(11 de diciembre de 2003)

Ecosistemas y sostenibilidad

Escudo mar adentro

En Cuba están propuestas 108 zonas marinas como áreas protegidas. Abarcan casi el 25% de la plataforma insular, y aproximadamente la mitad de ellas es calificada como de significación nacional por sus altos valores

ALDO MADRUGA

TRINIDAD.— En tono plañidero, pero con auténtica tristeza, un biólogo norteamericano participante en el Taller Internacional sobre manejo sostenible de ecosistemas costeros realizado recientemente aquí, planteaba cómo la sedimentación y la contaminación provenientes de tierra están asfixiando la vida en estas áreas del planeta.

Se quejaba, además, de los desastrosos efectos de la pesca desproporcionada y otras acciones irracionales que emprenden los hombres en perjuicio de la diversidad en los referidos ecosistemas, las cuales reducen la capacidad para entregar alimentos y recursos genéticos y hasta anulan sus posibilidades de moderar los impactos de las tormentas y ofrecer refugio a la fauna silvestre.

Aunque no estaba en el centro de su intervención desnudar las razones de semejante desastre, estas eran tan grandes que apartaron las cortinas de lo puramente científico en la exposición del visitante, y apareció sin maquillaje el rostro de lo social y lo político: algunos hombres contribuyen a esta calamidad impulsados por la necesidad de sobrevivir a cualquier precio, y otros por el ansia desmedida de acumular riquezas.

Los especialistas de Cuba, país donde ninguno de sus habitantes vive a más de 60 kilómetros del mar, y es considerado como el área de mayor diversidad biológica de las Antillas por su gran cantidad de especies y grado de endemismo, expusieron cómo las superficies marino-costeras cubanas y su resguardo, constituyen parte importantísima del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

En la última década, pese a los graves problemas económicos que ha enfrentado, el país ha hecho un gran esfuerzo para dentro de los ecosistemas costeros dar prioridad a la protección de las especies de importancia económica y endémicas amenazadas, sus sitios de concentración, desove, refugio y aquellas formaciones coralinas bien conservadas.

El Instituto de Oceanología (IDO), luego de pormenorizados estudios e investigaciones, tiene propuestas 18 áreas como extensiones vedadas a la pesca, de las cuales 15, por tener especies o ecosistemas cuya salvaguarda está priorizada, ya se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

También el Ministerio de la Pesca concuerda en un altísimo porcentaje con las propuestas del IDO, en sus superficies con régimen especial de uso y protección, y que de hecho funcionan como áreas protegidas.

Actualmente en la mayor de las Antillas hay propuestas 108 áreas marinas protegidas que en conjunto abarcan casi el 25% de la plataforma insular; aproximadamente la mitad de ellas es calificada como de significación nacional por sus valores, y el resto, de trascendencia local.

Hay que agregarles, además, 21 que ya fueron declaradas por la ley como protegidas, y tienen un alto componente marino. Otras 13 de gran importancia están en proceso final de aprobación por el Consejo de Ministros, según se explicó en el referido Taller.

Por el momento ninguna de estas últimas, sobre todo las que transitan la fase de propuestas, pese a que varias son apoyadas por entidades internacionales, tiene un manejo satisfactorio ni límites bien definidos, debido a la gran cantidad de recursos y medios adecuados que para ello se necesitan, cuestión que se hace más crítica en aquellas zonas más alejadas de la costa.

No obstante, se hacen grandes esfuerzos para obtener y aumentar los recursos que el Estado asigna a ese escudo protector de su fauna marina y terrestre —cuenta con más de 6 106 especies desde las microalgas hasta los mamíferos costeros—, financiamiento que crecerá en la misma medida que el país logre burlar el asfixiante bloqueo norteamericano y mejorar su desempeño económico.

Por lo pronto existen, siempre en proceso de perfeccionamiento, los mecanismos e instrumentos económicos que garantizan el manejo Integrado de las zonas costeras, así como las políticas que aseguran la participación de sus habitantes en la solución de los problemas de ambiente y desarrollo de estas.