El tribunal estipuló que el Departamento de Justicia debe devolver los documentos de valor obtenidos en la incursión a las habitaciones del Capitolio, pero dejó una brecha para retener algunos papeles secundarios.

Los jueces defendieron de forma unánime la potestad del FBI para requisar a funcionarios del gobierno, pero cuestionaron el proceder de los agentes, que negaron al representante demócrata la posibilidad de separar sus documentos de las pertenencias del Congreso.

El allanamiento de la oficina de Jefferson en 2006 intentó finalizar 16 meses de investigaciones para determinar si el legislador aceptó sobornos por un valor de 500 mil dólares o tramó para enriquecer a sus familiares.

Durante las pesquisas, los agentes descubrieron 90 mil dólares en un congelador de la casa del político en Louisiana, procedente de una remesa de un empresario africano del sector de las telecomunicaciones, según los cargos de la fiscalía.