El triunfo de la protesta nativa amazónica, iniciada el 9 de abril, fue sellado el jueves último en una sesión del Congreso que aprobó la anulación de los decretos sobre temas forestales y de uso y tenencia de tierras, dictados como parte del proceso de adecuación al Tratado de Libre Comercio (TLC).

Con decenas de nativos llegados de la selva en las tribunas del Congreso, la sesión registró críticas al gobierno por no haber cedido antes y evitado las 34 muertes, cifra oficial, en graves incidentes registrados el pasado 5 de junio en la localidad norselvática de Bagua.

Desde la derecha, hubo reproches al Ejecutivo por haber cedido a la protesta sin imponer la fórmula del orden por la fuerza que gusta a ese sector político, que quedó aislado en la votación final, saludada con algarabía por los nativos.

En realidad, el gobierno comenzó a abandonar su empeño de mantener los decretos y a flexibilizar su posición el domingo último, cuando el presidente Alan Gracía cesó la virulencia que había mantenido contra la protesta.

En términos abiertos a la conciliación, dio además una señal clave, al anunciar que el gobierno aceptaría cualquier acuerdo del diálogo con los indígenas trabajosamente reabierto por el primer ministro Yehude Simon.

Al día siguiente, Simon se reunión con indígenas de la selva central y pactó con ellos un acuerdo de distensión para revocar los decretos y atender otros reclamos del movimiento indígena.

Desconfiados por anteriores incumplimientos gubernamentales, la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), que dirigió la protesta, no levantó los bloqueos de carreteras y prefirió aguardar al cumplimiento de la promesa.

Previamente, los hechos mostraron la inutilidad del previo endurecimiento oficial ante la rebeldía nativa, que invoca la defensa de la soberanía nacional y el hábitat de los indígenas frente a una legislación que, según ellos, facilita la entrega de tierras selváticas a inversionistas extranjeros.

Tras la operación policial del 5 de junio que terminó, según versión oficial, con más de 30 muertos, los bloqueos continuaron en otras rutas de la selva norte y se extendieron al centro y al sur de la Amazonía peruana, así como a comunidades surandinas.

Marchas masivas habían evidenciado, la semana anterior, que las organizaciones sociales y sectores medios respaldaban a los nativos y responsabilizaba al gobierno de los trágicos sucesos de Bagua.

Las contradicciones que motivaron el conflicto que se remonta a mediados de 2008, cuando una protesta similar obligó al Congreso a anular dos leyes sobre la selva, persisten sin embargo en el diálogo institucionalizado entre el gobierno y los nativos.

El Ejecutivo defiende el contenido de los decretos y aspira a convencer a los indígenas a que acepten sus contenidos en las conversaciones, en aras del TLC, y considera que su repliegue está en función de mantener el modelo económico (neoliberal) vigente.

La vicepresidenta de Aidesep, Daisy Zapata, ha dejado en claro que las comunidades selváticas rechazan que su hábitat sea afectado por proyectos petroleros y mineros y quieren fiscalizarlos y beneficiarse de los mismos.

Aidesep rechazó el modelo neoliberal y advirtió que si el gobierno reincide en dictar normas sobre la selva sin consultar a los nativos, volverán a rebelarse con el mismo espíritu de lucha que ha conmovido al país y al mundo.

Está pendiente además la solución del problema de más de 60 nativos, entre ellos muchos dirigentes, enjuiciados por graves delitos a raíz de los sucesos de Bagua.

Los nativos exigen el cese de las capturas de indígenas y de esos procesos, y reclaman el retorno de su líder, el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, quien partió al exilio a Nicaragua el día en que se anularon los decretos.

El regreso de Pizango, en coherencia con el afán de paz y reconciliación que proclama el presidente García, es reclamado también por el líder opositor Ollanta Humala y por el secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGTP).

Aidesep exige una investigación imparcial sobre los sucesos de Bagua y sobre 61 nativos de los que no hay noticias desde los incidentes, lo que fue respaldado por el relator de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Jaime Anaya.

El funcionario pidió que se sepa toda la verdad, sin asumir como suficiente la versión oficial de que murieron 24 policías y 10 civiles y se distanció de las denuncias gubernamentales de intervención extranjera en el conflicto.

Hay razones o factores dentro del contexto interno de Perú, que explican lo que pasó, dijo escuetamente.

El retorno de la calma a la Amazonía no ha marcado el fin de los conflictos, pues una huelga general y una protesta campesina, iniciadas la semana pasada en apoyo a los amazónicos, se extendió a reclamos propios en la región sur andina de Andahuaylas.