Durante la semana anterior se han realizado intensas negociaciones
en el Senado para intentar resucitar el proyecto de ley migratoria,
que fue descarrilado hace poco más de una semana, al no prosperar en
la Cámara alta por una oposición combinada de senadores y fuerzas
conservadoras y liberales.
El presidente George W. Bush y sus aliados intentan convencer a los
senadores republicanos, renuentes a incluir un nuevo plan para otorgar
4,4 mil millones de dólares en fondos generados por la nueva
legislación, para más medidas de seguridad fronteriza y de
verificación de la condición migratoria de empleados.
Todo esto busca responder a la demanda de varios legisladores
republicanos de primero asegurar la frontera antes que aceptar
cualquier iniciativa de legalización de los migrantes indocumentados y
un programa de trabajadores temporales.
Pero varias agrupaciones de inmigrantes y grupos latinos consideran
estas medidas como una mayor "militarización" de la frontera, ya que
incluye más barreras, centros de detención y más agentes de la
Patrulla Fronteriza, lo que en los hechos refuerza la óptica de que
los inmigrantes son una especie de "invasor" que amenaza la seguridad
interna del país.
Irónicamente, en el Pentágono hay preocupación porque sin la
aprobación de algunas medidas de la reforma migratoria propuesta, los
militares serán privados de los hijos de indocumentados como reclutas
para llenar las cada vez más necesitadas filas de las fuerzas armadas.
La provisión conocida como Desarrollo, Asistencia y Educación para
Menores Extranjeros, o Dream, es señalada una y otra vez por
organizaciones promotoras de la reforma (por ejemplo, el Consejo
Nacional de la Raza), como una iniciativa de apoyo y educación para
los hijos de inmigrantes y una razón humanitaria para apoyar esta
legislación.
Pero resulta que también incluye un mecanismo para que los hijos
aplicados de indocumentados puedan ingresar a las fuerzas armadas y, a
largo plazo, convertirse en ciudadanos estadounidenses.
El subsecretario asistente de Defensa para Asuntos de Recursos
Humanos, Bill Carr, explicó esta semana que por este mecanismo "si uno
había cruzado la frontera con sus padres, pero aún era menor de edad y
ha estado en el sistema escolar estadounidense durante varios años,
entonces sería elegible para ser reclutado. Al acabar ese
alistamiento, entonces sería elegible para convertirse en ciudadano".
La provisión es solo para aquellos estudiantes con las mejores
calificaciones, y para los militares eso "sería muy atractivo", afirmó
durante una entrevista con el Servicio de Prensa de las Fuerzas
estadounidenses, agencia oficial de noticias del Departamento de
Defensa.
De hecho, Carr informó que hay negociaciones para intentar salvar
por lo menos esta provisión del proyecto de ley, si es que no prospera
la reforma integral este año.
Por cierto, continúa vigente una orden ejecutiva del presidente
Bush que permite que los no ciudadanos soliciten la ciudadanía
estadounidense después de solamente un día de servicio militar activo.
Según informaciones del propio Pentágono, hay en la actualidad
alrededor de 35 000 no ciudadanos en las filas militares.
Tomado de un artículo de David Brooks publicado en La Jornada