No es necesario ser economista, ni experto en Marketing para percibir algo "raro" en la tan alabada ley de oferta-demanda, que casi siempre se utiliza como sable contra quienes —con entera razón a veces, y en otras ocasiones con inusitado nivel de incomprensión—, se oponen a los elevados precios de determinados productos y servicios, esencialmente ofrecidos por trabajadores por cuenta propia. Para que esta Ley se manifieste en toda su magnitud deben coexistir dos condiciones básicas:

· Libre competencia: cantidad de vendedores (competidores) que utilizan de forma distinta las variables de comercialización (precio, producto, distribución y comunicación). O sea, un cierto número de oferentes que comercializan sus productos o servicios de manera desemejante, esencialmente mediante la diferenciación de precios.

· Libre concurrencia: la capacidad de elección del consumidor. Si no deseo comprar un producto o servicio del vendedor X, lo haré del Y, o del Z¼

Resulta muy fácil darse cuenta de que ninguna de estas condiciones básicas se expresa en muchos de los productos/servicios que ofrecen los cuentapropistas. La proliferación de vendedores no significa que exista libre competencia.

Pongamos por caso los cocheros: la piquera se atiborra de ellos, pero en términos comerciales no pueden ser considerados competidores, aunque satisfagan la misma necesidad, pues funcionan algo así como una corporación que impone precios a todos sus miembros. "Son dos pesos por tramo¼ y cuidadito con decir lo contrario, porque te bajas". En esas circunstancias el viajero se ve imposibilitado de acudir a algún otro "competidor", ¡pues no existe! Los ómnibus que podrían acudir a su ayuda, casi nunca están a la hora de ir al trabajo o siempre quedan retrasados. Es un escenario de competencia monopólica donde no rige una única empresa, sino una asociación "informal" de cocheros que abarca más del 50 % de la cuota de mercado del transporte urbano en algunas ciudades. Cierta vez, en un afamado programa radial de Santa Clara, algunos funcionarios de la dirección de Trabajo y Seguridad Social se escudaron con la ley de oferta-demanda para responder a las quejas de los ciudadanos sobre el aumento inusitado en alrededor del 100 % de los precios de los cocheros. No puede existir dicha ley cuando los supuestos competidores colaboran en la formación de precios, monopolizan una abismal cuota de mercado e imposibilitan al consumidor a acudir a otras ofertas.

Llamo la atención sobre este importante asunto, pues cada día escucho más rechazos del ciudadano común a los precios inflados de ciertas actividades por cuenta propia, a pesar de que con las últimas regulaciones estén disminuyendo para ellas la carga tributaria.

Ser un defensor del trabajo privado (donde me incluyo), no debe justificar la enajenación del Estado en la regulación de los precios de ciertos productos y servicios vitales para la población. Menos aun cuando se ejercen prácticas oligopólicas sobre ellos. Tal parece que los precios llegaron hinchados, y así se quedarán, no importa si se paga menos al fisco¼ ya tienen una "ley" que los respalde.

La Habana, 25 de enero de 2012
"Año 54 de la Revolución"
Co. Lázaro Barredo Medina
Director
Periódico Granma
Ciudad.

Ref.: Derecho Mercantil. ¿Una asignatura pendiente?

Estimado compañero:

He leído la entrevista de referencia publicada en la página 8 de Granma del pasado lunes, y me veo en la obligación de hacer algunas aclaraciones, que expongo a continuación:

Desde mediados de la década de los 90 el Derecho Mercantil se incorporó nuevamente al plan de estudios de la Licenciatura en Derecho, si bien ya mucho antes se impartía bajo el nombre de Derecho Comercial Internacional.

La bibliografía de la asignatura es actual y de autores cubanos, los libros extranjeros son materiales de consulta y apoyo. Aunque la doctrina cubana de Derecho mercantil es aún escasa, no hay ausencia total, dado que, además del texto básico, existen varios libros también de autores cubanos sobre Empresas Mixtas, Contratos Internacionales, Arbitraje Comercial Internacional, Mediación, y otras materias, por lo que no puede afirmarse que la asignatura no cuenta con bibliografía de origen nacional para su instrucción.

