El juzgado de Nueva Orleans encargado del caso deberá determinar la responsabilidad de BP y de sus subcontrat 80 km de la costa de Nueva Orleans.

En el argumento inicial el abogado que representa al Departamento de Justicia, Michael Underhill, planteó que hay evidencia de "problemas sistémicos" de negligencia por parte de la empresa, así como una constante indiferencia con respecto a los temas de seguridad, que llevaron a que se produjera este desastre.

"Se toleraron acciones imprudentes, que a veces fueron impulsados por BP con el objetivo de ahorrar", dijo Underhill.

Por su parte, BP negará las acusaciones de que hubo negligencia de su parte, para evitar multas que podrían ascender hasta los 17.000 millones de dólares.

En este sentido, BP espera delegar responsabilidades en Transocean, propietaria de la plataforma, y en su subcontratista Halliburton.

"El responsable de seguridad de la plataforma no tenía la competencia mínima para su puesto", dijo Jim Roy, representante del comité que agrupa a miles de ciudadanos y de empresas afectadas por el derrame.

"Su formación se limitó a tres días de curso e increíblemente, nunca subió a bordo de Deepwater Horizon", agregó el abogado, quien recordó que este había sido el séptimo accidente grave de una plataforma gestionada por Transocean en 17 meses.

En el primer día del proceso, varios manifestantes se hicieron presentes a la entrada del tribunal, para pedir al juez a cargo del proceso, Carl Barbier, que aplique las máximas penas posibles en este caso.

Por su parte, el principal representante de Transocean, Brad Brian, defendió la competencia del personal de la compañía y dijo que mucho de ellos actuaron con "heroísmo", lo que permitió que todos y cada uno de los trabajadores que pudieron haber sobrevivido lo hicieran.

Además en su alegato la empresa calificó el intento de BP de delegarle las responsabilidades como "vergonzoso".

"Esto sucedió porque BP estaba retrasada y necesitaba dejar esto hecho", agregó el representante.

BP ya solucionó la parte penal del caso al aceptar su culpabilidad y pagar al Estado federal la suma récord de 4.500 millones de dólares. También pagó otros 10.000 millones a particulares, empresas y comunidades locales afectados por el derrame.