La historia parlamentaria de Cuba nació al unísono con el clamor
independentista, cuando en la manigua se integraron todas las
fuerzas insurgentes de la Isla en un gobierno único, cuya primera
decisión fue decretar la igualdad de todos los hombres en nuestra
tierra, hasta ese instante colonizada por el imperio esclavista
español.
El 16 de abril de l869, en un humilde poblado llamado Guáimaro en
el oriente del pais, iniciaba la Cámara de Representantes
(parlamento mambí) su obra legislativa, compuesta por una pléyade de
patriotas como Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, José
Joaquín Palma, Eduardo Machado, Antonio Zambrana y otros, quienes
dedicaron sus esfuerzos a dotar a la contienda emancipadora de una
estructura institucional, fijando los principios de la política de
la guerra y las bases democráticas de la República en Armas, con
garantías para las libertades y los derechos esenciales del hombre.
En las dos guerras de independencia protagonizadas por nuestros
mambises (1868 - 1878 y 1895 - 1898), esta actitud de respeto a las
instituciones - aún en medio de los cruentos combates - , estará
siempre presente.
Ello lo denota el hecho de que durante ese tiempo se hayan
proclamado cuatro constituciones, tres de ellas en poblados de la
provincia camagueyana (la de Guáimaro, en 1869; la de Jimaguayú, en
1895; la de La Yaya en 1897) asentarían iguales principios, aunque
cada una con más amplitud y adecuada a los acontecimientos y
tendencias de la época, en cuanto a declarar la lucha revolucionaria
como única vía para lograr la absoluta independencia e instaurar una
república soberana.
La otra fue adoptada en los angustiosos días del mes de marzo de
1878, luego de la viril actitud del General Antonio Maceo en su
enérgica Protesta de Baraguá ante el carácter capitulador del Pacto
del Zanjón. Esta Constitución, conocida por el nombre de Baraguá,
daba fundamento jurídico a la esencia misma de la histórica
protesta, al plantear que la paz sólo se podría hacer sobre las
bases de la independencia.
La intervención norteamericana en el conflicto hispano - cubano,
despojó a los mambises de su merecida victoria conquistada al filo
del machete en las maniguales llamas, como acto filibustero de nuevo
tipo, propio del imperialismo norteamericano emergente.
El 20 de mayo de 1902 le es concedida a Cuba la independencia
formal con una enmienda constitucional impuesta por el Congreso
Norteamericano (la Enmienda Platt ), que entre otras cosas confería
a Estados Unidos el derecho de intervenir en su territorio cuando le
viniera en ganas y con una base naval yanqui.
El sarcasmo de aquella república no podía ser mayor. Estados
Unidos se arrogaba el derecho a intervenir y obligaba al Gobierno de
la isla a consultar las principales decisiones, mientras la
Constitución puesta en vigor por la orden 181 del gobernador militar
yanqui en 1901, decía en su primer artículo que:
"El pueblo de Cuba se constituye en Estado independiente y
soberano y adopta como forma de gobierno la República."
Y, en su artículo 43, planteaba:
"Que la soberanía reside en el pueblo de Cuba y de éste dimanan
todos los poderes públicos."
En medio de esas ficciones, fue constituido el Congreso con el
Senado y la Cámara de Representantes; quedó elegido el Presidente de
la República y se creó el andamiaje de la neocolonia.
Pero la República nacía frustrada. Los privilegios de casta y
riqueza desnaturalizaron todos los anhelos de Céspedes, Agramonte,
Gómez, Maceo y José Martí, el más avanzado y capaz de los
libertadores, organizador y guía de la guerra libertadora de 1895.
Surgieron partidos políticos corrompidos, se constituyó una policía
de delación y un ejército de opresión que encontraron en el Gobierno
norteamericano un eficaz proveedor de fondos y armamentos para
reprimir al pueblo; se instituyó un poder judicial dedicado a servir
al mejor postor; proliferó una prensa servil.
Muestra inequívoca de ello es el hecho de que aquel primer
congreso republicano, como primer decreto, autorizó al ejecutivo
para contratar un empréstito de 35 000 000 de pesos que se
destinarían al pago de los veteranos del Ejército Libertador. La
codicia montó enseguida una monstruosa maquinaria de expoliación y
usura; sólo la mitad de aquellos fondos se destinarían a esos fines,
el resto enriquecería las arcas de aquella plaga de flamantes
politiqueros del garrote.
La corrupción llegó a un clímax inimaginable. El latrocinio, la
exacción, el fraude y la estafa, fueron como el pan nuestro de cada
día en aquel mundo gansteril que surgió con la República misma,
desde Estrada Palma en 1902, hasta Fulgencio Batista, en 1958.
Los políticos, lo mismo senadores que representantes, conocidos
despectivamente como "manengues", fueron comprados a través de la
participación en contratos, en la lotería o en jugosos negocios como
la proliferación de la cadena hotelera que pretendía instaurar la
mafia norteamericana en la capital de la Isla, siendo copartícipes
en la responsabilidad criminal de las devastadoras dictaduras que
enlutaron a miles de hogares cubanos con sus brutales métodos.
