Está expuesto por la alta dirección de nuestro país que tenemos que desterrar el concepto de que Cuba es el único país del mundo donde se puede vivir sin trabajar; a mi juicio esta decisión es trascendental para nuestro futuro y su concreción urge. Lograr ese cambio de percepción, bastante generalizada, es tarea muy difícil por cuanto implica de reeducación.

Hay otro concepto que es igualmente urgente erradicar, dentro de una amplia gama, que es el siguiente: es mejor sobornar al Inspector que pagar la multa, quizá este es peor que aquel. Comprobar esta práctica es cosa muy fácil.

Los que ejercen la Inspección hoy día, en sus múltiples variantes, no en todos los casos han recibido la preparación y entrenamiento necesarios. Ignoro detalles acerca de los elementos que se tienen en cuenta para la selección de estos trabajadores, así como si existe algún código de ética para los mismos.

Lo cierto es que el país dispondrá en muy breve plazo de personas debidamente calificadas que por un imprescindible (y urgente) proceso de reducción de plantillas quedarán disponibles. Supongo que entre el cuerpo de inspectores se produzca este proceso con especial exigencia y control; que quienes no tengan la idoneidad demostrada vayan a ocupar alguna de las múltiples opciones que existen y sean sustituidos por personal calificado, confiable y comprometido con la legalidad.

Desmoviliza y desmotiva ver a determinados inspectores con estilos de vida muy por encima de lo que sus posibilidades económicas lícitas permiten. Si es grave que haya una violación en el peso real de 10 libras de carne de cerdo, por ejemplo, es más grave y detestable que un inspector sea sobornado. Es una traición del infractor y del que está para impedirlo. Sigo creyendo que millones de cubanos y cubanas podemos conquistar toda la justicia.

El motivo de esta misiva es aportar mi modesto criterio acerca del comentario titulado "Sí, hay que revisar las plantillas", de L. Campoalegre Sánchez, publicado en la edición del pasado 29 de octubre. En dicho escrito se cuestiona la necesidad de las entidades de contar dentro de su plantilla diversas plazas, entre las que se hace alusión a los jurídicos, agregando para fundamentar su opinión que "por qué se necesitan tantos jurídicos, como si estuviéramos en el medio de un país capitalista, donde un abogado es capaz de utilizar sus mañas para liberar de la justicia a un tramposo empresario o político, burlar al fisco con sus artimañas o dejar en bancarrota a una empresa similar con sutiles engaños", de lo cual se infiere que, a su entender, el asesoramiento jurídico a las empresas no es imprescindible.

Considero que se está minimizando la importancia del asesoramiento jurídico a empresas en un país con un sistema social como el nuestro. La Constitución de la República de Cuba establece en su artículo 10, que "todos los órganos del estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad".

El cumplimiento de la legalidad socialista está relacionado con la calidad del trabajo del asesoramiento jurídico que reciba cada entidad y la adecuada utilización y atención que se le brinde al desarrollo del trabajo jurídico. El Decreto No. 138, promulgado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el 20 de marzo de 1987, "NORMAS PARA EL TRABAJO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO", en su artículo 13 establece las atribuciones de los asesores jurídicos de las uniones de empresas, empresas y unidades presupuestadas, entre las que se encuentran: representar a la entidad y defender sus intereses ante los órganos, organismos y demás entidades nacionales y extranjeras o internacionales, asesorar en todos los aspectos jurídicos de la gestión que desarrollan, elaborar o participar en la elaboración de todos los documentos jurídicos que disponga el jefe y los demás dirigentes de la entidad, advertir al jefe de la entidad de las irregularidades que detecte que puedan constituir violaciones de la legalidad e indicar la conducta a seguir de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, proponer medidas que contribuyan al desarrollo de la conciencia jurídica, proponer medidas dirigidas a la observancia del cumplimiento de la legalidad socialista y divulgar la legislación vigente, entre muchas otras.

Utilizando sencillos ejemplos cuyo alcance abarca a cualquier trabajador, pudiéramos afirmar que, sin un adecuado asesoramiento jurídico, una determinada empresa pudiera confrontar situaciones que van desde las implicaciones negativas que trae consigo un Convenio Colectivo de Trabajo, Reglamento Disciplinario Interno u otro reglamento deficientemente elaborados, pasando por una medida disciplinaria o una responsabilidad material erróneamente aplicadas, hasta la paralización de la producción o los servicios por no preverse a nivel contractual los detalles necesarios para que fluyan sin contratiempos las relaciones comerciales con otras entidades, tanto clientes como proveedores.

Por otra parte, estoy plenamente de acuerdo con L. Campoalegre Sánchez en el sentido de que ciertamente se debe revisar con profundidad cada puesto de trabajo en las plantillas, incluyendo el de asesor jurídico, no porque se pueda prescindir de dicha actividad, como expliqué con anterioridad, sino porque existe como alternativa, la de contratar los servicios jurídicos que brinda la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, así como las consultorías adscriptas al Ministerio de Justicia, que cobran una tarifa establecida mediante una resolución del citado organismo, en dependencia del grado de complejidad de la empresa que necesita el servicio.

