(13 de octubre de 2006)

Una acción a favor de la paz

La lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras

JOSÉ R. MENÉNDEZ HERNÁNDEZ*

Se estima que en el mundo circulan más de 600 millones de armas pequeñas y ligeras, aproximadamente una por cada 12 personas. Este ha sido el armamento fundamental utilizado en los conflictos más importantes desde el año 1990, el cual ha causado la muerte a más de 4 millones de personas, de ellas el 90% civiles.

Posada Carriles se valió del tráfico de armamentos para sus crímenes.

Resulta de gran interés conocer que muchas de estas armas que circulan en el orbe son debido al tráfico ilícito, que supera los 1 000 millones de dólares al año, y en el cual el crimen organizado transnacional y los grupos terroristas tienen un papel protagónico.

Pero, antes de continuar detengámonos en un concepto: ¿Qué se entiende por armas pequeñas y ligeras? Internacionalmente se ha definido que las armas pequeñas son las destinadas al uso personal y las ligeras las empleadas por un grupo de hasta tres personas.

Armas para el terrorismo contra Cuba.

La fácil manipulación de estos armamentos es uno de los factores que ha incidido en su tráfico ilegal, el cual alcanza cada vez mayores dimensiones, con sus trágicas secuelas de destrucción y muerte, sobre todo, por su empleo en las acciones terroristas, uno de los problemas más urgentes que afectan la paz y la seguridad a nivel mundial.

Precisamente esta realidad fue la que condujo a los estados miembros de las Naciones Unidas a aprobar el 20 de julio del 2001 el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.

Tal iniciativa consiste en un documento que recoge compromisos políticos y medidas concretas en los planos nacional, regional y mundial, destinados a hacer frente al descontrol sobre estas armas. También con el objetivo de mejorar la cooperación, contiene disposiciones destinadas a prestar asistencia a los Estados, además de contar con un mecanismo de seguimiento con el fin de supervisar su ejecución y perfeccionamiento ulterior.

Todo el proceso de negociación del Programa contó con una activa participación de Cuba, país víctima por casi medio siglo de acciones terroristas ejecutadas por individuos y organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en Estados Unidos, que han ocasionado a la Isla 3 478 muertos, más de 2 000 heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

En esos encuentros, nuestro país defendió cuestiones de vital importancia como el papel primordial que le corresponde a cada Estado con relación al control de las armas pequeñas y ligeras, el respeto al derecho internacional y a los propósitos y principios consagrados en la Carta de la ONU, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la integridad territorial, el arreglo pacífico de las controversias internacionales, la no intervención y la no ingerencia en los asuntos internos de los países.

Además, el derecho de los Estados a fabricar, importar y conservar armas pequeñas y ligeras para atender sus necesidades de legítima defensa y seguridad de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Aunque el proceso negociador contó con el apoyo de la mayoría de los países miembros de la ONU, no todo fluyó favorablemente. Por la oposición de Estados Unidos, no se pudo incluir en el Programa de Acción un acuerdo de restricciones sobre la posesión privada de armas pequeñas y ligeras destinadas a fines militares. Tampoco se pudo llegar a un acuerdo que expresara la convicción colectiva de que los países solo deberían transferir dichas armas a otros gobiernos, es decir, no deberían traspasarlas a otros agentes que no fueran los Estados.

Como parte del mecanismo de seguimiento del programa, se estableció realizar un estudio por parte de las Naciones Unidas acerca de la viabilidad de elaborar un instrumento internacional que permita a los Estados detectar y localizar de manera oportuna y fiable las armas pequeñas y ligeras ilícitas.

En correspondencia con ello y por resolución de la Asamblea General, se estableció un Grupo de Expertos Gubernamentales, en el cual el experto de Cuba señaló que las armas pequeñas y ligeras constituyen el único medio defensivo de la mayoría de los países del mundo, mientras que para otros pocos solo representan una categoría más de armas dentro del vasto arsenal militar que poseen.