Entre los sucesos significativos que sobresalieron en ese medio
siglo, se debe mencionar la acción renovadora de los líderes
revolucionarios Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena, y la
digna actitud revolucionaria de Antonio Guiteras en la década del
30, después de la victoria popular que dio al traste con la
sangrienta tiranía de Gerardo Machado , Guiteras, quien al frente
del Ministerio de Gobernación, en un intento por redimir la
hombradía de los que cayeron en el combate independentista, decretó
las medidas más radicales de esa seudorepública, entre ellas la
nacionalización de empresas monopolistas norteamericanas.
El apoyo yanqui al archicriminal Fulgencio Batista, en
contubernio con los partidos políticos, tronchó aquellas hermosas
páginas de dignidad. Pronto Guiteras quedó desplazado, fueron
restituidas las propiedades norteamericanas y los sicarios montaron
una persecución implacable hasta cercenar la vida de aquel
revolucionario, cuando se disponía a partir hacia el extranjero para
preparar la lucha armada de la nueva Revolución.
El otro acontecimiento significativo lo escenificaron entre 1939
y 1940 los pocos representantes progresistas de la Asamblea
Constituyente que obligaron a los restantes representantes a adoptar
una Constitución que en su letra significó un paso de avance, pero
que de los textos no pasó nunca; para cumplir sus preceptos hacía
falta una Revolución, una carga al machete, como pedía el poeta y
destacado revolucionario Rubén Martínez Villena, para acabar con los
bribones.
Esa fue la que comenzó en 1953, bajo la suprema jefatura de Fidel
Castro, en el Moncada, continuó con el desembarco del yate "Granma"
en 1956 y triunfó después de una heroica y abnegada lucha en los
campos y ciudades en la aurora del Primero de Enero de 1959.
La institucionalización de la Revolución comenzó desde el mismo
momento en que se desbarató todo el sistema de la seudorepública,
aún cuando el Gobierno Revolucionario cumpliera funciones con cierto
grado de provisionalidad durante sus primeros 15 años de existencia.
Como explicó el compañero Fidel Castro en el Primer Congreso del
Partido:
"La Revolución no se apresuró en dotar al país de formas
estatales definitivas. No se trataba simplemente de cubrir un
expediente sino de crear instituciones sólidas, bien meditadas y
duraderas que respondieran a las realidades del país."
Esos años (1959 a 1975) se caracterizaron por una situación de
cambios revolucionarios profundos, radicales y acelerados, donde
también fue preciso enfrentar las sucesivas y cada vez más violentas
agresiones por parte del imperialismo y de la contrarrevolución
interna.
Para desenvolverse en esta coyuntura y encarar las tareas del
momento, se requería de un aparato estatal ágil, operativo y eficaz,
que ejerciera la representación del pueblo trabajador y que pudiese
tomar decisiones rápidas, sin muchas dilaciones.
El Gobierno Revolucionario al concentrar en sí las facultades
legislativas, ejecutivas y administrativas, cumplió adecuadamente
sus funciones en toda la primera fase de lucha por la supervivencia:
dictó las leyes revolucionarias, expropió a los explotadores,
desarrolló básicas mutaciones sociales, llevó a cabo con éxito la
lucha política frente a las agresiones externas e internas. Apoyado
masivamente por el pueblo, el Gobierno Revolucionario impulsó en
este período vastas y hondas transformaciones políticas, económicas,
sociales y culturales en la vida cubana.
Es incuestionable que no hay posiblemente otro caso en la
historia, en que la dirección de una revolución haya contado con un
apoyo tan efectivo y total del pueblo, con una confianza y un
entusiasmo revolucionario inagotables e incesantes por parte de la
población, con una unidad tan completa como la que ha ofrecido el
pueblo cubano a sus dirigentes y, especialmente, a su líder, el
Comandante en Jefe Fidel Castro.
En 1974, el Gobierno tomo la decisión de llevar a cabo en la
provincia de Matanzas, en el occidente de la isla, una experiencia
sobre el establecimiento de los órganos del Poder Popular en las
localidades.
Esta experiencia tuvo por objetivo confirmar toda una serie de
criterios referidos a formas metodológicas para el mejor
funcionamiento de las instituciones representativas del Estado, así
como sobre cuestiones demográficas, territoriales y, entre otras
relaciones, las relaciones administrativas y empresariales.
Desde el comienzo de su aplicación, se pudo observar una
activisima participación de la ciudadanía en las tareas del gobierno
local y en el control de la administración, así como en la búsqueda
de soluciones para los problemas que más gravitaban sobre la
colectividad.
Los frutos de aquella experiencia se materializaron en las
decisiones adoptadas para vertebrar todo el sistema de instituciones
representativas estatales que culmino con la creación de los Organos
del Poder Popular en los 169 municipios y las 14 provincias en que
se divide el pais.
El 10 y el 17 de octubre de 1976, en primera y segunda vueltas
electorales, el 95,2 % de todos los cubanos mayores de 16 años,
mediante voto secreto y directo en las urnas, eligieron de entre mas
de 30 000 candidatos a los 10 725 delegados (concejales) a las 169
asambleas municipales del Poder Popular (ayuntamientos).
Posteriormente, con la constitución de la Asamblea Nacional del
Poder Popular el 2 de Diciembre de 1976, la elección del Consejo de
Estado, su Presidente y Vicepresidentes, y la designación del
Consejo de Ministros, se fortaleció la esencia democrática de la
Revolución al ponerse en marcha formas más efectivas de
participación en la vida pública, las cuales hicieron posible una
intervención màs directa de los ciudadanos en la dirección de los
asuntos del Estado y de todas las actividades de la sociedad.