No caben dudas de la necesidad del proceso de reestructuración económica que se ha planteado nuestro país. Todos los trabajadores del sector estatal hemos visto en mayor o menor medida la situación de las plantillas infladas, agravada hoy con la disminución de la actividad económica, y se tiene por ello una noción clara del problema. Sin embargo, la magnitud del mismo se presenta aún de manera oscura. Se habla de la alarmante cifra de millón y medio de trabajadores a ser reubicados, pero este número abstracto no arroja mucha luz para esbozar una solución satisfactoria. Para realmente saber qué hacer, se debe dominar la "textura" de esta masa: cuántos obreros calificados, cuántos técnicos, cuántos de nivel superior, cuántos por contracción económica, cuántos por plantillas infladas, etc. Cada una de estas cifras por separado son un acercamiento imprescindible para revelar cuál puede ser la salida adecuada.

Al revisar las posibilidades abiertas para el trabajo por cuenta propia, llama la atención el hecho de que todas las opciones que se están legalizando, existían ya desde antes, y la gran diferencia es que ahora contarán con un marco legal para continuar actuando. Me resulta, empero, difícil de creer que este mercado podrá —además de mantener a quienes ya se dedican a él— absorber un millón y medio de trabajadores más. Aquí vuelven a surgir datos importantes que el pueblo debe conocer: pronósticos realistas, fundados en la oferta y la demanda, de quiénes y cuántos podrán dedicarse efectivamente al trabajo por cuenta propia, así como cuáles son las estrategias estatales para fortalecer la industria, golpeada hoy fundamentalmente por la carestía de materias primas, para no continuar aportando excedentes de personal indefinidamente. Estas razones me llevan a ser partidario de la pequeña y mediana empresa privada, que pudieran abrir un campo económico mucho más amplio.

Comprendo el debate alrededor de la cuestión y los temores de aquellos que recelan de tal solución, pero considero que podría absorber un gran número de profesionales que no encajan en las alternativas de trabajo creadas actualmente y que, si al fin fueran de todos modos absorbidos por ellas, sería al costo de dilapidar el precioso capital invertido en la preparación de los mismos.

Otra inquietud que me asalta es la celeridad con que se está llevando a cabo el proceso de revisión de plantillas. Este es un tema álgido y no debe tomarse con ligereza. Lógico sería seguir una serie de pasos para no crear el pánico en los trabajadores:

Crear las opciones y permitir primero que los interesados se desplacen voluntariamente hacia las que les resulten atractivas, y reestructurar las plantillas desde la perspectiva de ajustarse a quienes van quedando. Se evitaría así prescindir de gente con deseos de permanecer en su puesto, y también el dejar gente que a la postre abandone su trabajo actual en busca de las nuevas alternativas.

Analizar las plazas que pueden solaparse y concentrar todas sus actividades en una sola, para luego decidir de cuántas realmente se puede prescindir.

Considerar las cuestiones particulares de a quién específicamente se está declarando disponible. Me refiero, por citar el ejemplo tal vez más importante por la cantidad de personas en tal situación, a aquellos que se encuentran en los últimos 10 años de trabajo antes de su jubilación, y que podrían verse seriamente afectados en su futuro.

Este no es el camino seguido hasta ahora según mi experiencia. La esposa de un compañero de trabajo, que se desempeña como jefa de personal en una empresa del Estado, le comentaba que al rebatir a su jefe la decisión de declarar disponible a una auxiliar de limpieza a la cual solo le faltan cinco años para el retiro y proponer eliminar la plaza de otra compañera que en verdad no hace nada concreto, tiene ya 70 años y podría jubilarse si lo deseara, este le contestó que las plazas que le habían ordenado quitar eran las de limpieza. Otro jefe de personal que conozco, se queja de que le han ordenado a la comisión de expertos de su empresa, de la cual es miembro, eliminar un número determinado de plazas, sin preguntar primero cuántas realmente se necesitan para garantizar el trabajo.

Por último, hablaré de la reunión efectuada en el centro de mi esposa. No daré pormenores de los duros comentarios que se intercambiaron entre los miembros del Partido en el municipio y la CTC de Caimito con los trabajadores de la fábrica GEDEME, pero sí relacionaré una serie de previsiones que podrían haber evitado las incomprensiones y temores de los trabajadores:

· No basta con decir al obrero que no será abandonado a su suerte. Los de la comisión deben estar informados sobre las propuestas concretas a los disponibles, para que puedan responder convincentemente a preguntas tan difíciles como: ¿Por qué, si se queda disponible aquí, donde se tiene experiencia y conocimientos, no se quedará disponible allá donde ha de ser reubicado luego?...

Los mencionados "expertos" deben estar avalados como tal, y no ser meros improvisados sin argumentos convincentes que aportar, pues hablamos de una tarea con dimensiones no solo económicas, sino también sociales, una tarea que precisa de comunicadores y de buenos políticos: sabios, imparciales y comprometidos con los trabajadores.

Me alumbra la certeza —más allá de eufemismos y artilugios— de que ningún ser humano sobra, y por tanto, trabajo digno para él no faltará en la más justa sociedad que aspiramos construir.

