Ivette Fernández Sosa

En la segunda jornada de trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos, los parlamentarios debatieron el estado de las cuentas por cobrar y pagar en el país, cuya información corrió a cargo de Irma Martínez, vicepresidenta primera del Banco Central de Cuba, quien expresó que a pesar de que se ha trabajado con seriedad e integralidad en este tema, hasta lograr reducir montos con respecto al cierre del 2011, todavía falta seguir disminuyendo estos indicadores cuyo peor exponente es el Ministerio de la Agricultura.

Otro aspecto que sigue mereciendo atención, dijo la funcionaria, son las deudas fuera de término entre entidades subordinadas a un mismo organismo.

Sobre el mismo tópico, Liliana Hernández Díaz, presidenta de la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo, informó acerca del desarrollo de la implementación de la Instrucción 215 que entró en vigor en junio pasado.

En virtud de la importancia que reviste para el país el saneamiento de las finanzas internas, y en pos de contribuir a homogeneizar los requerimientos para establecer demandas por reclamaciones económicas, se diseñó la mencionada herramienta. Ella establece, como requisitos indispensables, la presentación del contrato junto con la demanda, acreditar documentalmente la realización previa de gestiones de cobro, y la obligación de las partes de un mismo organismo de acudir a las vías administrativas de solución ante conflictos, entre otros.

Una vez puesta en práctica y después de seis meses de emitida la instrucción, se recibieron más de cinco mil reclamaciones, de las que resultaron rechazadas un número superior al 20 %. La mayoría de ellas por la imposibilidad de los implicados de probar que habían establecido algún tipo de gestión de cobro. Se ha detectado, asimismo, que algunas entidades concilian las deudas de manera formal sin establecer nuevos plazos de cumplimiento o lo hacen después de realizar la demanda.

Un asunto llamativo, según recalcó Hernández, es que 180 demandas fueron hechas por montos inferiores a cien pesos y casi un cuarto de todas las que se hicieron no superan los tres mil, lo cual evidencia la falta de gestión de cobro. Hasta el cierre de noviembre quedaban 527 sentencias pendientes de ejecutar, siendo el Ministerio de la Agricultura en este indicador el organismo más representativo. No obstante, a juicio de la funcionaria, el trabajo realizado hasta ahora denota una reacción del empresariado cubano en cuanto al conocimiento de estos temas aunque todavía este sector debe ganar en disciplina.

Antes, la Comisión de Asuntos Económicos había analizado aspectos relacionados a la estrategia importadora y exportadora del país. El viceministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez Oliva, informó que al cierre del año se prevé un saldo favorable en la balanza comercial, debido fundamentalmente, al sobrecumplimiento del plan de exportaciones de servicios. Los parlamentarios conocieron, asimismo, sobre las medidas que implementa el país para hacer más eficiente su gestión en la concentración de compra de productos de uso difundido como las pinturas y los neumáticos, entre otros. Igualmente, se repasaron los esfuerzos que se hacen para incrementar los ingresos, y diversificar las exportaciones.