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La entrega de panaderías en arrendamiento: una opinión diferente No considero atinada la opinión de entregar las panaderías en arrendamiento a los trabajadores. Tampoco pienso que ello elimine el robo. Parecería que el robo en las panaderías está generado por el carácter de la propiedad. La propiedad privada ha engendrado todo tipo de robos y tiene título de campeona en diversas modalidades empezando por el robo más sutil de todos, el de la explotación del hombre por el hombre. Dentro de las cooperativas de todo tipo incluidas las familiares y en todas partes del mundo y en todo tipo de negocios existe el robo. Entre compradores y vendedores desde épocas muy remotas hasta nuestros días existe el robo y el engaño. La política de arrendamientos la interpreto y la comprendo fundamentalmente dirigida a facilitar el empleo y garantizar servicios o producciones que el Estado no puede satisfacer como es necesario, pero ese no es el caso de la red de panaderías que existe a lo largo y ancho del país en la que el Estado ha hecho cuantiosas inversiones, empleando un numeroso contingente laboral de manera estable, ofertando un alimento de primera necesidad con harina de importación aun en las condiciones económicas más difíciles, entre ellas este largo periodo especial que no sé si alguien sabe cuándo terminará, tomando en consideración la grave situación de crisis internacional y de la producción y comercio de alimentos. No niego que pueda estudiarse y poner en producción panaderías no estatales allí donde pueda ser aconsejable por múltiples razones y que ello beneficie al Estado y a los consumidores, pero estoy convencido de que la producción de pan en establecimientos estatales, si actuamos como es debido, puede ser mejor, más segura y beneficiosa que otras. Por último digo, si yo fuera panadero protestaría enérgicamente por los calificativos de ladrón esgrimidos contra un sector que, como todos, debe elevar su trabajo a niveles superiores y tiene potencialidades para lograrlo en condiciones socialistas de producción. No nos deslumbremos con las modalidades de la producción y los servicios por cuenta propia y otras formas no estatales como nos deslumbró en su momento la producción estatal y el socialismo, todo va a requerir del perfeccionamiento inteligente de nuestra sociedad socialista en su conjunto sin despreciar la propiedad de los pequeños productores, los arrendatarios y otros que integran nuestro sistema económico y la dedicación y esfuerzos necesarios para avanzar sistemáticamente en la satisfacción de nuestras necesidades materiales y espirituales. J. Bernal Camero Una opinión sobre las notarías En el pasado mes de agosto, Granma publicó la opinión de un lector relativa al trato informal e irrespetuoso de que fue objeto en la Notaría de Alamar, ocasión que aprovechó para poner de forma general el dedo sobre la llaga, al inquirir: ¿Cómo vamos a garantizar en un futuro cercano los trámites que se avecinan a través de notarías y de los que se ha hablado en los Acuerdos del Sexto Congreso del Partido? Habida cuenta que las notarías prestan un conjunto de servicios indispensables en el ordenamiento social, vuelvo sobre el tema partiendo de las premisas siguientes: Desde hace muchos años, la demanda de servicios notariales rebasa con creces las capacidades habilitadas; al punto de que, normalmente, se hace necesario "marcar la cola" de un día para otro, noche incluida, si se pretende solicitar un servicio. Los asuntos contratados por la población en los Bufetes Colectivos, que requieren de algún servicio notarial para ser llevados a feliz término, se dilatan más allá de lo razonable, con la consiguiente afectación a los ciudadanos y a los propios abogados. La remuneración de los notarios no se corresponde, ni remotamente, con el volumen, complejidad e importancia del trabajo que desempeñan. Aún si obviáramos el "pico" de trámites que se avecinan, la nueva política estatal para la transmisión de propiedades, generará un incremento estable de la demanda de servicios notariales. Entonces, me pregunto: ¿Por qué a los notarios no se les retribuye, a tenor del "pago por resultados", una fracción de la tarifa de cada asunto concluido? ¿Por qué a los notarios no se les garantiza, como componente del salario, una cantidad fija por concepto de "consultas"? ¿Por qué no se incrementan y flexibilizan las oportunidades de habilitación a los profesionales del Derecho, para crear una reserva potencial? ¿Por qué no se habilita a los abogados de los Bufetes Colectivos, que así lo deseen, para que puedan brindar servicios como abogados y notarios? E. de J. Martínez Martínez Una buena discusión del personal médico Soy paciente del policlínico docente Antonio Pulido Humaran del Consejo