24 de enero de 2005
Antes de 1959
Los vericuetos para ser elector
ORLANDO GUEVARA
NÚÑEZ
Cuando
el próximo 15 de febrero —y hasta el 17 de marzo— los listados
primarios de electores sean expuestos en lugares donde el total de
las personas aptas para el voto puedan verlos y solicitar que sea
enmendado cualquier error de inclusión u omisión, se estará
ejerciendo un derecho político que para los cubanos no siempre
existió con esa transparencia.
Para ser votante, no
hace falta más que estar en la lista. La sencillez de ese mecanismo
me motivó a revisar los aplicados en los amañados procesos
electorales anteriores a Enero de 1959. Algunos datos y normativas
tomados del Censo Electoral de 1953, son reveladores.
La odisea comenzaba
cuando el aspirante a elector solicitaba su inscripción como tal,
ante la Junta Electoral de su municipio. Venía entonces el proceso
de verificación por si no había sido ya registrado. De no estar
inscrito, era citado a la Junta para los trámites de fotografía,
toma de dactilogramas, confección del carné electoral y cumplir
otros requisitos establecidos por el Código Electoral. Luego, la
verificación de si la persona estaba registrada en cualquier otra
Junta Electoral del país y después de todo eso, se entregaba el
carné.
En las memorias
oficiales publicadas sobre el Censo Electoral de 1953, se expone que
" uno de los males de que tradicionalmente adolecía el sistema
electoral de Cuba, era la suplantación del elector, o sea, la
posibilidad que existía de que un carné electoral fuera utilizado
en la emisión del voto por una persona distinta a su tenedor
legítimo". Esa situación, considerada como "un grave problema"
condujo a que se incluyera en la Constitución de 1940, que en el
Código Electoral se estableciera el Carné de Identidad.
Esa medida fue
instrumentada en el Código en 1943, pero las trabas para obtener
las fotografías de los votantes no permitieron su aplicación hasta
1951, cuando se estableció como plazo el 30 de septiembre para la
entrega de las fotos y expedición del carné. Las citaciones —según
se explica en el documento referido— se hacían por los cuerpos
armados, avisos en lugares públicos y a través de la prensa. Pero
los resultados no fueron provechosos y se prorrogó el plazo hasta
diciembre de ese mismo año.
Sin embargo, el problema
no quedó solucionado. Y en consecuencia, todos los ciudadanos que
no entregaron las fotos fueron excluidos como electores. Según se
afirma, las acreditaciones no recogidas "fueron incineradas".
Hay un dato curioso. En
1951, el registro electoral del país incluía a 2 926 766
ciudadanos, mientras que en 1954 la cifra disminuía a 2 787 534, es
decir, una reducción, en tres años, de 139 232 personas.
Las propias autoridades
electorales, expresando esa preocupación, añadían otra: mientras
que en Matanzas la proporción de electores en relación con los
habitantes era de un 55%, en Oriente, la provincia más extensa,
llegaba solo a 36 de cada cien. Como posibles causas de esta
diferencia, se exponían una mayor cantidad de personas que no
habían llegado a la edad requerida —20 años—, además de las
dificultades del transporte en las áreas rurales para recorrer las
grandes distancias hasta las Juntas Electorales.
Estos inconvenientes
había que sortearlos solo para acceder al derecho al voto y luego
para ejercerlo. Pero existía otro mal de peores consecuencias. En
la república neocolonial el voto no tenía otro significado que
escoger entre políticos corruptos y cubrir con un manto legal los
gobiernos que, llegados al poder, echaban a un lado las promesas y
se enriquecían a costa de las desgracias del pueblo. Aparte,
estaban los fraudes, los votos a cambio del ingreso a un hospital, a
determinados estudios o solución de otras necesidades; el robo de
urnas, los engaños en los conteos y disímiles trucos de sobra
conocidos por quienes vivieron aquellos tiempos en Cuba.
Son hechos de un pasado
que a la nación cubana no podrán volver jamás, pero que vale
recordarlos para sentir un mayor orgullo sobre nuestro presente.
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