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A propósito
de los derechos humanos
Hijos de
inmigrantes son víctimas de injusticias
MARIELA PÉREZ
VALENZUELA
 Alejado
de acuerdos internacionales u otras iniciativas que supongan
un compromiso con la Humanidad, como el derecho a una infancia
feliz, Estados Unidos tiene hoy poco que mostrar al mundo a
favor de los niños.
A diferencia de
Cuba, pequeña en tamaño pero inmensa por todo lo que hace
por sus infantes, la administración derechista de George W.
Bush ofrece un incierto futuro a miles de menores hijos de
inmigrantes, víctimas de la pobreza y la discriminación de
un sistema que los margina y priva de sus facultades como
ciudadanos estadounidenses.
¿La razón?
Aunque nacieron en territorio de la Unión, ellos tienen el
estigma de ser descendientes de personas que emigraron a
Norteamérica en busca de mejores oportunidades de vida. Sin
embargo, la realidad es otra y los obliga a trabajar para que
la familia sobreviva, pues sus progenitores sienten en carne
propia la iniquidad en un país cuyo Gobierno se autoproclama
defensor de los derechos humanos.
Estados Unidos es
uno de los pocos países que aún quedan sin ratificar la
Convención sobre los Derechos del Niño. Su absoluto desinterés
por una cuestión tan sensible y humana la demostró, una vez
más, en la 60 Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuando
se opuso al proyecto de resolución sobre el tema.
Entre 300 000 y
800 000 infantes descendientes en su mayoría de familias
hispanas inmigrantes son mano de obra barata en granjas
norteamericanas, donde ejecutan actividades consideradas de
alto riesgo para su edad.
Al analizar la
situación de la niñez en el mundo en un informe divulgado
hace pocos días, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) mencionó el caso de esos pequeños
norteamericanos, pero sin entrar en mayores detalles, tras
comentar que los niños trabajadores existen tanto en los países
ricos como en los pobres.
Sin embargo, este
tema ha sido motivo de otras investigaciones, las cuales
precisan que en la nación norteña los inmigrantes conforman
el 11% de la población total del país y sus hijos
representan el 22% de 23,4 millones con edades de menos de
seis años, y constituyen, además, un porcentaje
significativo de la población entre 6 y 17 años.
El New Urban
Institute de Washington señala en un reciente reporte que la
prole de los inmigrantes vive en hogares de bajos ingresos,
tiene menos acceso a los servicios de salud que los nacidos de
padres oriundos de Estados Unidos, y sus progenitores devengan
salarios más bajos.
Estos grupos
enfrentan mayores problemas con la alimentación y sus
necesidades de vivienda son cada vez más crecientes; el
rendimiento escolar de los infantes es inferior y el idioma se
convierte en una barrera para la comunicación y la superación.
La salud y el
bienestar de los niños es el título del informe en el cual
el New Urban Institute precisa que unos 13 millones de menores
viven con alguno de sus padres, quienes residen en calidad de
indocumentado.
Al comparar la
situación entre ellos y los descendientes de padres
norteamericanos, el reporte precisa que entre 1999 y el 2002
el porcentaje de chicos cubiertos por programas públicos en
salud se elevó del 45% al 57% en el estado de California.
En cambio, se
detectó que el 7% de los nacidos de inmigrantes carecían de
servicios habituales de salud, y recibían dos veces menos
cupones de comida y de Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas que aquellos cuyos progenitores nacieron en la
potencia mundial.
El reporte
advierte que muchos de los asuntos que el Congreso de Estados
Unidos discutirá este año, como salud, educación y acceso a
servicios del Gobierno, perjudican a los hijos de inmigrantes.
A María Elena
Hincapié, directora de programas del Centro Nacional de Leyes
de Inmigración, no le sorprende que los menores de 6 años e
hijos de indocumentados vayan a ser los más golpeados por las
políticas federales de inmigración y las que regulan los
servicios y beneficios médicos de salud.
El pasado febrero,
ensu discurso anual ante el Congreso, Bush solicitó emprender
definitivamente una reforma en el campo de la inmigración, y
se opuso nuevamente a la amnistía para entre 8 y 12 millones
de indocumentados residentes en Estados Unidos, la mayoría
latinoamericanos, tal como piden líderes de la comunidad
hispana.
Igualmente, anunció
la desaparición o reducción de más de 150 programas
relacionados, con gastos sociales, fundamentalmente para la
ayuda a los más necesitados y la disminución de los fondos
asignados al Departamento de Salud. En cambio, pidió aumentar
en un 4,8% los gastos para la Defensa.
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