Después de las opiniones "De jefes y responsabilidades" y "Necesidad de respetar la opinión discrepante", de fechas 4 y 12 de octubre, trabajos que se empeñan en buscar el porqué los trabajadores (no todos), no emiten con entera libertad y seguridad sus criterios, ideas o consideraciones, cuando estas difieren de las de sus directivos, apreciamos en ambos comentarios un gran deseo de defender la discrepancia, vieja regla que solo se usa para llegar a la verdad.

En el último tema se alude la frase "a decir la verdad mirándonos a los ojos". Más adelante se expresa: "Discrepar incluso hasta de lo que digan los jefes, cuando consideremos que nos asiste la razón", donde la palabra "incluso" la interpreto como el permiso para disentir de las opiniones de estos. ¿Cuándo y por qué perdí el derecho de hacerlo? ¿Acaso ambas cuestiones no se avienen con los derechos conquistados, derechos que constituyen las bases de nuestras nuevas relaciones laborales, donde el trabajador es su principal protagonista y se encamina, en la actualidad, a ser dueño de los principales medios de producción?

Para nadie es secreto que el silencio es cómplice de las malas decisiones de los jefes, de los malos ejemplos personales, del mal manejo de los recursos, donde todo se conjuga hasta destruir los más elementales valores éticos, quedando lista la escena para la comisión del delito. ¿Cuánto nos ha costado la impunidad, la falta de contrapartida, de alerta, de actuación oficial ante tendencias negativas que se manifiestan a la vista y conocimiento de todos? ¿Cuántos males pueden evitarse con el ejercicio de poder esgrimir verdades y discrepar en nuestro colectivo laboral sin sentimientos de inquietud, sin temor, sin miedo?

La prostitución de estos principios hace aparecer en escena, el anónimo, cobarde documento que esconde el rostro del pusilánime, pero que lo protege de la represalia. ¿Qué fuera de esta infame escritura si la discrepancia tuviera crédito y apoyo?

Ya, a partir de esta introspección, se me hace más fácil pensar que, "los que no se equivocan", seguirán callados, seguirán sin expresar sus mejores y más valiosos sentimientos en aras de encontrar las mejores vías de desarrollo, mientras no conquisten el derecho de elegir y determinar la persona y actuación correctas dentro de su colectivo o, en última instancia, ser el protagonista principal y decidir ante una propuesta que le sea presentada.

Cuando el dirigente es elegido, lo más seguro es que responda a las necesidades de "los que no se equivocan", porque son estos los que identifican con la mayor rapidez cualquier irregularidad, porque son estos los que determinan si la actuación puede determinar la necesidad del cambio.

El segundo tema referido a la "Necesidad de respetar la opinión discrepante", es un principio que cuando se viola, no es más que una afrenta a quien se esforzó, preparó y se encuentra en su Patria defendiendo los logros que con dignidad se han conquistado.

La contratación: un tema polémico y complejo

Motivado por la carta de I. Ezequiel Roque, publicada el 31 de agosto, que trata el tema de la contratación económica, en la cual señala irregularidades y violaciones que están presentes en este ejercicio. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo para su solución y el enfoque empleado pudiera profundizarse.

Sin ánimo polémico, aunque el tema lo es y también complejo y se torna más difícil si consideramos como cuestión de fondo que la base legal que establece tanto la suscripción de los contratos, como la de la litis que se resuelven por el órgano jurisdiccional, además de estar dispersa no está en correspondencia con los cambios que se están operando en las entidades y en la sociedad.

En tanto ocurre que cada organismo ha implementado su propia proforma de contrato de acuerdo a sus intereses y en consecuencia se ha perdido el sentido de colaboración entre las partes y la proforma se convierte en un documento leonino y quizá lo más grave que sucede con frecuencia, que no se le reconoce el derecho a discrepar a quien recibe la propuesta en un acto contrario a derecho y en caso de no aceptarse las condiciones ventajosas requeridas, sencillamente no suscriben el documento y esto ocurre lamentablemente hasta en producciones del balance nacional.