de Arroyo Arenas en La Lisa y durante mi visita al mismo por problemas de salud, ya que padezco de una patología digestiva y de hipertensión arterial, pude conocer de la carta del 23 de septiembre en el periódico Granma titulada "Enfrentar lo incorrecto en la asistencia médica", ya que coincidentemente se estaba discutiendo con trabajadores de servicio, donde se repudiaba un hecho incorrecto por parte de un médico que olvidó su razón de ser como profesional de la salud revolucionaria y el humanismo que siempre han caracterizado a los médicos de nuestra Revolución. Me llamó la atención cómo se discutía con fuerza y se denunciaba lo incorrecto de este proceder, y cómo entre las opiniones que se daban se planteaba el esfuerzo que hace nuestra Revolución y el Ministerio de Salud Pública para poner los servicios del policlínico en manos del pueblo y acercarlos a la comunidad, estos que un día estaban a nivel de hospitales y que hoy a más del 90 % se puede acceder visitando estas áreas de salud; también cómo los profesionales de este sector hacen un esfuerzo por brindar lo mejor de sí a pesar de los problemas económicos, de transporte, de algunos recursos que escasean, pero que el más importante de los recursos es el amor con que se brindan los servicios en este policlínico. Invito a que visiten este policlínico que se encuentra en el municipio de La Lisa y puedan ver con sus propios ojos cómo da gusto estar allí, siempre lo ha caracterizado la limpieza del mismo, la cultura del detalle, la limpieza de sus consultas y servicios, el buen trato de los médicos, enfermeras y técnicos, he visto con mis propios ojos cómo luchan contra la muerte todos los días y la amabilidad con que tratan de curar nuestros problemas. Este policlínico en el mes de abril de este año, fue declarado colectivo moral y es digno reconocer que esta es la medida por la cual debemos medir la salud de nuestra Revolución, lo incorrecto se denuncia con fuerza, basta ya de seguir arrastrando actitudes negativas en este sector, nuestro pueblo demanda de la salud mucho humanismo y solidaridad, pero también responsabilidad de los administrativos que dirigen estas instituciones, que son los que tienen que velar por que funcionen y cumplan con su razón de ser que es dar salud al pueblo. Coincido con la compañera que hizo la denuncia de lo sucedido en el policlínico de Capdevila, en el hecho de que sancionar no es la solución, sino educar; pero estos son tiempos que hay que ser enérgicos y denunciar lo incorrecto, incluso sancionar si eso repara el mal de raíz, además de cambiar todo lo que deba ser cambiado, pero más que eso defender con energía y mucho valor lo que la Revolución ha puesto en manos del pueblo. M. González Biñottez Violaciones urbanísticas y sus responsables Mucho se ha escrito y se sigue escribiendo en la prensa sobre las ilegalidades constructivas en nuestros pueblos y ciudades; pero nunca se ha planteado que los únicos responsables de esas violaciones por permitir en unos casos y por autorizar en otros, son las propias oficinas de Planificación Física y las dependencias del sistema de Vivienda. En esas oficinas radican los inspectores que durante décadas han estado cobrando un salario para no permitir esas violaciones. También los gobiernos municipales tienen su responsabilidad porque en sus reuniones de chequeo solo exigen cantidad de multas impuestas y no de obras paralizadas por violaciones. Llevo años visitando la playa de Santa María y parqueando en el parqueo donde se situaba un mini-restaurante en divisa llamado Don Pepe, que estaba mal microlocalizado ya que lo construyeron sobre el asfalto limitando el área de parqueo. En este verano demolieron dicho mini-restaurante para construir otro con mayor superficie de construcción, al parecer autorizado por todos los organismos competentes y con su respectiva licencia de construcción. Con tanto terreno libre que rodea este hermoso parqueo ¿por qué se autoriza a reducir la capacidad del parqueo impidiendo que los que frecuenten esa área de la playa durante años tengan que dirigirse a otra zona porque este no tiene capacidad. Hablamos de urbanismo pero esta solución arquitectónica niega y destruye el urbanismo que deseamos recuperar y más en una zona turística. M. Álvarez La metrología y normalización son imprescindibles en la actualización del modelo económico Conociendo parte del trabajo que compete a la Oficina Nacional de Normalización, he llegado a la conclusión de que, cualquier nuevo modelo económico en nuestro país, debe pasar por la revitalización de su trabajo y potenciar su autonomía, la que en los años 80 del pasado siglo funcionó como Comité Estatal de Normalización. Son variadas en estas páginas las quejas de la población por incumplimientos que son competencia de esta entidad