La apertura económica del país dando paso a la inversión extranjera se gestó a partir del Decreto-Ley No. 50, de febrero de 1982, luego en 1987 se constituyó la primera Empresa Mixta, y ya en 1994 se habían constituido varias decenas de Asociaciones Económicas Internacionales, a partir de cuya experiencia se promulgó la actual Ley de Inversiones Extranjeras en 1995.

El Código de Comercio de 1885, hecho extensivo a Cuba en 1886, está vigente aún salvo aquello que expresa o tácitamente ha sido derogado por las disposiciones legales dictadas después del triunfo de la Revolución, aunque muchas de sus disposiciones están marcadas de notable obsolescencia. Es así que las regulaciones del Código rigen precisamente la vida societaria de las Empresas Mixtas constituidas al amparo de la Ley de la Inversión Extranjera y de las sociedades mercantiles cubanas, igualmente se aplica a: los contratos mercantiles, la comisión mercantil, el transporte terrestre y, en especial, al transporte marítimo, por lo que resulta de frecuente invocación en la solución de litigios entre sujetos de las relaciones mercantiles internacionales con entidades cubanas, que se dirimen tanto en la vía judicial como en arbitraje, y, en este caso, tanto en la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional como en Cortes extranjeras. Para este último supuesto, muchas veces las partes deben acreditar el texto y vigencia de la norma legal invocada como fundamento de Derecho, lo que se realiza bien mediante una "Vigencia de Ley", expedida por Notario Público, o bien mediante un Affidávit (certificación expedida por dos Abogados en ejercicio), por lo que con frecuencia los Notarios o Abogados cubanos han debido certificar la vigencia de preceptos del Código de Comercio.

Con el objetivo de promover el estudio y contribuir a la formación de especialistas desde el 23 de marzo de 1997, fue constituida en el seno de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Sociedad Cubana de Derecho Mercantil, que cuenta con cientos de miembros, y que todos los años lleva a cabo eventos científicos nacionales e internacionales, como el que se está celebrando en el Hotel Nacional de Cuba, con la participación de 140 asistentes, sobre Arbitraje Comercial Internacional.

Considero que, en modo alguno, el Derecho mercantil es una asignatura pendiente en el país actualmente, aunque se debe continuar trabajando en la especialización, pues se evidencian problemas en la práctica diaria de las relaciones comerciales nacionales e internacionales. Pero se trata de una disciplina en la cual no basta solamente la teoría, y para formar verdaderos especialistas debe ir acompañada de una buena práctica, lo que requiere de tiempo y esfuerzos. Es ahí donde hay que trabajar.

Dejo en sus manos la forma de aclarar a los lectores esta lamentable confusión.

Siempre que leo esta sección de los viernes, nos complacen mucho los trabajos como los de A. J. Serra Rodríguez, porque muestran la capacidad de la evidencia cuantificada y con criterios de medida, que permiten que cualquiera que haga los cálculos llegue a conclusiones similares.

Aunque no debemos desesperarnos en materia de instauración de las mejores prácticas para construir nuestro socialismo, tampoco debemos dejar de emitir señales de inconformidad ante los absurdos manifiestos de los funcionarios, injustificablemente lentos y facilistas. Me refiero a que en materia de la construcción de viviendas y otras construcciones, paulatinamente, las medidas implicarán otras medidas, y entre todas harán ajustarnos a las mejores prácticas universales del funcionamiento de una de las ramas más dinámicas en la reproducción ampliada de nuestra economía y sociedad.

Ciertamente, la producción de las construcciones es una de las más subdesarrolladas, de baja eficiencia en el uso de los recursos materiales, de baja productividad, en fin donde mayor heterogeneidad y diferencias técnico-económicas existen entre los productores. Por tanto, es donde con más fuerza se presentan los sentimientos individuales y personales, donde con marcada objetividad se presenta la necesidad de las relaciones mercantiles y donde los sentimientos de propiedad privada sobre los procesos productivos reclaman una organización de la gestión que reconozca la participación protagónica de los trabajadores en los resultados finales de la producción y de las utilidades.