Otro elemento de gran importancia que se consigna en todas las proformas de contratos es una cláusula de calidad y en todos los casos tiene un carácter formal en razón de que los directivos no exigen por el cumplimiento de las normas cubanas relativas a la calidad y de otros procedimientos que la establecen. Y qué decir de los olvidados comités de calidad que creó el Che en los centros de trabajo y que nadie puede negar su pertinencia allí donde funcionaban.

Distinción aparte merece el hecho absurdo que resulta cuando cierto organismo por fijar en la computadora algunas normas cubanas de la calidad cobra más de cinco mil pesos ($ 5 000 MN), siendo evidente que este proceder lesiona la rentabilidad de las unidades.

Por otra parte raras veces se realiza el proceso de negociación entre las partes a partir de la proforma que presenta aquella que tiene o pudiera tener la iniciativa contractual y así los directivos suscriben de inmediato el documento sin previo análisis en el Comité de Contratación, que en muchas unidades no está constituido y donde existe no funciona, y si añadimos que muchas entidades no tienen asesoría jurídica, nadie puede negar que se encuentran en estado de completa indefensión, máxime cuando el funcionario que suscribió el contrato no controla su cumplimiento ni lo lleva a dicho comité para tomar decisiones colectivas; mientras tanto al no existir el proceso de negociación pocas veces se consigna en anexos el precio de la transacción comercial, cuya omisión constituye una infracción grave en razón que puede originar ilegalidades y actos de corrupción. En efecto, corresponde formular una pregunta: ¿Cómo se puede firmar un contrato sin que se acuerde el precio? La respuesta es obvia.

En cuanto al tema de las cuentas por cobrar y pagar, ya resuelto por muchas entidades, mientras otras se desgastan mediante grandes esfuerzos, reuniones de control, exigencia de informaciones, controles, inspecciones, conciliaciones, procesos ejecutivos, reclamaciones, contactos personales y telefónicos, correo electrónico y demandas ante el tribunal. Sin embargo, la solución es sencilla, las entidades que tienen cuentas por cobrar y no hicieron lo que la legislación vigente le franquea, en su caso comprobar la capacidad de pago, considero que solo tienen dos alternativas cobrar las deudas de las cuales son responsables y en lo sucesivo no fiar.

El tema no está acabado y pueden existir, y de hecho existen, otros problemas que están en debate desde hace bastante tiempo.

Haz lo que yo digo, no lo que yo hago

He escrito a las distintas secciones de la prensa que se dedican a difundir criterios que le traslada la población. Soy del criterio que la única forma efectiva para resolver las deficiencias que se trasladan es señalando con nombre y apellidos, sin miedo y sin tapujos, al culpable o culpables, y que estos se vean señalados ante la opinión publica.

Voy a referirme a una opinión publicada por Granma el pasado día 7, con el titulo "Hay que enderezar el árbol de la disciplina social", de R. E. Carela, con la cual estoy de acuerdo, pero considero y le agrego, que para lograr la disciplina, esto debe comenzar porque los organismos e instituciones cumplan ellos disciplinadamente con sus responsabilidades, con lo que tienen que hacer.

Para lograr esto, los organismos municipales, provinciales y centrales, tienen que ser ejemplos, y en algunos casos no lo son e incumplen las funciones para las que están creados. Ejemplo, Carela se refiere, al igual que otros muchos anteriormente, a los revendedores de productos industriales (acaparadores), y yo pregunto: ¿Por qué si esta actividad no es una figura del trabajo por cuenta propia y es una actividad ilegal, la ONAT y el Consejo de la Administración Municipal no actúan sobre ellos y lo permiten y por qué la Fiscalía no actúa para exigir que se hagan cumplir las leyes?

