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(30 de agosto de 2006)
Estados Unidos: Comisión de la
Verdad
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS
Resulta paradójico que un mes más tarde de publicar el Informe de
la Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre (junio, 2006) —en el que
se proponen acciones públicas y encubiertas del gobierno de Estados
Unidos contra Cuba, que incluyen la subversión interna,
profundización del bloqueo económico, intimidación por parte de sus
fuerzas armadas y diversos cuerpos de inteligencia e, incluso, la
ocupación militar de la Isla para el derrocamiento del régimen
socialista, el restablecimiento del capitalismo y la imposición de
un sistema electoral basado en el modelo bipartidista de ese país—
se dé a conocer el Informe de la Comisión de la Verdad para los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Estados Unidos (julio,
2006).
Katrina
puso al desnudo la exclusión económica y racial en Estados Unidos.
Bajo el esquema de comisiones establecidas para juzgar casos como
Sudáfrica, El Salvador y otros países que responsabilizan a sus
gobiernos de crímenes de lesa humanidad y flagrantes violaciones de
los derechos humanos, la Comisión de la Verdad —reunida en Cleveland,
Ohio, una de las ciudades más pobres de Estados Unidos—, se integró
por delegados nacionales de una amplia gama de organizaciones de la
sociedad civil, sindicales, sociales, religiosas, de juristas y
derechos humanos, y delegados internacionales pertenecientes a
instituciones, redes, organizaciones y expertos en pobreza, salud,
desalojo forzado y derechos humanos.
Esta Comisión recibió documentación, testimonios y denuncias
emblemáticas de hombres y mujeres pobres blancos y provenientes de
diversas minorías nacionales, jóvenes y ancianos, veteranos de Iraq
y madres de soldados muertos en esa guerra neocolonial, víctimas del
huracán Katrina, desempleados, emigrantes "contra quienes se
levantan muros e implantan restricciones mientras se legitima su
explotación laboral y humana en condiciones de neo-esclavitud",
madres separadas o solteras cuyos hijos son arrebatados por el
Estado debido a su precaria condición económica, discapacitados,
ciudadanos sin acceso a la salud, entre otros sectores de esa
sociedad estadounidense en que se constata —en cifras oficiales— la
existencia de millones de personas que viven en la pobreza y pobreza
extrema, mientras 45 millones no tienen acceso a servicios de salud.
En el país de la "prosperidad" y el consumo ilimitado de recursos
y mercancías, la Comisión de la Verdad llega a la conclusión general
de "que sí se violan los derechos humanos, económicos, sociales y
culturales en Estados Unidos; que se puede identificar al gobierno
federal, a las autoridades legislativas y judiciales, así como a las
megaempresas privadas, como las responsables de dichas violaciones;
de que tales violaciones en la mayoría de los casos son totalmente
prevenibles, y que ante el alarmante cuadro de deterioro observado,
es necesario elaborar propuestas".
La Comisión emitió esta conclusión en un contexto internacional
que caracterizó por "el claro menosprecio del gobierno de Estados
Unidos a respetar las normas de convivencia internacional pacífica y
a la soberanía de las naciones... de no querer sujetar su actuación,
como la mayoría de las naciones, a instrumentos que eviten la
impunidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, como es el
caso de la Corte Penal Internacional; en medio de denuncias de
aberrantes abusos, uso de la tortura y sistemáticas violaciones de
derechos humanos cometidas por el ejército de Estados Unidos contra
cientos de detenidos de distintas nacionalidades en centros de
concentración y confinamiento de Guantánamo o Ghraib; en medio de la
pública denuncia del uso clandestino de aeropuertos de Europa para
que los organismos de inteligencia de Estados Unidos promuevan
ilegales operativos de secuestro, retención y traslado de
prisioneros por todo el globo terráqueo; finalmente, en medio de la
expedición de leyes internas como el Acta Patriótica, que limitan
derechos individuales y políticos y legitiman el control de la
democracia en su propio territorio por razones de seguridad".
Son estas mismas autoridades de Estados Unidos, identificadas por
la Comisión de la Verdad como violadores de los derechos humanos de
su propio pueblo, los que pretenden —con un presupuesto de casi 100
millones de dólares y conjuntamente con la "comunidad
internacional"—, "ayudar" al pueblo cubano en la "transición
democrática", a "responder a sus necesidades humanitarias y sociales
críticas", a lograr "elecciones libres y equitativas" (como las
"ejemplares" en Iraq o México), a "crear un mercado basado en
oportunidades económicas", según se asienta en el capitulado del
Informe de la Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre.
El pueblo cubano no necesita de la "ayuda desinteresada" del
gobierno de Estados Unidos; un gobierno que condena a millones de
sus ciudadanos a la guerra permanente, la miseria, el racismo, las
drogas, la violencia y la represión. Esa es la realidad candente de
la democracia y el American way of life.
(Tomado de La Jornada) |