La Dirección Provincial que económicamente dirijo posee 24 unidades dispersas por todos los municipios de la ciudad de La Habana. Estas unidades realizan captación de efectivo en ambas monedas por los servicios jurídicos a las personas naturales y reciben cheques por el pago de los servicios de asesoría a las personas jurídicas.

Las unidades pueden depositar los ingresos en efectivo en las sucursales más cercanas del Banco Metropolitano, sin embargo, no les está permitido depositar los cheques emitidos por las personas jurídicas; siempre que se le ha preguntado a un funcionario del Banco, la respuesta ha sido la misma: "Existe una indicación que lo prohíbe", "antes se hacía, pero una vez lo prohibieron".

¿Por qué tiene que viajar un cheque por 2 000 pesos desde el Cotorro o Alamar para ser depositado en la sucursal 264 de Plaza de la Revolución donde están radicadas nuestras cuentas bancarias? ¿Qué actividad de control tan específica tiene que realizar

la sucursal 264 con el cheque que recibe que no pueda ser ejecutada en otra sucursal del mismo Banco? ¿Todos los miembros de esta familia no están interconectados al mismo sistema informático, teniendo posibilidades idénticas para la búsqueda y control sobre la existencia del emisor y receptor, su disponibilidad financiera y las firmas autorizadas? ¿De qué se trata: es una prohibición con muy buen basamento técnico, o minimizar sus riesgos transfiriendo la tramitación y los costos de esta al cliente, o querer trabajar menos? No lo entiendo.

Ante la imposibilidad de poder acceder al servicio de tarjetas magnéticas, mensualmente debemos confeccionar 24 cheques para el pago de salario en cada unidad, estos cheques son certificados en nuestra sucursal después de un riguroso proceso de control de personas autorizadas para el cobro del efectivo, montos, firmas, etc., que diligente y eficazmente realizan las funcionarias del operativo de la sucursal 264 y que como evidencia dejan dos cuños y dos firmas. Por supuesto, antes de ser presentados al Banco nosotros realizamos autocontrol sobre cada documento para minimizar el riesgo de devolución, debo recordar que la certificación del cheque se convierte en un gasto financiero para mi entidad.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, sucursales bancarias no han aceptado el cheque exponiendo disímiles pretextos, lo que ha obligado a nuestros directivos en las unidades a trasladarse a otras sucursales, incluso más distantes dentro y fuera de su municipio donde sí han sido aceptados como certeza de que "el problema" era de criterios personales y no técnicos.

¿Si el funcionario bancario no tiene seguridad sobre el documento que analiza, no debe auxiliarse de un superior para conciliar criterios? ¿No le bastan a otra sucursal bancaria las firmas y cuños emitidos por la sucursal 264 como legitimación de los datos plasmados en el documento de pago? ¿Si alguna sucursal tiene dudas, no debe esclarecerlas con la sucursal 264 antes de generarle un problema a su cliente? ¿Cómo es posible que una actividad de control exigida por el Banco, testificada por él y financiada por la entidad quede supeditada a un criterio personal?

Las chequeras emitidas por el Banco tienen expresado en su anverso las siglas de la moneda para el que se podrá utilizar el instrumento de pago (CUP o CUC), lo que presupone que no haya que dejar explícitamente dicho la moneda cuando describe en letras el importe del pago.

La Resolución 101 del 2011 del Banco Central de Cuba "Normas bancarias para los cobros y pagos" en su sección III, artículo 8, señala: "Los titulares de las cuentas bancarias están obligados a consignar al momento de la emisión del cheque, la fecha de su creación, el nombre del beneficiario y el importe del pago en números y letras". En ningún momento obliga a que en la descripción se escriba el sustantivo peso o peso convertible. Aquí la tercera dicotomía conceptual, hemos encontrado sucursales donde exigen estos sustantivos e incluso en un lugar específico de la descripción, por ejemplo, para unas es válido "cien pesos convertibles con 80/100", y para otras solo aceptan si dice "cien con 80/100 pesos convertibles". ¿Existe algún cuerpo legal que estandarice la forma en que hay que escribir el importe en un cheque? Siempre he mantenido que este es un país donde todo está regulado, pero una cosa es lo que está establecido y otra los criterios personales que se quieren establecer como norma. Levanto las manos a favor del control que genera mejora continua y eficacia, pero estoy en desacuerdo con la burocracia del control.

Independientemente a los impedimentos de personas y los preciosismos burocráticos, el efecto mayor y más peligroso de lo aquí planteado es que su alcance está relacionado directamente con el pago de salario a los trabajadores y con la cancelación de cuentas por cobrar y pagar, con el consiguiente efecto contable y financiero para los involucrados.