Ahorro y racionalidad no son términos exclusivos de las crisis y estrecheces económicos. Son el resultado de la lucha interna entre actos del individuo y los actos humanos, estos últimos son los que realizan las personas con plena conciencia de lo que hacen y por qué lo hacen, en el uso de su libertad para hacer el bien o el mal.

Tanto el ahorro como la racionalidad deberán ser enseñadas como parte de la educación social e integradora del pensamiento del hombre como especie capaz de reflexionar.

Ahorrar es hacer economías en las actividades productivas o en el consumo, es el empleo racional de agentes naturales o recursos producidos por el hombre, utilización de subproductos que serían destruidos, sustitución de elementos más costosos por sucedáneos más baratos, como provisión económica de sacrificios actuales para usarlos en el futuro cuando rendirán mayor efecto o satisfacción. El ahorro es sinónimo de frugalidad, de sobriedad, etc.

La racionalidad es una necesidad económica para toda actividad social, pues es el único medio capaz de alcanzar los objetivos finales de la institución y garantizar seguir desarrollándolos de forma ininterrumpida. Es la forma de concretar los ahorros planeados dentro del desarrollo histórico de las relaciones económico-sociales. La racionalidad nos lleva a minimizar los gastos y maximizar los beneficios por unidad de gasto.

Realizo dos interrogantes respecto al ahorro y a la racionalidad:

Primero: la carpintería de aluminio por fortuna nos ha ayudado grandemente en estos momentos, pero reduce la circulación del aire en nuestras edificaciones, como corresponde a nuestra posición geográfica, amén de hacerlas más calurosas por el no uso de vidrios o cristales antitérmicos (muy costosos), lo que obliga a climatizar artificialmente los locales (todo importado y con exceso de consumo energético), lo cual nuestra economía no puede sufragar por el momento. Pregunto si se estará evaluando cómo conciliar estos intereses, pues el efecto ahorrativo inicial puede perderse posteriormente por lo irracional de la climatización artificial.

En la anterior evaluación podrá tenerse en cuenta el presente desarrollo forestal con una voluntad de cubrir un tercio del suelo cubano, pues de seguro proporcionará cientos de miles de metros cúbicos de madera que bien aprovechados pueden crear nuevas combinaciones en la carpintería constructiva.

Es doloroso permitir que los ciclones destruyan los bosques por no aprovecharlos prontamente. Por cierto, se habla mucho de la voluntad de repoblar forestalmente el país, pero se habla poco de cómo aprovecharlo económicamente de forma integral aminorando importaciones a la par que se protege el medio ambiente y la naturaleza.

Segundo: El desarrollo de la Informática es una preocupación y ocupación del Estado cubano y no se escatiman esfuerzos para lograr altos niveles de aplicación y utilización. Pregunto si las dependencias que han recibido el beneficio de las nuevas tecnologías las utilizan eficientemente y en tareas exclusivas de su actividad social, de acuerdo con la nomenclatura de su actividad económica; y además, si los programas contable-financieros que tienen instalados son explotados de forma tal que se puedan conocer en tiempo real el ahorro y la racionalidad económica de la entidad y así poder tomar decisiones oportunas.

La primera norma del primer componente del Sistema de Control Interno precisa que la organización o Ministerio deberá lograr que todos sus trabajadores y directivos conozcan y practiquen en todo momento los valores asumidos por la organización, creando una cultura de comportamiento, de integración moral, y se ofrezcan informaciones precisas y oportunas que permitan interpretaciones y valoraciones de recursos y resultados mediante un monitoreo constante con retroalimentaciones ascendentes y descendentes, conformando un control integral con sentido de pertenencia.

Preguntamos si la inversión monetaria en el sistema informático responde a las expectativas del ahorro y la racionalidad económica, si la estructura organizativa conoce a plenitud en qué se emplean las computadoras, si son instrumentos de registros y análisis en tiempo real o son meros instrumentos de entretenimiento, de ocio y de reproducción. Esto último es preocupante, pues es muy frecuente que el consumo de papel, de energía eléctrica, el desgaste de las impresoras y el uso de otros insumos, no respondan a las expectativas de la producción mercantil e incluso se continúa con el hábito de informar por los dispositivos electrónicos y, acto seguido, enviar un propio con la misma información impresa. En estos casos pregunto ¿dónde quedan el ahorro y la racionalidad?

Cuando hablamos de corruptos no podemos pensar solamente en aquel que se enriquece valiéndose de las prerrogativas de un cargo en la administración estatal. También andan por esa vía aquellos que no trabajan aprovechándose de las bondades del sistema, los que consuetudinariamente practican acciones evasivas de sus obligaciones sociales y sustraen recursos de sus centros de trabajo, no cumplen su jornada laboral, producen o brindan servicios sin calidad, no pagan el ómnibus o castran sus alcancías, en la actividad comercial roban y estafan a los clientes de forma inescrupulosa, sobornan y se dejan sobornar o medran en todos los ambientes posibles a costa de la falta de control y la indiferencia o complicidad de los encargados de administrar los recursos.