En la actualidad en estas actividades existe un gran relajo. En Ciego de Ávila, al lado de la ONAT municipal, sita en calle Cuba # 110 entre Martí y Narciso López, en el portal de la casa no. 112, hay instalado uno de estos revendedores y todo sigue igual.

Este es solo un ejemplo del no funcionamiento eficiente en el cumplimiento de las misiones que tienen asignadas por el Estado. ¿Hasta cuándo la población va a continuar sufriendo estas indisciplinas administrativas que le perjudican sus bolsillos e infringen la ley?

La aplicación de la política "Haz lo que yo digo, no lo que yo hago" no educa a nadie.

Sobre los bustos de José Martí

Deberíamos actuar contra el tratamiento irrespetuoso que muchas veces se le da a los bustos de nuestro Héroe Nacional, Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí.

No se debería admitir los lugares donde no se mantengan presentables estos monumentos y mucho menos donde no se les dé el adecuado uso político y social.

Pienso que no debía permitirse la existencia de un busto de Martí, si en el centro donde estuviera erigido, no contara con un programa de actividades patrióticas y culturales, que asegurara fundamentalmente que los pioneros, los jóvenes y los trabajadores de la localidad, se reunieran junto a él, para recordar las fechas patrias, actos de estimulación y festividades políticas, sociales y otras iniciativas.

Al centro que no fuera capaz de mantener y cumplir dicho programa, debería obligársele a retirar el busto de Martí.

Igual debía procederse, incluso con multas, a los centros y a sus funcionarios administrativos y políticos, que permitan el deterioro de esa sagrada representación de la Patria.

Debería estudiarse la promulgación de una norma jurídica que limite la existencia de los bustos de Martí, si no se les garantizara su ornato y el programa de actividades políticas.

Inconformidad con respuesta

Con sorpresa y un poco de decepción leí detenidamente la respuesta que el Banco Metropolitano ofreció a mis comentarios y fue publicada en esta sección el viernes 28 de septiembre.

Es cierto que recibí en dos ocasiones la visita de funcionarios del Banco Metropolitano que profesionalmente analizaron conmigo cada elemento de los planteados en el escrito, dieron sus criterios y escucharon mis puntos de vista, también es verdad que comprendí las limitaciones actuales que ellos tienen para el servicio de tarjetas magnéticas y espero sean resueltas en corto plazo para poder acceder a él.

Pero en ambas oportunidades quedó claro que no entendía, y sigo sin comprenderlo, por qué depositar un cheque en una sucursal bancaria diferente a donde está radicada la cuenta, no se permite. Las razones expuestas no me convencieron y ellos lo saben. La respuesta oficial hace alusión a dos elementos esenciales: "no garantiza la legitimidad de las operaciones tramitadas por el banco" y "solo en la sucursal donde se opera la cuenta es posible verificar si los depósitos están en correspondencia con su objeto social".

Si en algo coincidimos es en que la función del banco es la de ser tramitador de una operación financiera. Entonces, ¿tener control de la persona que deposita el cheque garantiza la legitimidad de la operación tramitada? Si en vez de un cheque el cliente realiza una transferencia bancaria ¿garantiza la legitimidad de la operación tramitada?

La recepción del cheque está avalada por un recibo de ingreso en la caja de la unidad que es entregado por el profesional que prestó el servicio y controlado por su jefe inmediato, cada cheque tiene como subyacente una factura reconocida por el cliente y una cuenta por cobrar, mensualmente se concilia con la unidad la gestión de cobro que ella efectúa para con el cliente. ¿es el banco quien tiene que garantizar la legitimidad de la operación o solo tramitarla?

