Movimientos sociales, indígenas y
políticos inician hoy una semana de protestas en Ecuador con miras a
defender la realización de una consulta popular que pide la
instalación de una Asamblea Constituyente.
Humberto Cholango, presidente de la Confederación de los Pueblos de
Nacionalidad Quechua (Ecuarunari), declaró la víspera a Prensa Latina
que los indígenas realizarán marchas de protesta en diversas
provincias para defender el derecho de pueblo al cambio.
Respaldó la actitud del Tribual Supremo Electoral (TSE), que la
semana pasada destituyó a 57 diputados y amenazó con radicalizar sus
acciones si ese ente logra un acuerdo amañado con el Congreso para
facilitar el retorno de los legisladores sancionados.
El líder de la Ecuarunari reiteró que "analizarán la posibilidad de
acciones más contundentes, si es los 57 diputados regresan al
Congreso" en un pacto entre ese órgano y el TSE.
El pueblo está cansado de esa partidocracía, cuyos congresistas
legislan de espalda al pueblo y solo responden a los intereses de sus
partidos políticos, subrayó.
Cholango señaló que se realizarán marchas en varias provincias y
concluirán el jueves próximo con una gran concentración en esta
capital, que avanzará hasta el sede del hemiciclo ecuatoriano.
Además de la Ecuarurani, agrupaciones sociales y políticas se
sumarán a estas protestas en defensa del referendo del 15 de abril
venidero y la instalación de la Constituyente.
El grupo Comuna, integrado por varias agrupaciones, llamó este fin
de semana a respaldar al presidente del país, Rafael Correa, y acudir
a su llamado de salir a las calles para lograr la victoria del sí en
el plebiscito.
Tras criticar a las organizaciones de derecha y medios de prensa
nacionales, a los que calificó de vendidos a los grupos de poder,
Correa instó a la gente a marchar este lunes y "demostrar a las mafias
políticas defenestradas por el TSE que no hay punto de retorno, que no
vamos a soportar más abusos, pero en forma pacífica".
El dignatario abogó por mantener una "resistencia pacífica" contra
quienes se oponen a una consulta popular para instalar una Asamblea
con plenos poderes.
Los 57 parlamentarios, del bloque mayoritario de derecha, fueron
cesados por intentar frenar la realización del referendo al aprobar la
destitución del presidente del ente electoral, Jorge Acosta.
Cuatro de siete miembros del TSE resolvieron no respaldar la
decisión del Congreso y recordaron que esa instancia constituye la
máxima autoridad del país durante el actual proceso electoral.
Tal situación invalida cualquier resolución contra ese ente y la
ley le permite sancionar a toda persona o institución que pretenda
detener ese proceso.