Como fiel seguidor de este espacio de opinión, he leído las últimas cartas enviadas y publicadas acerca de inconformidades relacionadas con el cumplimiento de los pagos pendientes de la Caja de Resarcimientos a los afectados. No quería que el asunto "se enfriara" sin dejar constancia de mi opinión.

Por sentencia firme de la Causa No. 8, del año 2006, a instancias del Tribunal Municipal Popular de Puerto Padre, Las Tunas, y con número de expediente en la Caja de Resarcimientos 1194419, llevo más de 6 años en espera de completar la indemnización aprobada y ascendente a casi 13 mil pesos.

En honor a la verdad, yo he tenido la suerte de haber recibido ya dos pagos parciales del monto total. Uno en abril del 2009, y otro en noviembre del 2011. Estos desembolsos fueron, en parte, obra de incontables llamadas telefónicas a la Caja en La Habana, cartas certificadas a dos de los directores que ha tenido ya esa entidad en este periodo de tiempo, e incluso de dos viajes a la capital para agilizar en lo posible esos pagos.

Desde el último desembolso, cada vez que contacto con la compañera que atiende al público (no siempre es la misma), me dice que "debo seguir esperando y que he sido afortunado por haber recibido ya una parte del dinero".

Según he sabido, ya la caja no cuenta con el tradicional fondo con el cual pagaba las indemnizaciones dispuestas por la ley, y ahora solo van pagando en la medida que el sancionado recibe algún ingreso oficial, y aquí radica el objetivo esencial de mi carta.

¿Qué nos sucede a los afectados si "el sancionado" decide no trabajar más para el Estado?

¿Cómo la caja puede obtener el dinero para indemnizarnos si el individuo que nos robó no recibe ningún ingreso durante años?

¿Son efectivos y sistemáticos los mecanismos existentes en la Caja para recuperar ese dinero?

¿No hay límites de espera para los afectados?

Creo que el mayor dilema que tiene actualmente esa dependencia del MINJUS es precisamente que su razón de ser, tan valiosa y necesaria para las víctimas, ha sido penosamente maniatada por el hecho de que los infractores de la ley decidan o no trabajar para alguna entidad estatal, lo cual ya no es indispensable para muchísimas personas en nuestro país.

Si no se retoma la esencia fundacional de la Caja de Resarcimientos, los afectados por un acto delictivo, nos convertiremos también en afectados por tiempo indefinido a expensas de un mecanismo inoperante de la entidad que existe para ayudarnos y mostrar de paso a la sociedad que los que roban tendrán que asumir el costo verdadero de sus acciones pagando hasta el último centavo por su repudiable conducta. Me gustaría saber cuál es el criterio de la actual dirección de la Caja de Resarcimientos a través de esta sección, porque hasta ahora no han publicado nada.

Concuerdo plenamente con el periodista Alfonso Nacianceno en el artículo "El corrientazo", Granma, 20 de septiembre del 2013, donde señala que la utilización de los medios públicos por parte de la población para denunciar inconformidades, convierte estos medios en una solución como forma de recibir respuestas de parte de funcionarios y entidades que únicamente reaccionan si les dan un "corrientazo" y por consiguiente se "enteran" de que al convertir el tema en una denuncia pública exige de hecho una solución y "aun así el funcionario o el organismo querellado se hace de la vista gorda y la respuesta no llega nunca".

Le expongo esto porque es increíble que en mi caso particular se cumplió un año en este mes de octubre que comencé a denunciar las afectaciones que surgieron producto de una mala actuación de la UMIV de Placetas al violar las Regulaciones Urbanas concerniente al apartado de Desagües, pozos y conductos en toda clase de aguas, en sus artículos: 338, 340,341 y 342 cuando concedieron Licencia Constructiva a la vecina colindante y las aguas pluviales del techo caen en la pared y ventanas de mi casa.

A través de su sección Cartas a la Dirección logré que luego de incontables evasivas, indolencias y la callada por respuesta por parte de la UMIV y la Dirección Municipal de la Vivienda, fuera conocido el caso en la Asamblea Provincial del Poder Popular de Villa Clara, exigiendose a la AMPP de Placetas que se me dieran respuesta a mis demandas reconocidas por parte de todas las entidades de la Vivienda del municipio, dándoles un plazo, a más tardar, el 15 de julio para que cumplieran lo acordado.

Luego de que se presentara una vez más un funcionario, en este caso la Vicepresidenta que atiende la vivienda en la Asamblea Municipal en mi casa y corroborara las afectaciones en mi vivienda y luego de yo solicitar por enésima vez cuándo se me daría respuesta, sigo recibiendo evasivas no convincentes, por consiguiente sigo esperando por el cumplimiento del Decreto Ley 272/02 del Consejo de Ministros que no cumplen.

