La crisis data de hace cuatro años cuando, aparentemente, la Casa
Blanca fraguó una conspiración para castigar al ex embajador Joseph
Wilson y a su esposa Valerie Plame, antigua empleada de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA), reporta PL.
Wilson había criticado a la administración Bush por engañar a la
opinión pública norteamericana y usar argumentos ficticios para
justificar la agresión del Pentágono contra Iraq.
Esta semana el ex secretario de Prensa de la Presidencia, Scott
McClellan, pareció confirmar las aseveraciones del ex diplomático
estadounidense, y reveló que varios oficiales del mandatario y el
propio gobernante lo obligaron a mentir.
McClellan asegura en un libro que alguien en la alta nomenclatura
gubernamental lo conminó a difundir información falsa ante la prensa
sobre el caso CIA-gate, y que el jefe de Estado aprobó esa decisión.
"Es tiempo que el Congreso comience a hacer las preguntas
verdaderamente duras, porque alrededor del evento hay demasiadas
interrogantes sin respuestas", subraya la reseña de Salon.
También el senador Chris Dodd, demócrata por Connecticut, exigió
que el fiscal general Michael Mukasey inicie una nueva indagación
sobre el asunto de la maquinación estatal. "Si el Presidente de
Estados Unidos, a sabiendas, le ordenó a su portavoz principal que
desinformara a los ciudadanos norteamericanos, estamos hablando aquí
de una alta traición a la confianza pública", subrayó.