A propósito de los derechos humanos ...

Sin ley y sin derechos

MARIELA PÉREZ VALENZUELA

Cuando se cumplen tres años de la llegada a la ilegal base naval de Guantánamo de los primeros prisioneros afganos, considerados por Estados Unidos terroristas o cómplices de estos, las denuncias sobre las condiciones inhumanas y torturas a que han sido y son sometidos acrecientan la preocupación mundial sobre lo que allí ocurre.

Los también denominados "combatientes ilegales", según fuentes periodísticas, suman unos 550 de varios países.

Mientras el ejército norteamericano arrasaba la tierra afgana con el argumento de capturar a Osama bin Laden, los primeros 20 prisioneros de ese país fueron enviados en condiciones repudiables para la dignidad humana a la base naval de Guantánamo, que el Gobierno estadounidense ocupa de manera ilegal en Cuba.

El centro de detención de ese enclave militar se abrió en enero del 2002 para recibir a los detenidos. Años después, ocupa un "sitio de honor" en la macabra lista de instalaciones donde se violan la dignidad, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Un gran escándalo suscitaron las imágenes de las torturas cometidas por los soldados ocupantes en cárceles iraquíes y, desde entonces, surgió la inquietud sobre si hechos similares ocurrían en el enclave de Guantánamo, que con un área de 117,6 kilómetros cuadrados, Estados Unidos le arrebató a Cuba desde hace más de un siglo.

Washington les negó a los detenidos su condición de prisioneros de guerra, con lo cual los privó de las garantías legales establecidas al respecto en el Tercer Convenio de Ginebra de 1949, relativo al tratamiento de esos casos.

Estados Unidos es Estado Parte de la Convención contra la Tortura y otros Castigos o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Humanos, el cual obliga a los firmantes a responder de sus actuaciones tanto en su país como en sus instalaciones militares o de otro tipo en el exterior, y por los actos de sus tropas en acciones militares o de mantenimiento de la paz en cualquier nación.

Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los encarcelados tienen derecho a abogados —lo cual fue considerado una derrota para Washington—, de manera constante la Administración de Bush trata de obstaculizar esa decisión, utilizando los enredados vericuetos de la jurisprudencia norteamericana.

La histórica determinación de la jueza federal de Estados Unidos, Joyce Hens Green, de dictaminar inconstitucionales los tribunales militares de ese país en Guantánamo, abrió un debate jurídico de enormes proporciones.

En su fallo este mes, Green dijo que los prisioneros extranjeros en ese enclave están protegidos por la legislación norteamericana, tras examinar el caso de 11 detenidos que reclamaron su situación, y dio como válidas las exigencias, en virtud de la quinta enmienda de la Constitución estadounidense.

"Los procedimientos puestos en práctica por el Gobierno para confirmar que los demandantes son combatientes enemigos, sujetos a una detención indefinida, violan los derechos de los demandantes a un debido proceso penal", determinó la jueza, que echó por tierra la decisión del Pentágono, adoptada el pasado año, de crear tribunales militares.

Aunque pocos presos fueron devueltos a sus países de origen, varios son los que, después de permanecer durante años en ese régimen, fueron liberados al considerar las autoridades que no representan un peligro para la seguridad nacional y otros fueron detenidos al pisar suelo en su país de origen.

Muchos de ellos dieron fe de las torturas que sufrieron, como el australiano Mamdouh Habib, quien declaró que durante los interrogatorios lo obligaban a pararse sobre un barril metálico que se conectaba a la corriente.

Abogados y otras personas que visitan a los arrestados y que difunden los testimonios de estos hablan de descargas eléctricas, golpeaduras con cadenas y abusos psíquicos durante las entrevistas, sostenidas en un ambiente que Michael Ratner, presidente del Centro por los Derechos Constitucionales, compara con campos de concentración nazis.

Pero hay algo más: expertos de la ONU en derechos humanos que visitaron la base corroboraron las condiciones inhumanas en que subsisten los presos y el humillante tratamiento que reciben.

De acuerdo con la Convención de Ginebra, los prisioneros deben ser liberados inmediatamente después del fin de las hostilidades; sin embargo, Estados Unidos no lo ha hecho.

¿Con qué moral habla de derechos humanos el mayor violador de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la historia contemporánea?

¿Qué puede mostrar y enseñar al mundo un país con la mayor población carcelaria del mundo, que aplica la pena de muerte sin restricciones y poco hace para detener la escalada de violencia, asesinatos y discriminación que agobia a sus ciudadanos?

¿Qué derechos humanos defiende con su apoyo en la CDH a las posiciones y actos de Israel contra el pueblo palestino, si utiliza las presiones y chantajes para hacer prevalecer sus posiciones y rechaza cualquier iniciativa relacionada con el derecho a la alimentación y a la salud?

Estados Unidos no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y fue el único país que en la LX sesión de la Comisión de Derechos Humanos obstaculizó el proyecto de resolución sobre la situación del pueblo palestino que establece su derecho a la libre determinación.

Igual posición asumió respecto al proyecto de resolución de Brasil sobre el derecho a la salud.

Una vez más, la hipocresía de la neofascista Administración republicana está expuesta a la opinión pública mundial.