Mi caso es uno más dentro de los cientos que suceden a diario, y son en su mayoría por no cumplir la parte de las responsabilidades que les toca a funcionarios al asumir las obligaciones inherentes a sus cargos, en lo que el periodista señala: "También se producen respuestas que generan un malestar aun mayor que el causado por el problema y no solo porque no haya solución, sino por la falta de sensibilidad y de comprensión de quienes tienen la responsabilidad de responder".

Cuando las cosas toman ese nivel, como en mi caso, que pasa un año sin una respuesta efectiva y en la cual se violan las indicaciones del órgano de dirección superior, la Asamblea Municipal, en exigir dar respuesta y la entidad no ejecutar lo establecido, entonces no solo hace falta "el corrientazo" de los medios públicos, sino que una "electrocución" es necesaria para evitar que se siga perdiendo la credibilidad del pueblo ante las instituciones del Estado.

Me dirijo a ustedes para reiterar un tema que ya ha sido abordado y es el relativo al de los bombillos ahorradores. Por el título "Los bombillos ahorradores llegaron pero... ", da la impresión que el asunto está resuelto, aunque cuando leemos el comentario vemos claro dónde está el pero.

Felicito a J. C. Adams Olmedo por haber resuelto su problema, pero yo y gran cantidad de cubanos no estamos en ese caso. Yo también me enteré de la venta de los bombillos ahorradores de 220 y me personé en la tienda que está en Zapata frente a la Unidad de la PNR que existe en ese lugar, y al llegar al mismo solo quedaba un cartelito en el cual decía más o menos "solo se venden 12 bombillos por consumidor". Lamentablemente en esta tienda no hicieron lo mismo que en la tienda en que Adams resolvió sus bombillos que solo vendieron cuatro, tal vez si hubiera sido así yo habría alcanzado y ahora no seguiría con el dormitorio de mi casa a oscuras y la sala al 50% de la luz necesaria.

Ahora vienen varios problemas, si normalmente en La Habana con una distribución de 20 000 bombillos ahorradores (obviamente se trata de un número aleatorio, no tengo ni la más ligera idea de cuántos bombillos hacen falta para mantener La Habana abastecida de este producto y quien dice La Habana dice Cuba ya que supongo que el problema sea nacional), ahora harán falta al menos 100 000 para estabilizar la situación por lo que nuestro Estado tendrá que erogar mas divisas que las necesarias para estabilizar ese renglón.

El otro problema también es muy preocupante: ¿De quién es la culpa? ¿Del barco? Me parece que tenemos que seguir insistiendo en ello, surgen los problemas y la callada por respuesta, incluso ante una requisitoria del periódico a publicar las cartas de sus lectores.

Desde hace rato nuestra Constitución y la ley de los órganos de la administración central del Estado consagran el derecho ciudadano a dirigir preguntas a funcionarios o instituciones y los mismos están en la obligación de darles respuestas.

Mi hija es graduada de Ingeniería Informática de la Universidad de Ciencias Informáticas del curso 2009-2010. Fue asignada a la Dirección Provincial de Joven Club de la provincia de Granma. Inició su vida laboral en dicha entidad en septiembre del 2010 con gran expectativa, pues le dijeron que formaría parte de un equipo de producción de software. Transcurrido un tiempo le informan que el Ministerio de Comunicaciones no aprobó la plantilla solicitada y es destinada a tiempo completo a laborar en el Joven Club que radica en este mismo local. Más adelante le informan que no tienen garantía de plaza para ella una vez que culmine su periodo de servicio social, pero en ningún momento le concedieron la liberación.

En el primer trimestre del presente año queda embarazada y decide tener su primer hijo. Preocupada por lo que ya le habían dicho, le sugiero que averigüe sobre su situación laboral y su derecho a licencia de maternidad. Le informan que su contrato caduca y que no tiene derecho a dicha licencia, que si hubiese arribado a las 34 semanas antes de que venciese el plazo, si la hubiesen concedido, por lo que cierran su contrato laboral el 7 de septiembre/ 2013 sin garantía salarial alguna.

No comprendo cómo para una joven trabajadora, que prestó sin dificultad alguna su servicio social por espacio de tres años en dicha entidad, no exista una ley o algo similar que le ofrezca protección durante su embarazo y nacimiento de su hijo.

Mucho se habla del daño que causa el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, lo cual nadie pone en dudas, tampoco la comunidad internacional que cada año lo condena, aun cuando el imperio se empecina en querer disfrazarlo de simple "embargo".

