El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, valoró de "positivo" el balance de las primeras jornadas de conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en La Habana, sede principal de la mesa de diálogos instaurada el pasado 19 de noviembre.

"Anoche me reuní con el equipo negociador. Balance de primera reunión: positivo", escribió este lunes el mandatario en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Tras cinco días de receso, la delegación del Gobierno, encabezada por el exvicepresidente Humberto de la Calle, y los representantes de las FARC-EP, que lidera el comandante Iván Márquez, regresarán mañana a la mesa de paz para continuar los debates sobre el punto de desarrollo agrario integral, primero de una agenda de seis establecida en el Acuerdo General.

Los 11 días de trabajo del primer ciclo de reuniones dejaron acuerdos concretos sobre la participación ciudadana a través de un foro público en Bogotá —que abordará precisamente el tema de la tierra entre el 17 y 19 de diciembre próximo— y el lanzamiento de una página web oficial que recogerá opiniones sobre el proceso de paz.

FARC-EP SOLICITAN RECONOCIMIENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

La delegación de paz de las FARC-EP solicitó formalmente este domingo a directivos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera —rubricado el 26 de agosto de este año en La Habana— sea reconocido como Acuerdo Especial, según la definición y el derecho que otorgan los Convenios de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario en general, según un comunicado de esa organización.

El texto refiere que los guerrilleros entregaron también el documento donde se solicita a los gobiernos de Ecuador, Colombia y al CICR, realizar los trámites que permitan la repatriación de los restos mortales de los combatientes de las FARC-EP abatidos en Sucumbíos (Ecuador) el 1 de marzo del 2008.

Asimismo, solicitaron con carácter urgente una intervención humanitaria que posibilite la atención médica de los combatientes guerrilleros que se encuentran prisioneros.

El CICR y las FARC-EP —añade el comunicado— coincidieron en valorar como necesario el desarrollo de medidas que garanticen la protección de la población no combatiente.