(11 de octubre de 2006)

Estados Unidos: imperio bananero

CARLOS FAZIO

Sin pena ni gloria, el viernes pasado concluyó en Ginebra el segundo Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CDH). El organismo que preside el diplomático mexicano Luis Alfonso de Alba está integrado por 47 países y fue creado en marzo pasado en remplazo de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que en sus casi 60 años de existencia tuvo algunos aciertos en la construcción del esqueleto jurídico de esa especialidad de la ONU, pero también muchos errores, en particular, los derivados de la selectividad, politización y manipulación de sus decisiones, controladas por Estados Unidos y sus aliados de la vieja Europa.

Estados Unidos impuso su doble moral en el Consejo de Derechos Humanos.

El plato fuerte de la CDH era el examen del caso de la prisión estadounidense establecida en la base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba. En febrero, cinco relatores especiales de Naciones Unidas pidieron a Washington que cerrara de inmediato ese centro de detención, donde el Pentágono mantiene unos 500 prisioneros de guerra sin derecho a juicio ni sentencia. A esos detenidos, sospechosos de terrorismo, el gobierno de Bush les ha negado la protección de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo I adicional de 1977, base del derecho internacional humanitario que rige el trato a los prisioneros de guerra. Esos convenios estipulan que ningún prisionero puede ser herido o muerto deliberadamente, ni sometido a tortura, trato cruel, inhumano o degradante, coacciones, castigos colectivos o experimentos médicos, y que todos tienen derecho a un juicio justo. Pese a los requerimientos de la ONU, la decisión de Bush ha sido someter a esos combatientes enemigos a tribunales militares sin las garantías jurídicas y de procedimiento básicas.

No obstante la amplia documentación acumulada de violaciones a los derechos humanos por Estados Unidos en el marco de su "guerra al terrorismo", el nuevo Consejo no pudo sacudirse el estigma de la retórica y el doble rasero que pesaba sobre la antigua Comisión de Derechos Humanos. Así, lo que prometía convertirse en un verdadero espectáculo político, ya que por primera vez ese país iba a ser sentado en el banquillo de los acusados, quedó para mejor oportunidad. Peor aún. En otra demostración de su total desprecio por las normas del derecho internacional, el presidente George Bush no sólo reconoció la existencia de una red de cárceles clandestinas administradas por la Agencia Central de Inteligencia en varios países de Europa y otras regiones del mundo, sino que durante el periodo en que sesionó el Consejo (del 18 de septiembre al 6 de octubre) logró que el Congreso estadounidense aprobara una ley que elimina el derecho de hábeas corpus y legaliza la tortura contra quienes, en su guerra sin fin contra el "terrorismo", considera "combatientes enemigos ilegales".

Además, la llamada Ley de Comisiones Militares 2006 (S3930) otorga protección o amnistía a soldados y agentes de inteligencia estadounidenses que sean demandados conforme a la Ley de Crímenes de Guerra. La medida comprende a militares del Pentágono y agentes de la CIA involucrados en prácticas de tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones forzosas de personas. En particular, han sido denunciadas y quedado documentadas prácticas de tortura y experimentos médicos contra prisioneros recluidos en los campos de concentración de Guantánamo (Cuba) y Abu Ghraib (Iraq). También existen denuncias sobre los "vuelos secretos de la CIA" que transportaron sospechosos de terrorismo, previamente secuestrados, quienes después fueron recluidos en cárceles clandestinas ubicadas en terceros países y permanecen en un limbo legal, sin juicio ni proceso o, simplemente, fueron eliminados. Para evitar que sus "muchachos" queden sujetos a la justicia penal internacional, el gobierno de Bush, con el voto de congresistas republicanos y demócratas, procedió a legalizar algunos crímenes de guerra.

La anulación del hábeas corpus (amparo contra una detención arbitraria o garantía de acceso a las pruebas por el acusado), principio legal que antecede a la Carta Magna del siglo XIII, que forma la base de los sistemas legales de los países de Occidente y está consagrado en la Constitución de Estados Unidos, no tiene precedente. Con su reminiscencia macartista, Bush está convirtiendo a Estados Unidos en un Estado policial mundial. Según el ex embajador de Gran Bretaña en Uzbekistán, Craig Murray, la legalización de la tortura por Bush y el Congreso "ya no es producto de políticas neoconservadoras; esto ya es neomedieval: han hecho que regresen la tortura y las cruzadas". El ex secretario de Estado Colin Powell, quien estuvo al frente de la diplomacia de guerra de Washington durante el primer mandato de Bush, ha dicho que "el mundo está en vías de comenzar a dudar de los valores morales en nuestro combate al terrorismo". Para el almirante John Hutson, el abogado militar (retirado) de mayor rango de la Marina de Guerra, sin la protección del hábeas corpus Estados Unidos es "una república bananera más". La expresión remite a la época de la expansión imperialista de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando Theodore Roosevelt aplicaba la "diplomacia del dólar" o política del "gran garrote" (Big Stick), sacando y poniendo dictadores en los países de América Central y el Caribe.

No hay duda de que con la nueva ley tiránica de Bush, complementada con otra disposición legal que autoriza el espionaje telefónico y la intervención de correos electrónicos personales de ciudadanos estadounidenses sin necesidad de orden judicial, Estados Unidos se ha convertido en una "nación fuera de la ley". Para decirlo en palabras de Noam Chomsky: en un verdadero "Estado canalla", totalitario y criminal. El nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues, tenía tela de dónde cortar. Pero no hizo nada. Una vez más triunfó la doble moral.

(Tomado de La Jornada)