La voluntad política de la Dirección del país convoca a un cambio de mentalidad, a la flexibilidad de los procedimientos y a la eficiencia en los procesos de las entidades. Como expresión de esto, el marco conceptual del Sistema de Control Interno permite que la entidad diseñe su sistema acorde con sus características, pero se hace bien difícil armonizar ambos preceptos si sucursales del Banco Metropolitano técnicamente diseñadas para prestar un servicio a su cliente, ponen trabas al desarrollo de los procesos de este y, aún más, le imponen sus requerimientos.

No dudamos de los logros que ha tenido la Empresa de Restaurantes de La Habana, ni que haya un grupo de trabajadores que con un gran sentido de pertenencia, a pesar de las dificultades, han permanecido en su puesto de trabajo y defienden con orgullo y moral lo que realizan y otras cosas más, pero esa respuesta parece triunfalista y esa, sinceramente, no era la que esperábamos, además, no se entendió lo que quiso señalar el periodista.

Yo le preguntaría a su Director que no sé los años que lleva dirigiendo esa empresa: ¿Cuántas veces al año él y su consejo de dirección realizan "visitas de trabajo" a estos restaurantes? ¿Quiénes pueden visitar estos restaurantes? Cuando un trabajador decide ir a uno de estos "restaurantes de lujo", ¿sale satisfecho?¼

Hago estas preguntas que pueden ser interminables porque he visto que en todos nuestros restaurantes, para poner dos ejemplos, como entrante se han perdido el pan y la mantequilla, y para ingerir agua, una cosa que es normal en el cubano, tienes que comprar un pomito de agua que cuesta 15 pesos, ¿se han analizado la norma y el precio de los platos? De los servicios ni hablar, con sus excepciones; los cajeros, por regla se equivocan a menudo, y el impuesto al final de la cuenta que casi nadie entiende, en algunos lugares es de 5 % y en otros de 10 % y muchos otros problemas.

Mi criterio es que se ha querido opacar la situación que tiene no solo la gastronomía de estos "restaurantes de lujo", sino de nuestra gastronomía en general.

¿Por qué se permiten estas respuestas?, parece esto una batalla de respuestas. Estamos agradecidos por el trabajo complejo que realiza esta sección, pero, por favor, no permitan estas respuestas triunfalistas.

Por estos días se escuchan y se ven por la televisión las noticias de las graduaciones de las distintas universidades del país; por suerte, nuestro hijo también culminó sus estudios universitarios, pero qué frustración con su graduación.

Primero, la actividad fue en un lugar que, a pesar de tener mucho contenido histórico y patriótico, no se presta para una actividad de este tipo en horarios que en esta época del año el sol veraniego castiga mucho. Fue en el Mausoleo de los Mártires de Artemisa y la actividad comenzó a las 11:05 a.m., a pesar de que habían citado para las 8:30 a.m.

Resultó entonces que los estudiantes de las distintas facultades de Cultura Física de la provincia de Artemisa, no aparecían entre los que debían graduarse. cuando los profesores fueron a preguntar el porqué, la respuesta fue: ¡ah, no aparecen!, y nada más. Creemos que esto es una discriminación con estos graduados.

Posteriormente, llegó el rector de esta Facultad y luego de conversar con los que estaban dirigiendo la actividad, los incluyeron al final, pero muchos de los muchachos, indignados, decidieron irse y no participar del acto de graduación; incluso, los títulos de graduados fueron entregados en el medio del paseo de la calle, debajo de un árbol y sin ningún tipo de ceremonia. Allí también se graduó la estudiante de mejor promedio de toda la Universidad Agraria Fructuoso Rodríguez, con su Título de Oro y no la tenían en cuenta para el acto; también se graduó un atleta que participó en los Juegos Parapanamericanos y tampoco se tuvo en cuenta.

Nos preguntamos, ¿estos graduados de Cultura Física no son importantes como los economistas, comunicadores sociales, etc.?, ¿es que los resultados del deporte y de sus atletas, entrenadores y profesores no se tienen en cuenta?

Ya esta graduación no tiene remedio, pero hechos como estos no deben repetirse.

Para incrementar los salarios es imprescindible aumentar la productividad del trabajo, lo cual parece totalmente lógico, pues de dónde saldrían los recursos para cubrir el incremento, sino del aumento de la productividad.