Existen medidas y elementos culturales que se vienen implementando y que van a rehabilitar el orden racional de estos procesos; entre ellas citamos:

· La ampliación del trabajo por cuenta propia.

· La flexibilización para desburocratizar la utilización de la Ley General de la Vivienda.

· Los contratos que harán con el banco las personas que reciban créditos bancarios o asignaciones de subsidios personales para la construcción de viviendas.

· La posibilidad y sistematicidad del uso de los constructores cuentapropistas, tanto por la población, como por las entidades estatales y las no estatales.

· La organización de las pequeñas y medianas empresas no estatales y estatales, en esta rama de la economía.

· La elevación de la cultura del detalle, de la competencia y la competitividad que introducen la apertura de una mayor diversidad de sujetos económicos en la sociedad.

· El perfeccionamiento de las empresas constructoras estatales, que incluye el uso de contratos y reclamaciones ante incumplimientos de los mismos.

· La ampliación de modelos de gestión modernos, tales como el Control Interno, la Dirección Participativa por Objetivo, la Dirección Integrada de Proyectos, etc.

· La sistematización del uso legal del pluri-empleo.

· El perfeccionamiento y proliferación del uso de los sistemas de pagos colectivos e individuales.

· El funcionamiento de los fondos financieros descentralizados a nivel de empresas para financiar el desarrollo social y la motivación de los trabajadores, lo cual conduce a que los colectivos laborales estatales se hagan cargo de sus propias vidas económicas.

· Los nuevos roles que les deparan a los gobiernos locales la utilización de los impuestos para el Desarrollo Local, en los que la implementación de modelos públicos para la gestión urbana y el desarrollo integral lo tienen a su disposición para multiplicar la eficacia de todos los sectores, entre ellos la construcción de viviendas y de edificaciones públicas.

Entonces, como dice un dicho popular, "la mesa está servida". De lo que se trata es de insistir en no ser morosos. Insistir en ser creativos. Denunciar los casos de inercia en las localidades y en nuestras entidades constructivas que no mejoran aceleradamente los sistemas de gestión. Recordar que en buena medida los incumplimientos en la producción para las inversiones constituyeron la razón principal del incumplimiento del PIB en el 2011.

Hay opiniones que, aunque las respetemos, necesitan de una respuesta, aunque no me considero la persona más adecuada en el tema. Mi frase favorita es "el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones" y en ella pensé al leer la carta "Cambiemos nuestra mentalidad". Es verdad, nuestra mentalidad debe "evolucionar", tiene que cambiar hacia lo que, en nuestro Socialismo, resuelva la situación económica, que en definitiva es la que sustenta toda la sociedad; sin embargo, si bien debemos tomar inteligentemente del sistema capitalista aquello que nos pueda servir para nuestros fines, no creo que la receta de liberalismo económico que nos están proponiendo en "Cambiemos nuestra mentalidad" sea la correcta.

El mundo capitalista se dio cuenta en su momento de su ineficiencia y actualmente está combatiendo la nueva receta edulcorada del imperialismo, el "neoliberalismo". Es necesario entender que está comprobado que el Estado tiene que controlar la economía, sea emergente o no, estatal o particular, pues de ahí se deriva su capacidad organizativa y evita la especulación y otros males económicos.

Si hablamos de precios multados, por lo menos sé que los precios multados del Estado se revierten en mi beneficio y en el de mi familia a través de la salud, educación y muchísimas cosas más, pero los precios multados de los revendedores no van en beneficio de la sociedad, sino en el de ellos, una gran diferencia diría yo; que se defiendan pero que no abusen, como es el caso.

