Freddy Pérez Cabrera

Un trabajo publicado por este diario el 10 de diciembre del pasado año ya lo había advertido: "Nunca se sabrá cuántos miles de metros cúbicos de agua se han perdido en estos años por los daños ocasionados a las conductoras que acarrean el vital líquido desde los embalses hasta las grandes poblaciones".

La imagen muestra una de las ilegalidades detectadas durante el operativo.

Nos referíamos entonces a esas personas que, de manera irresponsable, se han dedicado a "pinchar las tuberías y conectarse" con el propósito de obtener beneficios personales, como ha estado ocurriendo en la conductora Hanabanilla, encargada de suministrar agua a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos.

A partir de aquel artículo se generó un proceso investigativo acometido por la Fiscalía en la provincia, con el concurso del Instituto de Recursos Hidráulicos y otras autoridades del territorio, el cual arrojó lo que todos sabíamos, un imperdonable derroche en el que han estado involucrados particulares y entidades estatales.

Por lo visto en el terreno, las cifras iniciales —que daban una pérdida diaria, solo en la conductora Hanabanilla-Santa Clara, de cerca de 30 000 metros cúbicos del agua destinada al abasto de la población, volumen suficiente para satisfacer la demanda de casi 70 000 personas—, quedaron muy por debajo de las expectativas.

De acuerdo con el informe emitido por la Fiscalía, a partir del control efectuado entre los meses de marzo y abril del presente año, en cinco recorridos por determinados tramos de la mencionada conductora, que incluyó visitas a la finca Jíquima, así como a los asentamientos Porvenir, Biajaca, Guacacoa, Jorobada y Manacal, las pérdidas totales de agua están calculadas en aproximadamente 41 litros de agua por segundo.

Durante la comprobación, en la que fueron entrevistados varios productores, tenedores de tierra y residentes en dichos asentamientos, pudo corroborarse el grado de impunidad e indisciplina social reinantes en esos lugares, favorecidos por la falta de sistematicidad y control por parte de los organismos encargados de supervisar esas tuberías.

Cabría preguntarse cómo es posible que a la vista de todos, y a veces hasta con el consentimiento de funcionarios y dirigentes de empresas, cooperativas y CCS, sean manipuladas válvulas de desagüe o se abran orificios por donde brota el agua, la cual "por casualidad" casi siempre va a parar a una finca particular o a un establecimiento estatal.

En otros casos, se conectaba una manguera o un tubo, encargado de conducir el líquido hasta un dique de arroz, un campo de frijoles, cebolla u otros cultivos, entre otros destinos. Como era de esperar, muy pocos aludidos reconocieron su culpabilidad en el ilegal proceder.

Un nuevo operativo realizado a inicios del mes de junio a la conductora Hanabanilla-Santa Clara, en el tramo comprendido entre la comunidad de La Cidra hasta la Finca Los Cocos, arrojó otras luces al problema y nuevas ilegalidades.

En la mencionada comunidad fueron eliminados dos salideros que dilapidaban un estimado de entre 20 y 30 litros de agua por segundo, y en la parada Los Coquitos fue detectada una acometida ilegal de cuatro pulgadas, usada para el riego en la Empresa Pecuaria El Tablón, desconectándose, además, de la tubería principal, una conductora que abastecía al poblado de Barajagua, todos pertenecientes a la provincia de Cienfuegos.

De igual manera, en El Tablón se suprimió una acometida de dos pulgadas, utilizada con fines de riego en el organopónico Los Cocos y resultó eliminado otro acceso ilegal destinado al riego de diques de arroz.

Las multas impuestas a los violadores —bastante pálidas por cierto, cuatro a personas naturales y una a persona jurídica por un valor total de 1 550,00 pesos (MN), así como las Obligaciones de Hacer, que deben ser cumplidas con carácter permanente—, jamás podrán reparar el daño económico y moral ocasionado por tanta impunidad.

Aunque resulta innegable que muchas veces el desperdicio ha estado asociado a salideros provocados por los más de 30 años de explotación de las conductoras, lo cierto es que una gran parte de los volúmenes de agua disipados se escapan por esos agujeros ilícitos provocados por la mano del hombre.

De acuerdo al dictamen de la Fiscalía en Villa Clara, la comisión de estos delitos ha estado favorecida por el insuficiente número de inspecciones realizadas por parte de los organismos encargados de esa función en la Delegación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en el territorio, entidad que entre el 2008 y el 2011 solo realizó tres revisiones.