿Necesitarían auxilio si la inscripción fuera ocupación de las autoridades electorales? En el caso de Cuba el empadronamiento ocurre de oficio. Son las Comisiones Electorales de Circunscripción, conformadas en barrios y comunidades rurales, las encargadas de elaborar las listas de votantes. Esto se combina con el carácter libre del sufragio: a todos se les reconoce su derecho, pero nadie está obligado a acudir a las urnas, ni es objeto de sanciones cuando decide no participar, a diferencia de lo establecido en muchas legislaciones de naciones latinoamericanas. LA MUTACIÓN SOÑADA El Plan del Gobierno de EE.UU. también promete a sus servidores internos (los grupúsculos contrarrevolucionarios) el suministro de más dinero fácil, a costa de los contribuyentes de la Unión, si el imperio lograra restablecer aquí su dominio neocolonial. Según el documento, "el Programa Cuba se ampliaría grandemente para apoyar directamente en la creación y desarrollo de partidos políticos y grupos de interés". Es decir, el texto precisa que no se refieren a cualquier tipo de partido. "Serían, advirtió Alarcón, los mismos grupos que Washington ha estado fabricando y financiando desde 1959 mediante la CIA y el Programa Cuba (...) Los grupúsculos mercenarios inventados por la CIA se mutarían en los futuros partidos que seguirían siendo pagados y dirigidos por la Agencia". De acuerdo con el Plan, el imperio no dejaría ni que sus mercenarios en la Isla actuaran solos para crear las mencionadas agrupaciones. El Gobierno de Estados Unidos "llevaría a cabo programas específicos en los niveles nacional, provincial y municipal para crear y organizar —desde la base— los partidos políticos". El capítulo tres del Plan expresa además: "El Gobierno estadounidense proporcionará asistencia técnica y de fomento de la capacidad para fortalecer las instituciones, trámites y procedimientos legislativos de los partidos políticos". Manifiesta igualmente el propósito de "crear y fortalecer, con el apoyo y asistencia de Estados Unidos, un sistema electoral democrático para la redacción y reforma de las leyes electorales y la capacitación de los funcionarios electorales en cuestiones de inscripción de votantes, mantenimiento de los censos electorales y procedimientos de votación". No hace falta mucha imaginación para comprender qué se pretende imponer por la fuerza; basta con mirar el modelo estadounidense. Perderían los cubanos su derecho a postular y elegir directamente a sus representantes, se eliminaría la obligación de los delegados y diputados de rendir cuenta de su actuación personal ante los ciudadanos, y estos últimos no tendrían más la prerrogativa de revocar a quienes eligieron, facultades ejercitadas durante casi tres décadas, tras la institucionalización del Estado socialista. Parafraseando un dicho popular, a los ultraderechistas en el vecino del Norte y a sus asalariados en Cuba, el diablo los cría y la Casa Blanca los junta, pero ni aun juntos podrán contra una nación unida y acostumbrada a lidiar contra los demonios. __________________________________________________________________ * Intervención de
Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, en el taller internacional Democracia y el papel de los
gobiernos locales y nacionales en el actual contexto, celebrado
en la Universidad Camilo Cienfuegos, de Matanzas, el 10 de octubre
del 2004. |
El
presupuesto federal de Estados Unidos para el 2005 incluye la
entrega de 15 millones de dólares para financiar oficialmente la
actividad subversiva de sus asalariados en Cuba, los mal llamados
"disidentes".