Reitero que la dirección provincial que económicamente dirijo posee 24 unidades dispersas por todos los municipios de la ciudad de La Habana y miles de personas reciben mensualmente los servicios profesionales que ofertamos, miles de pesos en efectivo son depositados mensualmente en nuestra cuenta a través de cualquier sucursal bancaria, ¿cómo garantiza el banco la legitimidad de las operaciones tramitadas?, ¿cómo garantiza el banco que el depósito en efectivo está en correspondencia con nuestro objeto social? ¿o solo le interesa al banco garantizar legitimidad y comprobar correspondencia cuando el depósito se hace a través del cheque?

La acción es la misma: el depósito, la preocupación es la misma: la legitimidad, el banco no controla quién deposita el efectivo, pero sí quiere controlar quién deposita el cheque... ¿y el cheque? Es emitido por el banco y aunque este se lo vende a la entidad, su emisión per se garantiza la existencia de una cuenta, no se endosa, en el acto de recepción por el banco se comprueba su autenticidad, y se exige en el reverso la explicación de la naturaleza del depósito. ¿Cómo hace la Sucursal 264 para comprobar que en cada entidad que me emite cheque existe un profesional de mi organización prestando servicios, y así poder verificar que los depósitos están en correspondencia con mi objeto social?

Al final de cada debate prevaleció la Instrucción 26/06 como el cuerpo legal que no permite otras opciones. Hoy estoy más confundido, por lo que solicito a la superintendencia del Banco Central que me ayude a comprender la naturaleza técnica de esta prohibición. Estoy convencido de que la emisión de un cuerpo legal no se hace festinadamente, pero nunca está de más revisar su oportunidad en el tiempo o permitir diferenciaciones. La práctica sociohistórica de mi país me ha demostrado que muchos aspectos que en un momento histórico parecían imposibles de cambiar, se han transformado. Eso es Revolución.

En la segunda visita, los funcionarios del Banco Metropolitano conocieron de mi desacuerdo con la opción de la Cuenta de Ingreso porque después de buscar información sobre el tema en mi sucursal, evalué el costo-beneficio de la utilización de la misma. El instrumento puede ser muy efectivo para necesidades de otras organizaciones, pero para mi única necesidad de poder depositar los cheques, el costo es un andamiaje de documentos, aprobaciones y solicitudes que incluye hacer una solicitud a un ministro para que autorice el proceso, lo que en mi caso supone solicitar a mi jefe, que solicite a su jefe, que este solicite al Ministro, todo para tener más cuentas bancarias que realmente no necesito para cumplir un objetivo, que estoy convencido, puede tener otra solución.

Situación del basurero de Aldabó

La situación que tenemos con la higiene y epidemiología, así como la agresión al medio ambiente en nuestra zona, debe calificar como una de las más graves de la ciudad y además una de las más longevas.

Aledaño a nuestra vivienda corre un arroyo que siempre se mantuvo limpio, pero a medida que ha crecido el vecindario y además por necesidades objetivas del periodo especial, se han sembrado y se siembran parcelas y patios, y se han dedicado muchos vecinos a la cría de cerdos, carneros, aves, caballos, ocas, etc., prácticamente en medio de la ciudad.

Como resultado de todo ello, unido a que no se hacen cumplir las leyes de ornato y al inestable trabajo de Comunales, el lugar de vertimiento de los residuales es la ribera del río y los mismos se recogen cada 40 o 50 días o más por medio de buldóceres, camiones, palitas, etc. Esto hace que varias decenas de toneladas de basura permanezcan por meses, creando con ello focos de vectores, criaderos de ratas, depósito de animales muertos, etc.

Al venir los equipos de recolección (buldóceres y camiones), una buena parte de la basura y escombros ha ido tapando el río y ello ha provocado serias inundaciones en las viviendas más próximas al mismo.

Adicional a todo ello comúnmente, alguien le prende candela a esta basura y entonces todo el humo contaminante de bolsas y gomas, pasa a afectar durante días y noches a los habitantes de allí que no pueden ni dormir por ello. En varias ocasiones han venido los bomberos de Capdevila por la gran intensidad de las llamas y han ayudado a aliviar la convivencia en la zona.