Asimismo, estoy muy de acuerdo con continuar la eliminación de ese "falso igualitarismo" que tantos problemas nos ha creado material y espiritualmente como también con la correcta aplicación de la ley número uno del Socialismo: "De cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo". Pero, reitero, el Estado Socialista debe controlar la incipiente economía y tomar medidas con los infractores para que se desarrolle sin malformaciones.

La Dirección del país hace un gran esfuerzo por mejorar las cosas, hacerlas más viables y aligerar los trámites que nos vemos obligados a realizar y en los últimos tiempos se está insistiendo en hacernos ver la importancia que tiene el cumplir con las obligaciones tributarias en tiempo. Les cuento lo que me ha sucedido y quisiera que alguien me explicara el porqué.

El impuesto sobre el transporte terrestre (chapa) se pagaba en el banco mediante un modelo que uno mismo recogía y llenaba en el propio banco el mismo día que iba a hacer el pago.

Hace unos años la ONAT estableció que ese mismo modelo había que recogerlo en sus oficinas. En una ocasión, estableció una chequera por tres años que aliviaba los trámites, pues en ese tiempo no había que ir a la ONAT, sino directamente al banco. Ya el pasado año se quitó la chequera y entonces hay que ir a la ONAT a que te den el modelo para poder pagar.

Tengo la costumbre de pagar ese impuesto en enero. El pasado día 10 fui a la ONAT del municipio de Arroyo Naranjo con el comprobante de pago del año pasado a recoger el mencionado modelo. Primer viaje y primera cola.

El día 13 fui a la oficina del banco que se conoce como Quinta Canaria a pagar el impuesto (segundo viaje y cola) y para sorpresa mía no me quisieron cobrar, porque el modelo que me dieron en la ONAT tiene la fecha del día 10, que es cuando fui a ese lugar, y aunque el pago del impuesto según lo establecido vence en el mes de mayo, el funcionario que me atendió en la ONAT de acuerdo con las tres personas con que hablé, me puso esa fecha y yo tenía que pagar ese mismo día y que por tanto tenía que ir otra vez a la ONAT a que me dieran de nuevo el modelo con otra fecha.

Como ven, después de haber dado dos viajes y hecho dos colas, tengo que hacer lo mismo de nuevo y además de eso, no he podido cumplir con mi obligación tributaria.

Agradecería que alguien me explicara el porqué de estas cosas.

No me molesta tanto la falta de iluminación vial nocturna, como ver tantos postes encendidos durante todo el día, calles y calles enteras, en muchísimas zonas de la capital. Desde el municipio de Playa, donde resido, hasta Santa María del Mar, donde fui un tiempito atrás, por solo dar dos ejemplos.

Si la Unión Eléctrica me dijera que no tiene dinero para reponer las bombillas quemadas y por eso tenemos zonas oscuras, lo entendería, dada la situación económica del país. Lo que sí no entiendo por qué la UNE deja que su alumbrado público compita con el sol en áreas tan extensas de la capital, con el subsiguiente derroche de petróleo, que no debe ser poco. ¿Cómo es posible que durante un periodo tan largo de tiempo no encuentre ninguna solución? ¿El bolsillo de quién paga todo este derroche?

Hace años, el alumbrado del parque ubicado frente a mi edificio lo apagaba por la mañana y lo encendía por la noche una persona encargada para ello, manipulando el "catao" de la esquina. Y aquello funcionaba. Hoy invertimos y nos hicimos dependientes de las células fotoeléctricas para automatizar el encendido y apagado del alumbrado público, que a todas luces no dio el resultado esperado. Y me vuelvo a preguntar: ¿acaso no sería bueno mostrar mayor agilidad en buscar soluciones verdaderas de ahorro que se ajusten a las condiciones concretas del país? ¿Por qué tanta lentitud en atajar los problemas?

La vida ha demostrado que no todo depende de las dificultades económicas, sobre todo cuando hay voluntad y deseo para poner la inteligencia, a menudo necesariamente colectiva, en función de solucionar los problemas. Quizás así, de lo mismo que se ahorró, se podrían comprar algunas bombillas y poner más confortables las noches citadinas.