Entrada la noche de este jueves, esa instancia controlada por el Movimiento al Socialismo atribuyó al magistrado los delitos de negación y retardación de justicia, señaló Radio Patria Nueva.

Según los diputados, Fernández incumple con su trabajo al retrasar mecanismos legales contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997, 2002-2003), encausado por la masacre de 2003, cuando la represión a una protesta en defensa del gas dejó 65 muertos y 400 heridos.

Tampoco actúa adecuadamente en los procesos por conducta antieconómica que involucran al otrora ministro de Salud Tonchi Marinkovic y al ex prefecto paceño Luis Alberto Valle, agregaron.

En el caso de Sánchez de Lozada, quien está oculto en Estados Unidos para evitar la justicia boliviana, los cargos por genocidio fueron presentados hace más de cinco años, sin embargo, apenas han avanzado.

Para el representante de las víctimas del llamado Octubre negro, Julio Mayta, Fernández es cómplice del antiguo mandatario, al promover la impunidad en un caso tan significativo.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Constitución, René Martínez, el dictamen de los legisladores no implica condena, aunque existen -precisó- múltiples evidencias de la comisión de delitos.

A partir de la conclusión alcanzada, se desencadenan nuevas investigaciones en torno a la conducta de la cabeza de la Corte Suprema, dijo.

Martínez explicó que corresponde al Comité del Ministerio Público de la cámara baja continuar las pesquisas.