Cuba quedó, con esto, empeñada con un enemigo poderoso e inclemente. Y mucha sangre se derramaría aún antes de lograr la verdadera independencia

Como preámbulo adecuado para tanta historia grande, la primera Constitución de la República en Armas sesionó en Guáimaro, territorio situado al este de Camagüey, y donde se reunieron los principales protagonistas de la insurrección en abril de 1869, apenas unos meses después de iniciada la primera contienda por la libertad de la nación.

En ese encuentro, en el que participaron los más valiosos representantes de la independencia, lo imprescindible de la unidad dentro de la revolución se impuso a las diferentes concepciones sostenidas hasta el momento en el campo insurrecto.

Los criterios de Carlos Manuel de Céspedes sobre un mando único, donde las funciones civiles y militares fuesen controladas por la misma persona, se contraponían al parecer de los camagüeyanos, quienes eran partidarios de separar ambos poderes, con una división interna del mando civil.

Imaginemos por un instante a aquellos hombres de recia personalidad, educados la mayoría en los mejores colegios del país y en el extranjero, decididos a arriesgar vidas y bienes en la contienda, firmes y convencidos de sus propios criterios.

Veamos con el poder del pensamiento el ardor con que defendieron sus concepciones, el hervor magnífico de las ideas en medio del ímpetu y el arrojo, y tendremos un pálido panorama de las sesiones de la Asamblea de Guáimaro.

Al fin, se impuso el bloque coherente y firme conformado por camagüeyanos y villareños, en el cual marcó su impronta el joven abogado Ignacio Agramonte y Loynaz, de cuya pluma surgió el proyecto de Constitución.

Los delegados aprobaron una Carta Magna en la que se normaba la estructura del aparato de dirección con la división en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Carlos Manuel de Céspedes fue designado primer Presidente de la República en Armas, y como vicepresidente resultó electo el camagüeyano Salvador Cisneros Betancourt.

Guáimaro marcó también una pauta importante con la voz de Ana Betancourt de Mora. Por primera vez de forma pública una mujer defendió los derechos femeninos con la pasión que caracteriza al sexo más resistente y voluntarioso.

Ana Betancourt demandó ante las autoridades revolucionarias el cese de la explotación femenina, y expresó la voluntad de las cubanas de defender a la Patria de voz y acción.

La Asamblea también seleccionó la bandera de la estrella solitaria como enseña nacional, y en el artículo 24 de su Constitución señaló como punto de partida de un proceso ya irreversible: "Todos los habitantes de la República son enteramente libres".

Se remarcaba así el principio propugnado por Céspedes de la abolición de la esclavitud, condición imprescindible para el nacimiento de una nación verdaderamente libre y soberana.

Por primera vez en Cuba representantes de los distintos territorios aunaban esfuerzos y presentaban un bloque único de combate. Guáimaro fue el lugar adecuado para proporcionarle a los cubanos el aparato legal imprescindible. A partir de entonces la República en Armas fue reconocida por varios gobiernos y marcó su huella en el proceso evolutivo del pensamiento cubano.

Ya comenzábamos a ser nación.

Al finalizar la entrevista bajo los mangos de Baraguá, en marzo de 1878, el general Arsenio Martínez Campos le había preguntado a Maceo cuánto tiempo necesitaba para que se reanudaran las hostilidades. Ocho días, fue la respuesta relampagueante que recibió. Como exclamó uno de aquellos bizarros soldados mambises presentes, el 23 de marzo se rompería el corojo. Martínez Campos se retiró y horas después escribió: "La Historia juzgará quién ha tenido la razón en este asunto".1

Cuando los telégrafos de la isla comunicaron la noticia de que combatientes de Oriente habían rechazado plegar sus banderas, una ola de asombro y admiración se extendió por todas partes y el nombre del general Antonio Maceo traspasó para siempre las fronteras de Cuba. Había salvado el honor de los cubanos.

Maceo sabía que resultaba preciso apurar todos los preparativos de la continuación de la batalla y, entre estos, establecer una nueva legalidad. De manera que los 104 oficiales congregados en su campamento fueron llamados a crear la nueva institucionalidad mambisa. El desprestigio ganado por la anterior, dio por resultado que a nadie se le ocurriera la posibilidad de un regreso a algo semejante a la cámara de Guáimaro.

Ya era de noche cuando el cuerpo de oficiales, sin la presencia de los jefes, Maceo, Manuel de Jesús Calvar, Titá, y Vicente García, quien acababa de llegar al campamento, se constituyó en órgano deliberante. Quien lo presidía, el coronel Silverio del Prado, comenzó por exponer que ante ellos se abría una opción de honor: seguir a Maceo o la cobardía del pacto. Los gritos unánimes de los presentes no lo dejaron adelantar: ¡A la guerra! ¡A la guerra!, proclamaron.

