América Latina y el Caribe afrontan hoy una encrucijada, transitan históricamente por una senda poco sostenible, de crecimiento insuficiente con altos niveles de desigualdad, con escaso empuje hacia el cambio estructural, y si bien ha gozado de una década auspiciosa, confronta hoy un escenario externo cada vez más problemático.

América Latina y el Caribe está considerada como la región más desigual del mundo. FOTO: Reuters

Desde 2002, la pobreza en América Latina cayó 15,7 puntos porcentuales en promedio. La pobreza extrema también descendió 8,0 puntos, aún cuando su ritmo de disminución es menguante.

La tasa de desempleo alcanza un histórico 6,4 por ciento y el poder adquisitivo de los salarios medios se mantuvo o incrementó en la mayoría de los países, con una baja inflación, cuyo promedio pasó de 7,1 a 5,4 por ciento entre 2011 y 2012.

No obstante, en nuestra región, la porción más pobre (20 por ciento de los hogares con menores ingresos) capta en promedio cinco por ciento de los ingresos totales, mientras que el fragmento más rico captura 47 por ciento.

Asegurar los incontrarrestables logros sociales alcanzados, birlar a nuestro destino cíclico otro periodo de restricciones y penurias, demanda promover un conjunto renovado de reformas institucionales y políticas para una nueva senda de crecimiento sostenible con crecientes grados de igualdad.

La CEPAL postula, que la igualdad debe ser el principio ético normativo primordial y el objetivo último del desarrollo, tal como planteamos en nuestro documento La Hora de la Igualdad, presentado durante la reunión intergubernamental bianual de este organismo, celebrado en el 2010 en Brasilia.

Situar a la igualdad en el centro, implica una ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido en la región durante al menos tres décadas. A la luz del rostro de nuestro continente, resulta un imperativo moral.

Nuestra convicción es clara: hemos de igualar para crecer y crecer para igualar.

No es un camino sencillo, pero es impostergable. Requiere de un cambio estructural orientado a cerrar brechas sociales y productivas críticas donde no estén reñidos entre sí lo económico, productivo, social y la sostenibilidad ambiental.

Como reafirmamos en el periodo de sesiones en San Salvador en el 2012, cuando entregamos un nuevo documento, Cambio Estructural para la Igualdad, esa meta es el horizonte; el cambio estructural, el camino, la política y el instrumento. Esta senda requiere una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad.

Ello implica un cambio de orientación ante las restricciones externas y ante rasgos endógenos limitantes.

Las primeras incluyen la pérdida de dinamismo y el estancamiento en la demanda por parte del comercio internacional, incertidumbre respecto a las señales financieras y el acceso al financiamiento y poca articulación regional frente al reordenamiento de las cadenas globales de producción de valor.

Los problemas internos incluyen: una estructura productiva desarticulada y rezagada, mercados de trabajo con alta informalidad, bajos niveles de inversión con poca incorporación de progreso técnico, brechas de bienestar y de capacidades y débil gobernanza de los recursos naturales.

También patrones de consumo con déficit de servicios públicos y altas presiones ambientales y energéticas, junto al inveterado déficit institucional en materia de regulación, captación, y orientación de recursos.

Hoy se trata de reorientar las políticas hacia un fuerte dinamismo de la inversión para asegurar una relación virtuosa entre crecimiento, productividad y sostenibilidad ambiental, por la vía de la incorporación del conocimiento a la producción y la generación de un alto valor agregado.

Además se debe imprimir mayor inclusión al mundo del trabajo y promover mayor convergencia entre reformas tributarias y políticas sociales con un claro sesgo redistributivo.

Igualmente se debe equilibrar la expansión del consumo privado con la provisión de servicios públicos de calidad e instituir la adecuada gobernanza de los recursos naturales.

Y no nos caben dudas y así lo reafirmaremos en el próximo periodo de sesiones previsto en mayo en Lima, Perú.

Porque estas propuestas requieren de pactos sociales que restituyan, para los latinoamericanos y caribeños: la soberanía, la potestad de acordar sin tutelajes y en concordancia con el entramado que constituye la esencia de nuestras particulares y ricas identidades, el rostro propio de un mañana donde el ejercicio de nuestros derechos y la construcción de nuestros proyectos de vida no reconozcan más las fronteras injustas de la cuna, la edad, el género o la etnia. En resumen, un mañana de iguales.