Pero sucede que transcurre el tiempo y no se produce el ansiado y necesario aumento de la productividad al nivel suficiente. En tal situación pudieran estar influyendo factores, tales como: los trabajadores no se sienten suficientemente remunerados para realizar un esfuerzo mayor, poca exigencia y falta de control por parte de los jefes administrativos, no se ha sido lo suficientemente convincente para que los trabajadores comprendan la importancia para ellos mismos y para el país de aumentar la productividad, etc.

Podrán existir muchas otras razones para explicar el no aumento de la productividad, pero lo que sí está demostrado es que hasta ahora, por los medios empleados y no obstante los años transcurridos, no se ha logrado.

Situación completamente diferente ocurre con los precios de los productos y servicios que obligadamente la población tiene que adquirir para resolver los problemas cotidianos del hogar.

Con excepción de los pocos productos que aún se mantienen en la libreta, pero que solo cubren las necesidades de una parte del mes, los demás aumentan de precio constantemente, unos porque son de importación y mundialmente aumentan y otros porque son aumentados artificialmente, al amparo de una licencia de trabajador por cuenta propia o mediante el truco generalizado de que el taller estatal no tiene la pieza necesaria y el bondadoso mecánico se ofrece a resolver el "problema" con una que tiene guardada en su casa.

Tales precios se alejan cada vez más del alcance de la población media, cuya situación se va tornando extremadamente tensa y llegará el momento en que resultará insoportable.

Parece que ha llegado el momento de pensar seriamente en comenzar a preparar las condiciones para que se acabe de instrumentar el pago por los resultados del trabajo, que puede aplicarse en casi todas las actividades y contribuir al necesario incremento de la productividad, bajo mayor control y exigencia administrativa y la introducción de mecanismos económicos y de otro tipo que contribuyan a estimular los rendimientos laborales. Pero necesitamos aumentar los salarios.

De no hacerlo, pudiéramos acabar comiéndonos los huevos y las gallinas.

Resumo el problema en que me encuentro y mis gestiones a todos los niveles.

Tengo inscritos en mi dirección en el Carné de Identidad y Registro de Población (CIRP) de Plaza a dos hijos de una sobrina, a los cuales no conozco y nunca han vivido en mi casa.

En el año 1997 mi madre, ya fallecida, autorizó a que mi sobrina y sus dos hijos se anotaran en mi dirección, lo cual era necesario, según me dijo, para un trámite que iban a realizar y les era conveniente aparecer como residentes en ese municipio. Al año siguiente mi madre le pidió a mi sobrina que se diera de baja con sus hijos y se procedió a darles de baja del Registro de Direcciones. Pero mi sobrina no se dio de baja del Carné de Identidad, lo cual descubrí años después al ver su nombre en el Censo Electoral de la cuadra.

Desde 1997 soy propietario de mi casa, por donación de mi madre, fallecida en el 2002.

Mi sobrina siempre se negó a darse de baja en el carné de identidad, hasta que en febrero del 2012 recibió un apartamento de tres cuartos, donde ella vive con sus dos hijos. Para mantener una apariencia de "legalidad" anotó en el carné de La Habana del Este a sus hijos como "transitorios", dejándolos "permanentes" en mi casa, donde nunca han vivido.

Debo aclarar que con anterioridad mi sobrina vivía con sus hijos en un apartamento en el edificio donde tenía el consultorio médico, y antes vivía con su madre.

Desde hace casi dos años vengo haciendo gestiones para darles de baja de mi dirección, sin lograrlo.

Las gestiones realizadas son las siguientes;

1. Dirección Municipal de la Vivienda de Plaza. Al solicitar el cese de convivencia, enviaron a una inspectora a mi barrio, la cual se entrevistó con siete personas, que le confirmaron que los hijos de mi sobrina nunca han vivido en mi casa, y posteriormente fue a la casa de mi sobrina, donde les notificó mi demanda, manifestándole que tenía diez días para reclamar, lo cual nunca hicieron. Además comprobó las magníficas condiciones en que vivían en su nuevo apartamento. Pero al no ser residentes legales ni físicos en mi casa, la DMV no pudo declarar el cese de convivencia (Resolución 1005/12), pero hace constar expresamente que ni legalmente ni físicamente ocupan mi casa.

2 Carné de Identidad de Plaza. Entienden mi situación y quisieran ayudarme, pero ellos no están autorizados a dar de baja a nadie.

3. Carné de Identidad de La Habana del Este. Ante mi reclamación, enviaron a un inspector a visitar a mi sobrina, y al comprobar lo denunciado por mí, procedieron a imponerles dos multas, pero expresaron que no podían proceder a darles de baja de mi dirección ni llevarlos a tribunales por desacato.