Formo parte de un pequeño grupo de profesionales de la construcción que tenemos entre 58 y 62 años de edad.

Todos comprendemos la necesidad de racionalizar las plantillas infladas, los pagos indebidos, las gratuidades, la no correspondencia entre el salario devengado con la cantidad y calidad del trabajo realizado y todo lo que lastra y daña nuestra economía. Somos cubanos que hemos dado lo mejor de nuestras vidas, en la parte que nos tocó del siglo XX y hoy tenemos los pies puestos sobre la tierra en el XXI, con sueños, metas y aspiraciones por realizar.

En lo personal tenía puestas mis esperanzas, para los nuevos tiempos que se avecinan, en los trabajos que serían autorizados a realizar por cuenta propia, pero en la información aparecida en Granma con fecha 11 de octubre, conocimos que la cantidad de estos eran solamente 178 y de ellos, 124 ya estaban autorizados desde 1996. Del listado solo una se ajustaba con mis posibilidades y conocimientos, el No. 148: "Contratista privado".

A partir de ese momento, comencé un estudio de mercado, para determinar las posibilidades reales de lograr resultados positivos en esa actividad y comprobé que existe un mercado potencial de trabajo, construyendo viviendas sociales para la población, concertando contratos con los gobiernos municipales o el Instituto de la Vivienda, programando una estructura de trabajo funcional (hasta 10 trabajadores), empleando el multioficio, concentrando en el contratista toda la actividad indirecta, así como las técnico–administrativas y de suministros, desarrollando el sentido de pertenencia del colectivo y accionado los resortes productivos de cada integrante. Estos aspectos constituirían las premisas para lograr resultados positivos, que superen con creces a los que hoy alcanzan las entidades constructoras estatales, con estructuras de dirección y administración complejas, altos números de indirectos, sistemas de transportación que no siempre se corresponden con las necesidades de la atención al hombre, custodios, suministros materiales y otros. Las estructuras de las empresas constructivas están diseñadas para la ejecución de obras grandes o medianas, pero son improductivas para la realización de viviendas de una o dos plantas, diseminadas en lugares distantes.

Con la publicación de la Gaceta Oficial No. 12, el lunes 25 de octubre, la Resolución No. 32/2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sale la lista de las actividades autorizadas para el ejercicio por cuenta propia y la actividad de "Contratista privado", aparece con el No. 148, en el anexo No. 1, Actividades autorizadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. En el anexo No. 2, Actividades por cuenta propia controladas por otros órganos, organismos y entidades nacionales, parece que es controlado por el Palacio de las Convenciones. En el anexo No. 3, Actividades autorizadas a utilizar los servicios de trabajadores contratados, la actividad aparece autorizada a utilizar trabajadores contratados y es controlada por el Palacio de las Convenciones y por la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana. Pero en la Resolución No. 286/2010 del Ministerio de Finanzas y Precios, aparecen en las normas referidas al pago de los impuestos, en los límites de gastos autorizados a deducir para la determinación del impuesto sobre los ingresos personales, en el Anexo No. 1, Grupo III: Sector de la Construcción. Aparece que el Contratista privado, pagará hasta el 30% de los ingresos obtenidos a la empresa constructora que lo contrate. Aquí no mencionan ni al Palacio de las Convenciones ni a la Oficina del Historiador de la ciudad.

Como no todo está claro, realicé los contactos pertinentes con los funcionarios del Ministerio del Trabajo, para aclarar todas mis dudas, pero cuando les mencioné que soy ingeniero civil, con 37 años de experiencia en la actividad constructiva y de proyecto, me pusieron mala cara y un funcionario intermedio, me manifestó que los profesionales no podíamos acceder a ese tipo de actividad por cuenta propia y otra funcionaria de más rango, me aconsejó que me pusiera a vender alimentos ligeros que era más lucrativo. Todo parece indicar que tendré que esperar por las orientaciones y aclaraciones que deben llegar a las entidades responsabilizadas con la actividad.

Nosotros, desde 1987 al 2008, podíamos realizar actividades de proyectos a través de la UNAICC, no eran relaciones perfectas, era una correspondencia difícil, sobre todo en el 35% de distribución de las ganancias que recibían los autores de los proyectos, pero teníamos algo que nos permitía sobrellevar el incremento del costo de la vida y aunque el tope de lo devengado no podía exceder de 5 000 pesos al año y de ellos, había que pagar a la ONAT, el impuesto sobre la ganancia de 350 pesos anuales, nos quedaban unos 4 650 pesos, que divididos en 12 meses, equivalían a 385,50 pesos mensuales, esto no hacía rico a nadie.

Hay que señalar que los proyectos realizados por la UNAICC, eran aquellos liberados por el "Frente de Proyectos", al no disponer de capacidades de producción en ninguna de las entidades proyectistas.