Esta grave situación epidemiológica no solo tiene que ver con Salud Pública, sino que también tiene que ver con el CITMA y el Instituto de Recursos Hidráulicos, pues este río desemboca en el Almendares y durante las crecidas le pasa por encima y por los lados a los puentes y arrastra todo al río y al mar.

El colmo es que llegan camiones que traen basura y la voltean, autos con remolques que hacen lo mismo, carretillas, carretas tiradas por caballos, en fin es un vertedero establecido.

Un procedimiento que no se entiende

Somos licenciadas en Psicología, graduadas el pasado curso en la sede universitaria del municipio de Santo Domingo, provincia de Villa Clara. Las dos adquirimos la carrera a través del Curso de Superación Integral para jóvenes que llegó como una bendición que supimos aprovechar, obteniendo resultados satisfactorios que nos permitió ser ambas el número uno del escalafón (en cursos diferentes, salvo que una de nosotras se atrasó por problemas de maternidad) y acceder a la mejor carrera que ofertaban: la Licenciatura en Psicología.

Durante la carrera nos destacamos por nuestros resultados e integralidad, estuvimos inmersas en proyectos sociales, participamos en foros científicos, fuimos alumnas ayudantes, etc. En segundo año durante todo el curso realizamos prácticas como psicometristas en el policlínico de la comunidad de Manacas. Cuando cursábamos el tercer año por un convenio entre el Órgano de Trabajo y Educación, y ante la premisa de que debíamos vincularnos laboralmente nos ubicaron como técnicas de adiestramiento en dos escuelas indistintamente cumpliendo con las funciones propias de un psicólogo educativo (disciplina a la cual el programa de la carrera dedica varias asignaturas).

El trabajo fue más allá de la detección y solución de necesidades educativas especiales, nuestra preparación nos permitió hacer terapias con maestros para reducir el estrés, dinámicas para fomentar el amor por la profesión de maestro y con los estudiantes en la formación de valores, hasta el diagnóstico organizacional del centro. Nuestra labor comenzaba a dar frutos, pero todo se terminó, cual efímero sueño, cuando nos graduamos.

Los directores de las escuelas en las que laborábamos y ante los resultados del trabajo durante los tres años, nos hablaron de una plaza de psicopedagogo que seguramente podríamos ocupar, pues se ajustaba a nuestro perfil y su función no difería de la labor que veníamos realizando. Cuando llenas de esperanzas acudimos a educación municipal, se nos informó que los psicólogos no podían ocupar esas plazas, que estas estaban reservadas para graduados del pedagógico. Allí lo dejaron muy claro "educación no los puede ubicar, tiene que ser salud porque la plaza a la que ustedes aspiran, el único requisito que pide es que la persona que la ocupe sea un buen maestro". Esta respuesta fue dada por la jefa de recursos humanos. Sin embargo, nos ofrecieron plazas de maestros en cualquier enseñanza, según las necesidades del municipio.

¿Cómo entenderlo? ¿Dónde quedaron los resultados que obtuvimos durante tres cursos desempeñando la labor de un psicólogo educativo que poco se diferencia de la de un psicopedagogo, salvo algunos aspectos que a través de cursos de posgrado no podamos afianzar? (actualmente ya matriculadas en un curso de psicopedagogía).

¿Cómo no poder ocupar una plaza que se ajusta a nuestro perfil, y sí una plaza de maestro en cualquier enseñanza para lo cual consideramos necesitaríamos mayor preparación?

¿Por qué esas plazas continúan sin ser ocupadas en las escuelas en las que trabajábamos y sin ellas la labor que realizábamos sin continuidad?

Salud no nos ubica porque está formando sus propios psicólogos y Educación no nos acepta porque las plazas de psicopedagogos que se ajustan a nuestro perfil deben ser ocupadas por maestros. ¿Entonces estamos en tierra de nadie? ¿Ni Salud ni Educación?