No son pocos, y todos sabemos que las personas con estas características ven su actuar como algo normal y se justifican con necesidades todavía insolubles. También conocemos que por esa vertiente se escapa la salud de nuestra maltrecha economía, que de seguir así nunca será sostenible.

El necesario camino de cambios que emprendemos, por esta y otras razones, tendrá serios obstáculos y todo el que se considere revolucionario deberá estar alerta para cerrar el paso a los corruptos, oportunistas, aprovechados y confundidos; tarea que las organizaciones deben afrontar más osadamente, teniendo como base el trabajo ideológico, el debate directo y sincero, la crítica oportuna y la persuasión. Nuestros trabajadores tienen el deber histórico de comprender que no tenemos otra opción. La apatía, la indisciplina y la impunidad, deben cesar.

A los cuadros del Estado en todos los niveles, fundamentalmente en la base, les corresponde dirigir con mayor responsabilidad y exigencia, educando más a los trabajadores con la fuerza de su ejemplo, estimulando por todas las vías el incremento de la producción material y la calidad de los servicios, evitando el robo que alimenta el mercado negro.

En algunas ocasiones hemos pasado del paternalismo —que también es un vicio— a una tolerancia injustificada. Los responsables de muchos errores y pérdidas económicas no siempre han respondido ni jurídica ni moralmente por sus faltas, dañando la imagen de la Revolución.

Por otra parte, los funcionarios de los organismos que tienen la responsabilidad de abastecer y regular el mercado interno, deben proyectarse más abarcadoramente y con mayor previsión para que se oferten a la población todos aquellos productos de primera necesidad que sea posible, de forma que nunca más la solución de los problemas domésticos y personales sea la apropiación indebida de los recursos, a veces de escaso valor y ociosos en almacenes estatales, a los que los ciudadanos no tuvieron acceso legalmente por trabas burocráticas o injustificadas prohibiciones.

Por suerte, nuestro pueblo, mayoritariamente, ama la Revolución y conserva sanas sus raíces patrióticas. Me atrevo a afirmar que casi todos quisiéramos ver la patria fortalecida, con un auge económico que respalde nuestro bienestar material y espiritual.

Si cumplimos nuestros deberes, apoyamos las medidas que se proyectan y trabajamos con honradez y tesón, seguramente la corrupción perderá el terreno que indebidamente ganó en tiempos muy difíciles. Ya es hora de cambiar.

Días atrás leí un artículo que trataba sobre la importancia del método clínico y la necesidad de retomarlo en aras de una atención médica más personalizada, que conlleve a un pensamiento científico por parte del galeno y ¿por qué no? que implique un uso racionalizado de los diferentes medios de diagnóstico.

Estoy plenamente de acuerdo con lo planteado por el periodista, pero pienso, desde mi posición siempre al lado del paciente, que se debe ahondar aún más sobre esta cuestión desde el punto de vista de los protocolos de salud establecidos por nuestro ministerio hasta la opinión pública. Digo esto pues muchas de las indicaciones médicas se rigen por protocolos de salud que bien pueden ser revisados y hacer de la regla la excepción. En cuanto a la opinión de la población creo que el compañero periodista se quedó corto: la población exige los métodos complementarios no más se sientan frente al médico; les dictan conductas a seguir y se molestan e incluso insultan si no se les complace. La frase clásica es "ahora voy a la dirección a quejarme de que usted me maltrató"... y lo peor es que regresan con sonrisa triunfante y te restriegan en la cara el haberse salido con la suya cuando no tenían razón. Todo esto por la opinión pública.

Otro tema que me llama la atención es sobre la reducción de plantillas en las instituciones de salud. Estoy plenamente de acuerdo con que esto debe realizarse, pues hay exceso de personal, principalmente del paramédico... y acá quiero aclarar que no subvaloro para nada la importancia de estos trabajadores, pues el resultado de nuestro trabajo depende de ellos. Pero al final concluyo que cuando las cosas salen mal nadie recuerda a la auxiliar de limpieza que no trabajó a conciencia, al camillero que estaba perdido de su puesto de trabajo, a la enfermera que olvidó cumplir con el medicamento, al ascensorista que está durmiendo en cualquier rincón propicio... y así por el estilo.

Nada de lo anterior es citado ni fruto de mi fantasía. Eso forma parte de nuestra realidad cotidiana. Lo peor de todo es que al final el médico tiene la responsabilidad de todo, y es irónico, pues de todos los implicados, es el único que tiene sentido de pertenencia con la labor que realiza.

Yo pienso que en Ciudad de La Habana pululan los profesionales de la salud, pero no todos trabajan por igual, ni con la misma dedicación.

Igualmente creo que el paciente merece un trato adecuado, pero el médico también lo merece, que no somos máquinas sino seres humanos con los mismos problemas y una mayor responsabilidad que los demás.

Mucho me gustaría ver publicado mi comentario, porque refleja la opinión de miles de médicos de nuestro país. Creo que lo planteado puede resultar estimulante para nuestros dirigentes y para hacer un análisis de lo que realmente necesita el ejército de batas blancas.