En mi caso, realizaba algunos proyectos de viviendas, del "Plan de la CTC" o del "Plan por Esfuerzo Propio" y al desaparecer la posibilidad de realizarlos, estos pasaron a formar parte de la cola de trabajos, en las entidades de proyectos de la vivienda que por lo general son presupuestadas, o sea, que el Estado tiene que sufragar parte de sus costos, pues la actividad de proyectos de viviendas, poseen precios diferenciados que protegen a la población.

No pretendo defender a la UNAICC, estoy convencido que algunos de sus miembros crearon vientos que generaron tempestades, pero ha sido una línea en nuestro país, sancionar a los que violan las leyes o los principios, pero sancionar a miles de profesionales de la construcción, por los errores cometidos por una o dos decenas de sus miembros, no tiene el menor sentido. He participado en dos reuniones donde se argumentaron las medidas tomadas, pero después, cuando medito solo me digo a mí mismo: hablaron mucho, sin decir nada convincente¼

No me inquietan los viejos como yo, ya nosotros atesoramos un caudal de conocimientos que nos permite buscar soluciones a los problemas que enfrentamos, pero pienso en las generaciones intermedias de profesionales y las nuevas que no podrán disponer de esta vía para incrementar y perfeccionar sus conocimientos.

La noticia que refleja la decisión de dejar a la disposición de las administraciones locales los ingresos al Presupuesto por concepto de los impuestos territoriales y los captados a los cuentapropistas es trascendental y de un alcance estratégico.

Por la insuficiencia de mecanismos como este, se ha abierto un abismo entre los intereses individuales de los vecinos y los intereses locales; y hasta entre los intereses locales y los intereses nacionales pueden distinguirse la resignación y el actuar por pura disciplina administrativa cuando soluciones de poca monta no pueden ser financiadas sin la aprobación nacional.

Esto ha conducido a fomentar apatía y la pérdida del sentido de pertenencia al terruño y es una de las causas y condiciones de las agresiones al medio ambiente más cercano que practican muchos ciudadanos. Son víctimas de esta agresividad el solar, el edificio de viviendas, el ornato publico de la cuadra, el villorrio y el barrio.

El desentendimiento se ha ido imponiendo en nuestras representaciones sociales y sobre la requerida participación popular, real y efectiva de los pobladores.

Esperemos ahora que las disposiciones complementarias nos dejen hacer un justo y pleno uso de estos recursos financieros en las jurisdicciones de base, o si nos van a dictar desde las instancias provinciales las tantas y tantas prohibiciones sabidamente practicadas por temor a que no administremos bien en los municipios.

El caso es que a partir de la buena marcha e implementación de esta decisión pudieran sobrevenir acciones puntuales para enfrentar problemas de la comunidad en las distintas demarcaciones que hoy constituyen al Gobierno Municipal, elevando con ello el consenso político de los ciudadanos y facilitando la movilización de los vecinos hacia tareas tácticas y cotidianas. Hay que tener en cuenta que "el Socialismo no va a caer del cielo porque hay que construirlo desde abajo".

Por la vía del aumento de la participación popular, real y efectiva pudiera multiplicarse varias veces el trabajo del Poder Popular . Y resultaría muy educativo que los ciudadanos que se auto emplean y pasan a engrosar ese sector no estatal vean crecer su comunidad con determinado aporte de sus esfuerzos.

Como una alternativa más para intentar solucionar viejos problemas por falta de decisiones oportunas, convoco a que los implicados en la emisión de ruido por música den respuesta y solución, a las reiteradas violaciones del derecho de los ciudadanos al descanso y la tranquilidad en su hogares como se ve reflejada en la Constitución de la República de Cuba, la legislación vigente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y las más elementales normas de convivencia como los límites y espacios del derecho ajeno. Es un llamado a la comprensión, no a la tolerancia.

El ruido por música, producido por alto volumen, errática colocación de las bocinas y falta de control, llega a límites inaceptables, con daños a las personas y en muchas partes sin respuesta por todos los niveles de dirección del gobierno local en general, como sucede en mi localidad, municipio de Bauta, y particularmente en el caso del Círculo Social Obrero 1ro de Mayo.

Pese al tratamiento educativo de los medios masivos de comunicación y otras acciones locales, no se logra que las autoridades competentes le den a este problema la atención que merece.

Los daños causados a la salud por el ruido se mueven entre cansancio, agotamiento, dolores de cabeza, irritabilidad, sordera, alteraciones del sistema nervioso central que regula todos los sistemas de órganos y por tanto se dañan causando gastritis, falta de concentración, por solo citar algunos. ¿Contribuye esto a la calidad del trabajo?

Es justo velar por la distracción de los jóvenes y la sociedad en general. No se trata de eliminar la actividad, sino de regular sus emisiones de ruido para el área donde realmente el personal que decidió divertirse lo pueda hacer, pero no al costo del daño de otros que desean o les es imprescindible descansar.

De igual forma existen abusos de la situación por tiempo de exposición y bocinas en las calles enfocadas a las casas por celebraciones y orientaciones de otros organismos, pero nadie controla esto y ante la solicitud de ayuda, no aparece ni el responsable, ni la respuesta, todo se abandona a la correlación de fuerzas puntuales cuyo resultado es bien conocido. Igual situación ocurre con los autos y la música.