Ahora, existen fenómenos dentro de nuestra sociedad que, como el propio General de Ejército ha planteado, son los que pudieran destruir la revolución. Relacionó Raúl en su intervención en la última asamblea nacional con ejemplos concretos algunos de estos fenómenos y son todas las fuerzas revolucionarias de la sociedad las responsables de enfrentarlos, pues nada tienen que ver con el camino escogido por este pueblo hace más de 50 años.

Es necesario el fortalecimiento de la responsabilidad de las instituciones del Estado para hacer valer la irreversibilidad de la Revolución y el sistema social escogido y por la que entregaron sus vidas los hijos más valiosos de este pueblo.

La población se irrita al ver cómo problemas solubles son demorados innecesariamente. Hay instituciones que lejos de resolver con agilidad un problema u ofrecer una alternativa, establecen una especie de juego de voleibol, donde el ciudadano y su problema hacen el papel de pelota y donde los equipos que juegan, ninguno quiere quedarse con la bola en la mano.

Si hay un fenómeno que daña profundamente el sentido común del pueblo es este tipo de juego que establecen algunas instituciones y que nada tiene que ver con los resultados gloriosos del equipo de las Morenas del Caribe. Lo peor de todo no es eso, sino que los responsables de velar por el orden, la disciplina y la exigencia, en algunos casos se mantienen con su incapacidad y falta de visión sentados en sus sillas.

La atención de nuestras entidades tiene que estar a la altura de este heroico pueblo. El momento ha llegado, se trata del segundo proceso de rendiciones de cuentas de este mandato, donde la población exige de las entidades administrativas más agilidad y efectividad en la atención a sus planteamientos, incluyendo el reclamo constante de mano dura contra los violadores de la legalidad socialista que generan, con su impunidad, las indisciplinas sociales.

Sobre la Respuesta de la Empresa Coppelia a la carta "¿Qué está pasando con la calidad del Chocolatín", queremos referir lo siguiente:

1.Todo producto, y mucho más, alimenticio, debe estar amparado por una norma de producto, nos imaginamos que exista la Norma de Empresa (NE) o Norma Ramal (NR) que establece los requisitos de calidad del Chocolatín, pues según el Catálogo de las Normas Cubanas (NC) consultado que está vigente en el país, no existe NC para este. Debía haberse referenciado en esta respuesta a la norma del producto Chocolatín y no a la norma de proceso.

Uno de los requisitos organolépticos del producto referido en la respuesta, es el sabor (puede ser también olor, color, etc.) y se evidencia un cambio, esto se comprueba cuando se establece en uno de sus párrafos "... tiene un ligero cambio de sabor cuando lo compara con el Chocolatín elaborado a partir de le-che entera".

Otro requisito mencionado es la composición, se está sustituyendo la leche en polvo por un sustituto de origen lácteo y se explica en la respuesta que esta sustitución "no conlleva a afectaciones en la composición del producto elaborado, desde el punto de vista nutricional", nos preguntamos:

¿Se afecta la composición en otro aspecto?

¿Qué contiene la Fórmula Láctea SL-10-26 en semi elaborado Lácteo en Polvo para la Industria Alimenticia, que no afecta la composición desde el punto de vista nutricional, pero sí el sabor?

La calidad del producto se ha afectado, entendemos la situación económica de nuestro país, el precio de la leche en polvo en el mercado internacional cada día es más elevado, pero existe la protección al consumidor, entonces, si la calidad del productto ha cambiado, el precio del producto debe variar y en la etiqueta del producto debe referenciarse cuando esté elaborado con leche en polvo o con el sustituto.

En estos momentos en nuestra provincia de Villa Clara se está vendiendo el Chocolatín y en el envase se especifica que contiene leche en polvo, mi pregunta ¿es cierto o es falso lo que dice el envase?, mi respuesta, si la norma que respalda al producto es una NR, es falso, porque se está sustituyendo la le-che en polvo por el sustituto de origen lácteo, si la norma es NE, no tengo respuesta como consumidora porque no conozco si se está utilizando la leche en polvo o el sustituto en la Empresa de Productos Lácteos de Villa Clara.

2. En la identificación de la norma de proceso referenciada falta situar las siglas NE o NR (no existe NC de proceso), eso nos dice el nivel de aprobación del documento normativo. Por último aclarar que ninguna Oficina Territorial de Normalización del país tiene la facultad de aprobar normas, las NE, NR y NC son aprobadas mediante Resolución de aprobación por los directores de empresas, ministros de los diferentes organismos y por la Comisión de Normalización de la ONN respectivamente, las Oficinas Territoriales de Normalización pueden ayudar a la revisión desde el punto de vista metodológico de estos documentos antes mencionados.