Además, destacó que un instrumento internacional de esta índole no podía afectar los intereses de defensa y seguridad de ningún Estado, y que este futuro instrumento tenía que negociarse en el marco de la Asamblea General.

En el 2003, se creó con la aprobación de la Asamblea General un Grupo de Expertos con la participación de todos los Estados miembros de la ONU para elaborar dicho instrumento internacional. Después de extensas negociaciones no se logró un instrumento jurídicamente vinculante o de obligatorio cumplimiento, debido nuevamente a la fuerte oposición de Estados Unidos.

Más reciente aún, tal postura se repite al celebrarse a finales de junio y principios de julio de este año, en Naciones Unidas, la Primera Conferencia de Revisión del Programa de Acción, donde no fue posible aprobar un documento final, debido a la postura adoptada por potencias de la Unión Europea, y Estados Unidos en particular.

En el caso de los primeros, calificaron de fracaso el encuentro, al ver frustrados sus intentos de incluir modificaciones a lo establecido en el Programa desde su aprobación hace cinco años, pretendiendo particularizar en el control de determinados armamentos como son los sistemas portátiles antiaéreos y establecer un código de conducta para el comercio de estas armas, cuestión esta que se apartaba de los objetivos de la Conferencia.

Sin embargo, para todos los participantes, quedó claro que la verdadera causa de no haberse acordado un documento final fue por la oposición de Estados Unidos a un mecanismo de seguimiento del Programa de Acción en el futuro.

A pesar de estos escollos, los Estados miembros continúan sus gestiones para lograr avances en el tema del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras con el fin de evitar las severas consecuencias sociales, humanitarias y económicas que implica.

Cuba, como parte de ellos, tanto en esos como en otros foros internacionales, no ha dejado de denunciar que en Estados Unidos se asientan numerosos individuos y organizaciones que poseen arsenales de estos armamentos, muchos adquiridos de forma ilegal, con el único objetivo de cometer actos terroristas contra nuestro país. Citemos solo algunos ejemplos recientes.

El 19 de abril del 2006, se conoció la noticia de que en Los Ángeles, California, había sido detenido un individuo, nombrado Robert Ferro, quien tenía en su casa la escandalosa cifra de 1 571 armas de fuego y algunas granadas de mano, escondidas en compartimientos secretos y habitaciones.

Tras su detención Ferro declaró ser miembro de la organización anticubana Alpha 66 y contar con un grupo de 100 miembros en California y Miami, listos y entrenados para realizar acciones contra el Gobierno de Cuba.

Ferro también afirmó a la prensa que "algunas de las armas le fueron suministradas de manera encubierta por el Gobierno norteamericano con la intención de derrocar a Fidel Castro".

También el pasado 22 de junio, unos días antes de comenzar la Conferencia de Revisión del Programa de Acción, los diarios de Miami confirmaron la denuncia de José Antonio Llama, ex director de la Fundación Cubano Americana (FNCA), quien ha demandado por estafa a varios de sus colegas, a quienes acusa de haberse apropiado de fondos por cerca de 1,5 millones de dólares que estaban destinados, entre otros fines, a la compra de armas para realizar un plan terrorista contra Cuba.

Ante esta realidad y en cumplimiento del llamado realizado por el Secretario General de las Naciones Unidas y de un Acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Cuba es parte de doce instrumentos jurídicos internacionales en materia de terrorismo, como muestra de la voluntad y el compromiso político del Gobierno y del pueblo cubanos de combatir todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera y por quienquiera que sean cometidos.

Por supuesto que, Cuba continuará apoyando el Programa de Acción con la voluntad de cumplir los compromisos establecidos en el mismo y aquellas iniciativas y medidas prácticas que favorezcan la cooperación internacional para la aplicación del Programa, así como proseguirá defendiendo el multilateralismo en relación con todos los acuerdos de desarme, que no sean discriminatorios y selectivos.

*Director del Centro de Estudios sobre Desarme y Seguridad Internacional.