Nunca he estado de acuerdo con la consigna de que tal actividad es tarea de todos o este centro laboral es de todos.

En la actualidad lo que es tarea de todos, no es tarea de nadie, lo que pertenece a todos, no es de nadie. A modo de ejemplo: La higiene de la ciudad es tarea y responsabilidad de Comunales, el cuidado del transporte público y la exigencia por su pago es tarea y responsabilidad de las direcciones de Transporte, cuidar y mantener los teléfonos públicos es tarea de ETECSA y así sucesivamente.

Para que un obrero se sienta dueño de su centro de trabajo no basta que este pertenezca al Estado y no a un privado, además de sus deberes y comprensión de la tarea que realiza, tiene que sentir que recibe beneficios económicos según las ganancias obtenidas, para que se preocupe porque sea rentable, y no verse afectado económicamente, de lo contrario es dueño ficticio y no ve sentido de pertenencia a su centro laboral al cual asiste simplemente a ganar un salario aunque reciba indirectamente otros beneficios subsidiados por el Estado.

Si el obrero recibiera ingresos según la rentabilidad de su centro laboral, difícil que se hagan gastos innecesarios, que se produzcan robos; se incrementaría automáticamente el sentido del ahorro de electricidad, de materias primas, bajarían los costos de producción, se preocuparía porque hayan más servicios y ofertas, incrementaría la calidad, sentiría la presión de la competencia con otros centros, etc. Se sentiría como dueño y velaría por la eficiencia, el cuidado de todos los bienes, entonces, sí es de todos y se manifestaría el sentido de pertenencia.

Las administraciones deberán analizar con la masa trabajadora mensualmente el resultado del balance económico y aprobar en asamblea las medidas necesarias para revertir cualquier ineficiencia.

Las administraciones no podrán hacer las cosas anárquicamente, no podrán excederse en su autoridad o competencia, entonces sí el plan y el presupuesto del centro serán sagrados¼

Entonces sí las asambleas de afiliados del sindicato tendrán objetividad y no un formalismo, donde la administración propone y mecánicamente se aprueba por unanimidad sin que nadie sepa ni le interese lo que aprobó.

En un centro laboral se discute el plan de producción para el próximo año, la administración informa lo planificado, la masa de trabajadores que asiste aprueba y se da como discutido por los trabajadores. Después se eleva al organismo superior y le hacen modificaciones casi siempre aumentando el plan y ya, ¿qué papel desempeña lo aprobado por los trabajadores?

El beneficio económico que debe recibir el trabajador a partir de la rentabilidad de su centro laboral, lo puede recibir en cada cobro de salario, en dependencia de su aporte a la producción.

Cuando esto funcione de esa forma se alcanzará más cultura económica en los que participen en el proceso productivo y los servicios, ganarán más lo que más aporten, la pirámide se invertirá y florecerá la economía. Si no es así lo demás será como hasta ahora, pura consigna.

Si se hiciera realidad esta fórmula, entonces el sindicato de cada centro laboral sí se preocupará como representante de los trabajadores porque todo funcione bien, entonces sí dejará de ser lo que es de todos no es de nadie, para convertirse en verdaderamente de todos y estará presente el sentido de pertenencia.

Soy un joven de 27 años que a pesar de mis esfuerzos no logré la ubicación laboral deseada; vi los cielos abiertos cuando fue promulgada la Resolución No.32 del 2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que pone en vigor el Reglamento del ejercicio del trabajo por cuenta propia, por lo que decidí con los pocos recursos con que cuento y con esfuerzo propio y de otro compañero de la cuadra, construir un pequeño carrito y solicitar licencia de acuerdo al Anexo 1 de la Resolución 32 donde se especifican las actividades autorizadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia y específicamente la actividad No.37, Elaborador vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas al detalle, en su domicilio o de forma ambulatoria.

Con este objetivo me dirigí a la Dirección de Trabajo del municipio del Cerro a buscar información y a documentarme en lo que había que presentar a este órgano para hacer efectiva mi solicitud. Allí me atendió la funcionaria encargada de esta actividad a la que le expliqué mis pretensiones y me manifestó que debía presentarle los documentos siguientes: chequeo pre-empleo, licencia sanitaria, dos fotos y esquema de vacunación.

Mi odisea comenzó al dirigirme al Policlínico Abel Santamaría Cuadrado del municipio del Cerrro para obtener la licencia sanitaria; en este lugar me manifestaron que para obtenerla para realizar la actividad No. 37de forma ambulatoria debía tener la autorización de Planificación Física del municipio. Allí me dirigí y me atendió el compañero Roberto, quien me planteó que ellos no tienen que expedir ningún tipo de autorización, que ellos se limitan a decir dónde puedo realizar la acción de venta, sin embargo, conozco que a otras personas con igual situación les han proporcionado el documento.

Nuevamente me enviaron al policlínico, donde vuelven a mandarme a Planificación Física diciendo que sí tienen que darme un documento de autorización y de nuevo el mismo compañero se niega a darme documento alguno y me da la misma respuesta. Al dirigirme otra vez al policlínico me plantearon que no se estaba autorizando a ejercer la actividad de forma ambulatoria que tenía que ser en un punto fijo.

