Cuando yo era pequeño, siempre escuchaba decir a mis mayores un sabio refrán: "A grandes males, grandes remedios", y hoy en día veo que los males que asolan a mi país, en su gran mayoría, son grandes males.

Ya estamos prevenidos por nuestros principales dirigentes: el Comandante en Jefe y el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, que no será el imperialismo ni sus asalariados internos los que darán al traste con el socialismo en Cuba. El engendro del aniquilamiento del sistema social, que todos votamos en nuestra Ley Primera, y al que no estamos dispuestos a renunciar, está dentro de la Revolución misma en la burocracia centralista e inmovilista que habla de cambios para las graderías y frena y entorpece cualquier tipo de reforma que se intente implantar, acusándola de regreso al capitalismo o utilizando otros manidos clichés.

No tenemos derecho a esperar pacientemente un cambio en la mentalidad enquistada de los detractores de las grandes transformaciones, de las que está urgido nuestro socialismo. Hay que eliminar las causas que dieron lugar a todos los males que padecemos actualmente, principalmente al exceso de centralismo en la dirección del país en todas las esferas de la vida. No se trata ya solamente de aplicar la fórmula de: "el que no trabaja no come", sino de llevarla al punto de "el que no trabaje, y no trabaje bien, no come".

Hay que acabar de llevar a vías de hecho lo planteado en el VI Congreso del Partido sobre las nuevas formas de propiedad en la mayor parte de la producción y los servicios. Los empresarios y los trabajadores tienen que asumir la responsabilidad de la rentabilidad y la eficiencia y no dejarlas al libre albedrío de los ministerios y sus inoperantes empresas centralizadas, llenas de trabas burocráticas y mecanismos incongruentes. Los trabajadores han de sentirse, verdaderamente, partícipes del destino de su empresa, y han de ver materializado, en su bienestar y el de su familia, los buenos rendimientos y resultados de su trabajo, así como deberán asumir la responsabilidad por el fracaso de su gestión laboral, con todas sus consecuencias, sin esperar que el Estado, de forma paternalista, les saque las castañas del fuego.

El Estado socialista ha de ocuparse y preocuparse por las esferas de significación estratégica, y no ha de desgastarse en la administración de actividades que no le competen para nada y solo le restan fuerzas para el cumplimiento de su verdadera razón de ser, la de fomentar el desarrollo armónico e integral de la nación en todos los aspectos fundamentales y garantizar la equidad, brindando a todos igualdad de oportunidades. El nivel del bienestar individual dependerá del esfuerzo de cada cual y de su aporte a la sociedad.

Hay que facilitar un verdadero desarrollo comercial entre todos los productores de bienes y servicios, basados en el principio de las relaciones monetario mercantiles, mediante contratos de obligatorio cumplimiento y con amparo jurídico. La legalidad debe estar presente en toda la actividad comercial y los gestores deberán responder ante ella por cualquier violación de las leyes.

Aparejado a todo esto, se hace impostergable la solución de otros problemas no menos urgentes, que constituyen serios obstáculos para la implantación de las reformas que deben acometerse. La eliminación de la libreta de abastecimientos, de la doble moneda y de todos los subsidios innecesarios, constituye un imperativo de los nuevos tiempos, para lograr el objetivo ansiado de traer a nuestra tierra la necesaria prosperidad y construir un socialismo eficiente, democrático y participativo, sin exclusiones dogmáticas ni exclusivismos discriminatorios de ninguna índole.

El compañero Raúl Castro, también Machado Ventura y otros compañeros, han insistido antes, durante y después del Congreso del Partido en la imperiosa necesidad de recomenzar o recuperar la utilización del contrato económico como herramienta principal en la planificación y producción de alimentos en el país, y liquidar, definitivamente, el vicio de engavetar los contratos. Pero, independientemente de que aún tal conciencia no se haya asumido por todos los que debieran, hay un aspecto del asunto que, según entiendo, no se ha tomado en cuenta y es de suma trascendencia. Se trata de que el verdadero vicio no reside en que las empresas acopiadoras estatales contraten o no con las CPA, con las CCS y demás bases productivas. Ni en que cumplan o no con lo contratado por dichos acopiadores. Aunque todo esto claro que es importante.

El verdadero vicio, diría yo, y más que eso, el pecado original, reside en que si bien el movimiento campesino garantiza el 70 % o más de los alimentos que se producen en el país; al productor directo, sea campesino propietario o usufructuario, la CCS a que está integrado no le hace contrato. Le hace el plan de producción, le indica lo que debe sembrar y cuándo, y lo que deberá entregar y cuándo, y a qué precio. Pero no le contrata lo planificado al productor directo. Y así, cuando está la producción lograda, no hay obligación legal alguna de recibirla y pagarla, al precio prefijado y con la calidad estipulada.

Hay más. Cuando alguna CCS-F le hace un contrato al productor, luego no lo cumple y el productor no puede accionar legalmente contra la CCS-F porque no tiene personalidad jurídica para concurrir ante los órganos jurisdiccionales, y porque quien tiene abogados para que la defiendan es la CCS, que además, sí tiene personalidad jurídica, y es, por tanto, sujeto de Derecho. El productor directo no puede ser defendido ante la Sala Económica, porque los consultores jurídicos no defienden a personas naturales, esto es a particulares, sino a entidades, a personas jurídicas.

Otro aspecto del problema es que la Sala Económica del Tribunal es Provincial. Uno se pregunta, cómo logra acudir ante dicha Sala, situada a 50 o 150 kilómetros de la tierra que hizo producir, un campesino o usufructuario, contra su CCS-F, que además de tener abogado está mucho más cerca de la sala de justicia. Si de hacer cambios útiles se trata, lo primero que habría que pensar es en modificar las leyes vigentes, hacer salas económicas municipales, que atiendan esos conflictos contractuales, "a pie de obra o al pie del surco".

Lo segundo sería modificar la actual ley 95 o Ley de Cooperativas, de 2 de noviembre del 2002 y su Reglamento de 17 de mayo del 2005, en el sentido de establecer allí la obligación legal de que la CCS no solo le planifique la producción al campesino, sino que también le contrate lo producido, y se fijen precios, calidad, plazos de entrega, envases, transportación, etc.

Y sobre todo, crear la base legal para darle al productor directo (propietario o usufructuario) personalidad juridica que le posibilite acudir ante el Tribunal para demandar a la CCS que incumplió su obligación con ese productor.