Después, una comisión electa por aquella junta decidió, mediante una simple constitución de seis artículos, la nueva institucionalidad cuyas bases esenciales consistían en la formación de un gobierno de cuatro miembros que elegiría un general en jefe y quedaría facultado para hacer la paz sobre la base de la independencia. Cualquier otra determinación solo podría hacerse por autorización del pueblo. A media noche el toque de silencio del clarín cerró una jornada que repercutiría para siempre en la historia de Cuba.

El 16 de septiembre de 1895 una delegación del Ejército Libertador de la República de Cuba en Armas proclamó la Constitución de Jimaguayú.

Esta Carta Magna establecía un Consejo de gobierno integrado por seis figuras que aunaban los poderes ejecutivo y legislativo y que no interfería al aparato militar.

Como Presidente de la República en Armas fue elegido en esta ocasión el camagüeyano Salvador Cisneros Betancourt, y ocupó la vicepresidencia Bartolomé Masó.

Por su parte, en las secretarías de Guerra, Hacienda, Interior y del Exterior estuvieron Carlos Roloff, Severo Pina Estrada, Santiago García Cañizares y Rafael Portuondo Tamayo, respectivamente.

La Carta Magna de Jimaguayú constituyó, en sí, una fórmula para organizar internamente la Revolución de 1895. No obstante, en su artículo 24 establecía la obligatoriedad de que si en dos años la guerra no estaba ganada, debía convocarse a otra asamblea.

Esta decisión fue muy acertada y eliminaba per se las dificultades que la ausencia de un mecanismo similar había provocado en la de Guáimaro; a la par, la unificación lograda en la de Jimaguayú constituía un paso de avance en la organización revolucionaria.

La guerra se prolongaba sin avizorarse aún el triunfo, y en septiembre de 1897 se hizo efectivo el artículo 24 de la Constitución de Jimaguayú, concebido a tales efectos.

Pero la Asamblea de La Yaya estuvo marcada por las discrepancias entre lo civil y lo militar, y también por el creciente interés norteamericano en los acontecimientos en Cuba. Ya el vecino del norte afilaba sus garras y soñaba con apoderarse de la pequeña isla, rica en recursos pero desangrada en una guerra cruel y prolongada.

En esta Asamblea los delegados eligieron como Presidente de la República en Armas a Bartolomé Masó Márquez; a Domingo Méndez Capote, como vicepresidente, y encomendaron las carteras de Hacienda, Guerra, Interior y Exterior, a Ernesto Fonts Sterling, José Braulio Alemán, Manuel Ramón Silva y Andrés Moreno de la Torre, respectivamente.

Al momento de celebrar la Asamblea de La Yaya, existía una inestable y peligrosa situación internacional, y no era la menor que Estados Unidos aumentaba por momentos las presiones para que España concluyera la guerra.

Por esta razón la Constitución insertó un artículo que establecía la convocatoria a una nueva asamblea con plenos poderes para decidir sobre el futuro del país en el caso de que los españoles abandonaran la Isla o los cubanos ocuparan una parte sustancial del territorio.

Lo trascendental de este acuerdo quedaría evidenciado a finales de 1898.

Porque Estados Unidos no quería perder la excelente oportunidad de apoderarse de Cuba, presa codiciada desde hacía mucho y que suponían prácticamente lista para caer en sus manos rapaces.

En octubre de 1898 la situación nacional requirió cumplir el acuerdo de la Constitución de La Yaya antes mencionado, y fue convocada la Asamblea de Santa Cruz, la cual trascendió a la historia con ese nombre, aunque en 1899 se trasladó varias veces y, por último, se instaló en El Cerro, La Habana.

Esta Asamblea no tuvo un verdadero líder que unificara criterios y controlara las opiniones y los proyectos. Aunque llena de amor a Cuba y de buenos propósitos, poco pudo hacer en momentos especialmente convulsos en los que tanto peligraba la consecución del objetivo independentista por el que se habían vertido torrentes de sangre.

A fines de 1899 Tomas Estrada Palma disolvió el Partido Revolucionario cubano, fundado por José Martí, y que había quedado bajo su dirección a la muerte del prócer, lo que condujo al debilitamiento de la unidad ideológica de la Revolución y eliminó de hecho un efectivo eslabón de cohesión.

La Asamblea de Santa Cruz se propuso asumir la dirección del país e implantar la creación del Estado. Designó a una comisión para que fuese a Estados Unidos y precisara el futuro de Cuba, siempre con la proyección de instaurar una nación libre y soberana.

Pero el gobierno norteamericano no la consideró "oficial" y, por tanto, no la reconoció como representante del pueblo cubano.

Las aviesas intenciones yanquis ejecutaban acciones rápidas y efectivas. Estados Unidos se introdujo en la guerra cubano-española y la convirtió en falsamente hispano-cubano-norteamericana, por medio del autoatentado al acorazado Maine.

Posteriormente el gobernador interventor yanqui de la Isla Leonardo Wood, le impuso a la Asamblea Constituyente la tristemente célebre Enmienda Platt que poca o ninguna libertad le dejó a la naciente República.