Viendo esto me dirigí a la administración de un pequeño agro que se encuentra próximo a mi domicilio y le planteo mi problema, y me dicen que sí, que allí podía situar mi pequeño carrito y realizar la venta.

Entonces el 8 de abril con toda la documentación, excepto con el documento de Planificación Física (negado) fui a la Dirección de Trabajo del Cerro, después de más de 15 días de gestiones y cuál sería mi sorpresa al plantearme la compañera que habían recibido indicaciones de no otorgar más licencias de este tipo.

Yo me pregunto: quién está autorizado a modificar una Resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República y firmada por la Ministra del Trabajo, por qué no se me dijo en primera instancia y yo no hubiera invertido ni tiempo ni los pocos recursos con que contaba. No pretendo que esta misiva se publique, lo que me interesa fundamentalmente es que se le dé solución a mi problema y que además otras personas como yo no sean víctimas del burocratismo y el peloteo, y la no observancia de la legalidad.

En días pasados, revisando en Internet diferentes informaciones médicas, me encontré para mi sorpresa, con un agravioso artículo, en el cual se propone volver a establecer en nuestro país la medicina privada y además crear cooperativas de los servicios de Salud, planteando supuestos beneficios.

Esto me llevó a comentar sobre el tema, con el profesor Dr. Gilberto Pardo Gómez, cirujano en activo, a pesar de sus 85 años de edad, quien ejerció la medicina en la etapa capitalista previa al triunfo de la Revolución, para analizar con él mis puntos de vista como profesional graduado en el año 1964 y perteneciente al curso, donde sus integrantes renunciaron por acuerdo a ejercer las consultas privadas.

El me expresaba que a pesar de no haber tenido consulta privada en aquella época, si conocía lo que constituía una práctica diaria en el país. La consulta del médico costaba de acuerdo a la fama que este tuviera, además se añadía a esto el costo de los exámenes complementarios y cualquier otra investigación que se le indicara; es decir, el irse a ver con un médico alcanzaba una cifra respetable de acuerdo a los salarios de la época y donde la seguridad social era prácticamente inexistente.

Por ejemplo: si además tenía que realizarse una intervención quirúrgica esta cifra se elevaba, ya que por pequeña que fuera constituía un gasto apreciable, pues había que incluir la estadía en la institución, los medicamentos, la sangre; todo había que pagarlo.

Además me planteó el ejemplo de una institución donde supuestamente no se le cobraba nada al paciente (Hospital Universitario Calixto García); pero por la carencia de recursos el paciente tenía que pagar cuando se producía una intervención quirúrgica los medicamentos y la sangre. En el caso de las clínicas mutualistas, donde también había las de lujo y las de pobres, esto se aminoraba pero siempre ocasionaba gastos.

Esto ocurría en la capital y ciudades importantes del país, siendo en el campo la situación mucho más grave, pues los médicos escaseaban o no había ninguno y el paciente se tenía que trasladar a lugares muy distantes, sufriendo muchas dificultades y gastos que en la mayoría de los casos no tenían con qué pagarlo.

En la población infantil esto era más dramático pues el estado higiénico sanitario del país hacía que la incidencia de enfermedades infecciosas fuera muy alta y con una mortalidad elevada. Las epidemias de las enfermedades infantiles eran numerosas produciendo muchas muertes.

La tuberculosis producía un número alto de enfermos, que hizo que hubiera que construir hospitales especializados para esa enfermedad que a pesar de todo eran insuficientes por lo que se producía una alta mortalidad. Toda vez que no existía un Sistema Nacional de Salud que se encargara de la prevención y atención de las enfermedades infecto contagiosas.

El presupuesto que había en el país para la atención médica de la población era limitado, a lo cual había que sumar el robo y el despilfarro al erario público. Careciendo la mayoría de los centros de Salud de personal y equipos, por lo que constituía un gran riesgo ingresar en algunos de aquellos hospitales.

Los indicadores de salud en el país carecían de registros confiables y algunos no se cuantificaban, por ejemplo se ignoraban la tasa de la mortalidad infantil o la materna y cuando se daba algún dato era falso, porque no había manera de conocerlo con certeza.

Prácticamente todo era objeto de negocio y corrupción, como por ejemplo las relaciones que establecían una parte de los médicos con los laboratorios clínicos, los laboratorios farmacéuticos o entre las distintas especialidades.

El médico que indicaba los análisis tenía en ocasiones hasta un 10 % de ganancia sobre el precio de los exámenes, donde algunos inescrupulosos los exigían a los pacientes sin que estos tuvieran necesidad de someterse a tales procederes. En la prescripción de medicamentos ocurría algo similar con las relaciones de muchos médicos con los laboratorios farmacéuticos, los cuales sobornaban para que se indicaran los fármacos que producían.

Por mi parte, integré el grupo que en el año 1964, tomó la decisión en asamblea de renunciar al ejercicio privado de la medicina.