4. Fiscalía Municipal de Plaza. Manifestaron su pesar por mi situación, pero dicen que estoy en un limbo legal, ya que la única manera de darles de baja es que alguien se lo ordene al CIRP, mediante una resolución o instrucción, pero no tienen idea de quién puede emitir ese documento. Este criterio es compartido por la Fiscalía Provincial de La Habana. La Fiscalía General de la República es la que recibió inicialmente mi queja, pasando el caso a la provincia y esta a la del municipio de Plaza.

5. Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado. Me orientaron dirigirme a un Bufete Colectivo. En consulta con dos abogados de los Bufetes Colectivos de Plaza y Playa, estos me dijeron que no era posible llevar este caso a los tribunales. Que solo era necesario hacer la denuncia al CIRP para que resolvieran el caso.

6. Oficina de Atención a la Población del MININT. Analizaron mi demanda e hicieron consultas, pero manifestaron que no pueden hacer nada. Que solo hay dos salidas: que esos ciudadanos de manera voluntaria se den de alta donde en realidad viven, o que acuda a los Tribunales.

La Ley General de la Vivienda, en sus artículos 64 y 65, dice que el propietario decide libremente quiénes conviven con él, excepto las personas protegidas o desvalidas. Los hijos de mi sobrina viven en excelentes condiciones, junto a su madre, con la que siempre han vivido, por lo cual quedan excluidos de esa protección, promulgada para evitar abusos o actos inhumanos.

¿Cómo es posible que el CIRP vea normal tener a unas personas inscritas donde no viven ni nadie los conoce, y acepte que estén "transitorios" donde en realidad viven permanentemente con su madre con la cual están desde su nacimiento?¿Con una simple investigación no es posible restablecer la legalidad?

Desde hace más de dos años he tenido que asistir, de manera regular, al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, más conocido por Oncológico. Tengo la mejor opinión de ese hospital, de sus médicos, cirujanos y personal en general.

Sin embargo, algo empaña y desluce la buena imagen de ese hospital. El elevador que se encuentra por la entrada de la calle F (frente al Ortopédico), se encuentra roto desde hace aproximadamente mes y medio. Dicho elevador permite el acceso al segundo y tercer pisos de consultas.

Podrán imaginarse cuántas personas recién operadas tienen que acudir a esas consultas, cuántas en sillas de ruedas, cuántas con bastones por problemas motores u otras dolencias que les dificultan la subida de esas escaleras.

Nadie me lo ha contado, lo he visto con mis propios ojos, personas que han llegado en sillas de ruedas y han tenido que subir las escaleras a pie, con familiares apoyándolas a los lados. En otras ocasiones, he visto a doctores bajar y atenderlos en la planta baja, lo que es un motivo más para aplaudir y elogiar la conducta de nuestros médicos.

Pero esta conducta no es razón para que no se resuelva el problema. Lo más lógico y normal en un hospital, por las características del personal que asiste, es que los elevadores funcionen y evitar la amarga experiencia de subir escaleras, que pueden resultar para los enfermos tan largas como subir al cielo.

Lo más probable es que tenga que resolver esta situación una empresa que se dedique a estas labores, pero sea el que sea, hay dos cuestiones importantes: los malos momentos por los que tienen que pasar los enfermos que tienen que llegar a las consultas y la imagen del hospital, porque al enfermo y sus familiares no les interesan quién tiene que resolver el problema, sino que esté resuelto, y mientras tanto, el conflicto recae sobre el hospital.

No es mi intención juzgar, solo pretendo que esta situación se resuelva de una vez. Y si la dificultad es la falta de una pieza, no debe haber lugar con más prioridad que un hospital.

Escribo porque leí la carta publicada el 29 de junio sobre el cambio de olor de la colonia Bonabel Pétalos de Violeta y a mí me pasó lo mismo. Tengo dos pomos de esa colonia y no tienen el mismo olor. Del que compré hace poco no me gusta su olor y el otro, que recuerdo fue comprado en Santa Clara en agosto del 2010, tiene un olor sabroso. No presenté ninguna queja, pero al leer la citada carta veo que no me sucedió a mí sola. Yo lo compré sin olerlo, porque como tenía otro pensé que era el mismo.

Además, leí la respuesta de Suchel Camacho publicada el 13 de julio, donde las conclusiones son que la colonia comprada por la persona que presentó la queja no tenía ningún problema, pero yo tengo los dos frascos con la misma etiqueta y el olor de los dos es totalmente diferente, además de que vivo en una provincia diferente a la de la otra persona.