y que con el transcurrir del tiempo se han ido perdiendo. Solo señalaré, a modo de ejemplo, lo que dice el tercer POR CUANTO del Decreto Ley 183, conocido como "Ley de la Metrología", firmado por nuestro Comandante en Jefe en febrero de 1998: "Se hace necesario proteger a los ciudadanos de los dañinos efectos de las mediciones incorrectas y del uso de medios de medición no apropiados en actividades relacionadas con las transacciones comerciales, la salud pública, el medio ambiente, la seguridad técnica, usos postales y legales y otras de interés público". Las páginas de Granma han sido tribuna para denunciar problemas relacionados, fundamentalmente, con el pesaje de productos, pero cabe preguntarse también, ¿puede haber control interno sin tenerse certeza de que los medios utilizados para las mediciones estén "Aptos para su Uso"? ¿Puede ser "eficiente" una empresa donde sus medios pueden estar rotos, alterados o simplemente no son los adecuados, y por ello reportan mayores producciones, que luego terminan en expedientes de ajustes en sus almacenes? Sin Aseguramiento Metrológico no hay control y para exigirlo se requiere de una organización rectora fuerte. Fue nuestro Che Guevara, con su pensamiento económico, el precursor de la integración de nuestro País a la Organización Internacional de Normalización (ISO) en los primeros años de nuestra revolución. Se ha conocido en Cuba una amplia bibliografía con experiencias derivadas de la aplicación en el mundo de las Normas de Gestión de la Calidad de esa Organización, conocidas como ISO 9000. En nuestro propio país hay ejemplos que permiten avalar la validez de estas, entonces ¿por qué no es obligatoria su aplicación en todas nuestras entidades o por lo menos, se exige su implantación en las que producen fondos exportables? En mi opinión, hemos perdido tiempo aplicando el Perfeccionamiento Empresarial que, de haberlo dedicado a la implantación de las ISO, el avance hubiera sido superior. No es porque el Perfeccionamiento sea malo, sino porque los Sistemas de Gestión de las ISO acumulan la experiencia del mundo, sobre todo desarrollado, y se ha ido perfeccionando en el tiempo y adecuándose a diferentes situaciones, cosa que nuestro Sistema de Perfeccionamiento no ha tenido. Muchas personas con las que he intercambiado, conocedoras de las ISO, piensan de esta misma forma. La Oficina Nacional de Normalización es también rectora de la calidad y de la estandarización de equipos, dos cosas en las que, a mi modo de ver, aunque se ha avanzado, nos falta mucho camino por recorrer. Debo reconocer de esta Oficina la preparación técnica y profesional que siempre ha mantenido con su personal, tanto dentro del país como en el extranjero, algo a imitar. También es justo hacer mención a esos técnicos que, con grandes conocimientos y poco estímulo salarial, se han mantenido firmes en sus puestos de trabajo sin dejar caer la bandera de la calidad, la metrología y la normalización, sinónimos todas de eficiencia. J. R. Reynaldo Sánchez Por el laberinto de las multas y los procedimientos Soy asiduo lector del diario Granma y de la Sección Cartas a la Dirección, aun cuando es anémica en respuestas a las inquietudes por parte de los implicados, la veo como un medio para el debate popular de lo que más nos afecta en el ámbito subjetivo. Sobre las multas he tenido la oportunidad de leer dos opiniones y un hecho reciente me convoca a seguir por su laberinto. El Decreto No. 272/2001 "Sobre el Ordenamiento Territorial y Urbanístico" es el fundamento legal tras el cual se amparan los inspectores de los organismos implicados para cometer innumerables injusticias, dado a mi modo de ver por lo improcedente que resulta la redacción del Art. 24. Sección II del antes mencionado decreto y cito: contra la medida impuesta por las autoridades facultadas se podrá establecer recurso de apelación ante el Jefe inmediato superior de la autoridad que impuso la medida. El recurso se interpondrá dentro del término de tres días hábiles siguientes a su notificación (invalidante para reclamar de incumplirse, explícito en la citada ley) y se resolverá dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de impuesto (no invalidante para el reclamado de incumplirse por no estar explícito en la ley). Para la admisión del recurso, será requisito haber abonado la multa o firmado contrato de pago con la oficina correspondiente. Contra lo resuelto no cabe ningún recurso ni procedimiento en la vía administrativa ni judicial. Lo expresado anteriormente lo fundamenta el siguiente ejemplo: el 19 de mayo del presente el inspector Jorge Luis Varga, perteneciente al Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades de la Dirección Municipal de la Vivienda de Taguasco, se personó en la casa de mi mamá y manifestó que