Cuando hicimos esa renuncia ya habíamos dejado la intención que probablemente llevó a muchos a hacernos médicos para mejorar nuestros ingresos. Ya el Moncada, las manifestaciones estudiantiles, la lucha clandestina y el Ejército Rebelde, Girón, fueron modificando nuestras mentes y nos llevó a tal decisión.

Hoy, por la fuerza que tienen las ideas, esa posición tomada por nosotros se ha proyectado en el tiempo a las nuevas generaciones de médicos y hemos visto como ha traspasado nuestras fronteras, y al llamado de ayuda al pueblo de Haití cientos de graduados de la ELAM de otros países, concurrieron voluntariamente.

No se concibe en nuestro país que un profesional de la salud, honesto, de principios y valores éticos, comprometido con su pueblo, le cobre al prójimo sus servicios.

La renuncia a la medicina privada posibilitó que la práctica médica dejara de ser una mercancía, con todo lo que esto entraña para el profesional que la brinda que se convierte en mercader y para el que la recibe que pasa a ser cliente y no paciente. Además permitió modificar la situación de salud que tenía nuestro pueblo, señalado por Fidel en la Historia me absolverá, se incrementó el número de médicos en el servicio público, ampliándose la cobertura y la accesibilidad al brindarse una atención médica sin distinción económica o de color de la piel, poniendo fin a la inequidad y la injusticia.

Entonces ¿a qué mente se le puede ocurrir que en el perfeccionamiento de la Salud Pública Cubana (que tantos éxitos incuestionables y reconocimientos ha tenido internacionalmente) la vía sea la privatización, o sea: Volver a lo que se vivía antes de 1959?

Es la propuesta que nos conduce a lo que precisamente quieren nuestros enemigos, que nos tratan de asfixiar en lo económico para que tenga repercusión en lo social fundamentalmente en la salud, tratando también de que las necesidades provoquen la pérdida de valores y penetre la corrupción en nuestro sector, para entonces plantear que en una medicina privada eso no sucedería.

¿Para quienes sería esa medicina privada?, le pregunté al Dr. Pardo, ¿quiénes practicarían esa medicina privada?, y me respondió enérgicamente:

Solo en una mente obtusa o una intención malsana, que responda a los intereses de los que nos quieren llevar de vuelta al capitalismo puede caber una propuesta tan desprovista de sentimiento ético y humano.

Aunque no soy especialista en economía, desde hace mucho tiempo estoy escuchando sobre dificultades productivas en la Empresa de Cemento 26 de Julio en Nuevitas por las reiteradas demoras en la extracción del producto por los compradores, cuestión que se domina por sus trabajadores y gran parte de la población, así como se analiza en las Plenarias Económicas que se celebran mensualmente en el municipio y que hasta ha sido publicado en la prensa provincial en más de una oportunidad, ya que en ocasiones han tenido que detener la producción por falta de capacidad en almacenes.

Hace unos días, en el semanario Adelante, se publicó un trabajo periodístico escrito por Enrique Milanés con motivo de celebrarse el aniversario 43 de la inauguración de dicha planta que contó con la presencia de nuestro Comandante en Jefe. En dicho trabajo se destaca la ejecución al 95 % de la reparación capital del horno número 3 que se encontraba fuera de servicio desde el 2007, así como otras labores de rehabilitación que por supuesto garantizarán un incremento en la producción de este demandado producto para el desarrollo del país.

Quiero reflejar textualmente lo que se plantea en el último párrafo de dicho trabajo, lo que constituye el motivo de la preocupación que planteo:

"Las mejoras realizadas incrementan el compromiso de un colectivo que en el 2010 rebasó su plan al producir 101 000 toneladas de cemento para el consumo nacional y que tiene en el 2011 el encargo de 120 400, cifra a la que no renuncia a pesar de la persistencia de los problemas de extracción del producto por los compradores. Solo en el I trimestre del 2011 están atascadas en el área de almacenamiento 3 375 toneladas, lo que frena dolorosamente la producción mientras al pueblo le urge el producto".

El lunes 11 de abril en la página 8 del diario Granma aparece el trabajo del periodista Miguel Febles Hernández con el título Venta de materiales para la construcción. Crece la oferta, se pulen detalles y en el mismo se detallan los materiales que sin subsidio se ofertan a la población en toda la provincia de Camagüey, donde ya existen 18 puntos de ventas que ofertan alrededor de 15 productos entre los que se encuentran áridos, bloques, alambrón torcido, etc. y por ningún lado aparece el renglón CEMENTO (solo cemento cola).

La población se siente satisfecha porque se les facilita la solución a sus problemas y a la vez regresan con un comprobante de que es lícita la compra efectuada y ante esto yo me pregunto: ¿Qué comprobante puede obtener la población para que sea lícita también la compra del cemento que tiene que realizar y de hecho realiza para poder acometer la obra que está llevando a cabo? ¿De dónde sale este cemento?

Considero urgente una solución para destrabar esta situación que presenta la empresa de cemento de Nuevitas, que lógicamente debe estar frenando el desarrollo y afectando la economía de los trabajadores de la entidad, del pueblo y del país en general.