En nuestra redacción se recibieron el año pasado miles de opiniones y quejas de la población sobre problemas de la vivienda y, sobre todo, en lo concerniente a los trámites que deben realizar los ciudadanos y que pese a la voluntad de la Asamblea Nacional por disminuirlos, continúan siendo una carga muy pesada.

Hay cierto marco de burocratismo que provoca que mucha gente pase trabajo, comentó a Granma Héctor Armando Infante, un campesino de Holguín, porque no existe una concepción objetiva y real a la hora de simplificar los trámites.

A veces uno llega a la conclusión de que los que elaboran resoluciones administrativas trabajan mucho a nivel de gabinete y no disciernen bien entre las realidades que pueden haber, por ejemplo, entre las zonas urbanas y las rurales, como ocurre con la resolución 11 del Instituto Nacional de la Vivienda.

Vivimos en una zona rural apartada, donde afrontamos serias dificultades con la situación constructiva de la vivienda y donde el Gobierno Revolucionario tiene la voluntad de ayudarnos a mejorar la casa, que en general en nuestra área es pésima. Sin embargo, el deseo de reparar se nos convierte en un quebradero de cabeza por la cantidad de gestiones a realizar.

Lo ejemplifico: un campesino tiene en su rancho un techo con las fibras del cogollo de la caña (ya no hay guano en la zona, ni en áreas cercanas) y la comisión de circunscripción y el gobierno municipal le facilitan la compra de un techo de zinc, de esos modernos que disminuyen calor hacia el interior de la vivienda.

A esa familia, toda la alegría se le convierte durante varias semanas en una desgracia; tienen que hacer el trámite jurídico en la dirección de vivienda, pasar después ante el arquitecto de la vivienda para que le haga el croquis (ese arquitecto está saturado de tareas más o menos iguales y no tiene transporte para llegar a la zona), deben ser visitados, además, por otros inspectores para hacer el llamado expediente de rehabilitación.

Toda esa gestión para mejorar el techo del ranchito puede demorar hasta tres meses. La familia, que vive monte adentro, tiene que trasladarse con muchas dificultades hacia la cabecera municipal entre 8 y 10 veces y luego hay que pagar: por los trámites, por la compra del techo, por el alquiler del vehículo o carreta, lo que sea, para transportarlo desde la microservi y por el constructor que te lo monta. En total, paga entre 1 500 y 2 000 pesos.

Muchos vecinos como Héctor Armando se preguntan si la resolución 11 no debiera diferenciar objetivamente los requisitos o componentes de las gestiones para las personas que viven en zonas urbanas céntricas y los que viven en zonas campesinas muy apartadas como es el caso del barrio Las 70, en Holguín, y por gestiones que son elementales.

Otro problema preocupante, comentado en la reciente reunión de Corresponsales de Granma, es lo que está sucediendo en algunas regiones rurales de las provincias orientales con la interpretación de otra resolución, la número 14, del Instituto Nacional de la Vivienda.

La Revolución, con la Reforma Agraria, le entregó muchas tierras a los campesinos en usufructo, luego vino la desgracia del ciclón Flora en 1963, que desplazó a muchas personas e hizo surgir nuevos asentamientos rurales a partir de pequeñas parcelas de tierra entregadas para esos fines por los propios campesinos propietarios. Más tarde llegó la idea avanzada de crear las cooperativas de producción agropecuarias, y esos campesinos individuales se socializaron como aportadores, pero en una parcela de esas tierras ya estaban creados los asentamientos.

Años después, cuáles son los problemas:

Ahora los hijos o nietos de ese campesino al que la Revolución le entregó la tierra en usufructo quieren quedarse en la zona y mejorar o ampliar la vivienda o construir un ranchito aledaño a la casa del viejo, en la tierras que él entregó como aportador, y la dirección de vivienda no les concede la licencia de construcción "porque la tierra es patrimonial".

Pero peor es para los asentamientos, porque muchos pobladores que son campesinos, que ven mejorados sus ingresos como resultado de la estimulación a la producción agropecuaria, quieren optimizar las condiciones de vida, acumulan dinero para comprar materiales al propio Estado y tampoco reciben el derecho a la licencia por iguales razones de carácter patrimonial.

Quizás es un problema de interpretación sobre la aplicación de ambas resoluciones, pero valdría la pena analizar cuestiones como estas que no ayudan a las personas a solucionar los problemas con la operatividad necesaria.