recibió una denuncia y que tenía que imponer una multa. ¿La denuncia se resuelve imponiendo una multa para satisfacer al denunciante? O hay que analizar el fundamento de la denuncia, las causas y condiciones, la conducta social y revolucionaria del denunciante y denunciado, y las implicaciones que en el ámbito moral tal actuación puede provocar. Mi hermana, a cargo de mi mamá que tiene 82 años, asumió la multa y en el término y circunstancias que establece la ley reclamó la misma cumpliendo todas las formalidades, a la que le agregaron una que no exige la ley, consistente en abonar un sello de 10 pesos. En tres ocasiones, mi hermana o su hijo se personaron en la DMV indagando por el fallo y siempre recibió una evasiva, vencido ya el término que establece el art. 24 se personó otro inspector que tuvo que venir en dos ocasiones, al parecer porque no estaba claro de la tarea que debía cumplir. ¿Cómo es posible que exista una ley donde un inspector impone una multa y otro inspector la investigue, si dado el caso mañana el inspector investigador se convierte en inspector investigado?, si esa facultad es dada al Jefe del que impuso la medida. El 1ro. de agosto me personé en dicha DMV y exigí la Resolución del fallo, después de decirme la Directora Jurídica que ¿para qué yo quería la resolución si la misma no era apelable ni en lo administrativo ni lo jurídico?, a lo que le respondí que es un derecho ciudadano que nadie puede violar y porque lo que no tiene apelación en lo jurídico o administrativo tiene al menos una reclamación en lo ético y moral. Después de dos horas de dilación, me la entregaron. Pregunto: 1. La extemporaneidad: ¿Es dada en términos de la ley solo al reclamante o también al reclamado? ¿Si el reclamante no cumple los términos pierde el derecho a reclamar y si el reclamado no lo cumple qué pasa? ¿A quién dirigirse? 2. ¿Puede un Decreto que tanto impacto tiene en la sociedad ponerse en manos de autoridades incompetentes e insensibles? 3. ¿Cuando no se tiene derecho legal y/o administrativo se pierde también el derecho a denunciar el maltrato y la falta de ética profesional? Consulté a la Fiscalía para denunciarlos por transgredir la legalidad y me dijeron que eso es una violación administrativa. ¿Transgredir la ley por una autoridad facultada para impartir justicia es una violación administrativa? El art. 127 de la Constitución de la República distingue a la Fiscalía como el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos. Parece que en Taguasco es solo para los ciudadanos. ¿Es administrativo o competencia de la Fiscalía? E. del Sauzal Ramos ¿Hasta cuándo los revendedores? El revendedor es parte del entorno de todas nuestras cadenas de tiendas, ese personaje que tiene todo aquello que está en falta dentro de la tienda y que ofrece su amplia gama de mercancías con total desenfado en presencia de todos. Si Ud. va al mercado de 70, en Playa, afuera le ofrecen comida, equipos, etc., etc. Si va a Carlos III, muebles, equipos, colchones de marca, jacuzzis, etc., etc. Si va a una tienda de autopartes, le ofrecen de todo. A pesar de que la actual política estatal de eliminar las restricciones a la venta de equipos electrodomésticos y de computación les va cerrando el campo, queda todo un ejército de esos personajes medrando con las necesidades de la población y viviendo sin trabajar. Hace unos días, sin ir más lejos, he visitado las ferreterías de Palco, Náutico y 42 y 1ª, y a pesar de que en ninguna de ellas hay cemento blanco, afuera lo ofertan en la cantidad que quiera aquel que lo necesite y pague los precios que exigen. No lo fabrican. Es robado al Estado. Luego entonces, ¿por qué se sigue permitiendo? ¿Por qué vemos a estos personajes ofertando delante de los agentes de Orden Público sin ningún recato? Puedo aseverar que he visto hasta a una pareja de agentes del Orden pasar delante de aquellos que pregonan sus mercancías sin la menor ocupación por el tema. ¿No se puede solucionar este problema que ofende y corrompe? Ellos no están ocultos, y es en verdad una vergüenza que esto siga pasando. ¿hasta cuándo? J. C. Amor Necesidad de poner a la venta bombas de agua (turbinas) en Santiago de Cuba En la red de tiendas TRD, Panamericanas, Caracol , etc., de Santiago de Cuba no existen a la venta bombas de agua, popularmente conocidas como turbinas. Las mismas fueron retiradas en el 2006, al comenzar la Revolución Energética. Para los que vivimos en altos nos es complicado acceder al agua, aún luego de la rehabilitación hidráulica de la ciudad. Creo que se puede hacer, como ya están a la venta equipos acondicionadores de aire, equipos de parrillada, etc., que incluso son más consumidores de energía. A. J. Fernández Costa
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Publicadas
el 7 de octubre de 2011