La adjudicación concernió a la firma japonesa-argentina NEC, aprobada por la sala plena de la Corte Nacional Electoral (CNE), luego de varios días de análisis de todas las propuestas.

Esa compañía suministrará el equipamiento informático, tecnología, soporte y capacitación que permita la implementación del registro de huellas dactilares, fotografías y firmas, como lo exige la moderna nómina.

Según declaró Fabián Fandiño, gerente de Ventas para América Latina y El Caribe de la firma, a finales del mes en curso iniciará la entrada a Bolivia de toda la plataforma tecnológica requerida para el empadronamiento.

NEC, con tres décadas de experiencia en sistemas biométricos, realizó trabajos de ese tipo en Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, El Salvador, Costa Rica y Colombia.

Fandiño aseguró que la asociación está en capacidad técnica de cumplir con el registro de casi cuatro millones de electores en Bolivia.

"Si hacemos el cálculo, si trabajamos 10 horas al día, se pueden hacer hasta 60 mil registros diarios. La realidad es que el cómputo supera la cantidad necesaria de los tres millones 800 mil", aclaró.

La explicación la realizó Fandiño, luego de una demostración práctica del proceso de empadronamiento que duró tres minutos con 17 segundos, aunque señaló que el promedio por persona no debería pasar de los cinco minutos.

Por su parte, Antonio Costas, presidente de la CNE, aseguró que a partir del 20 de julio próximo se inicia el registro de votantes, incluidos unos 200 mil emigrantes, residentes en países como Argentina, Brasil, España y Estados Unidos, entre otras naciones.

Subrayó que la nómina debe estar lista, a más tardar, el 15 de octubre.

Precisamente, el tema electoral provocó enfrentamientos entre el gobierno y la oposición ante la opacidad que existía para llevar a los hechos la moderna nómina.

Esta semana los bolivianos también centraron su interés en la investigación a miembros del llamado Consejo Supremo de Santa Cruz, quienes, según evidencias, financiaban la célula terrorista neutralizada en abril último en ese oriental departamento.

Entre esas personas se encuentra el presidente de la Human Rights Foundation, Hugo Achá; y Alejandro Melgar, ambos prófugos en Estados Unidos, y para quienes la comisión parlamentaria al frente del caso ya dispuso una orden de aprehensión.

Como ya se demostró, el grupo paramilitar, integrado por bolivianos y europeos, pretendía desestabilizar a la nación andina mediante un movimiento armado que le permitiera ocupar las tierras del oriente, para escindirlas luego de territorio nacional.

De igual manera, el escenario noticioso giró en torno a recientes discrepancias entre Bolivia y Perú, debido a acusaciones llegadas desde Lima contra el presidente Evo Morales a raíz de una carta enviada por el mandatario a un foro indígena celebrado en ese vecino país.

Bajo ese pretexto, las autoridades peruanas sostienen que Morales instigó los hechos violentos ocurridos la pasada semana en la ciudad amazónica de Bagua, con saldo de decenas de muertos, entre ellos varios campesinos.

Bolivia pidió que fuera aclarada la verdadera causa de ese hecho, la cual tuvo su origen en la firma de varios decretos emitidos por el gabinete de Alan García para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Al respecto, el mandatario boliviano aclaró que no pretende generar tensión entre su país y los Estados vecinos.