(14 de junio de 2006)

Fisgoneo en la red

DEISY FRANCIS MEXIDOR

Muchos de los problemas de George W. Bush son causados por él mismo, asegura Stephen Wayne, profesor de Gobierno de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Traducido al español eso podría significar que el presidente tiene una evidente incapacidad para dirigir a su país y que la paranoia por dominar el mundo lo ha llevado demasiado lejos.

Uno tras otro, los escándalos se dan la mano en la Casa Blanca. Para algunos analistas ya es una calamidad el mandato del jefe de la Oficina Oval e incluso se preguntan: ¿Y qué pasará ahora?, después de asistir a tantas malas noticias, que van desde la indignación de los estadounidenses, debido a la pobre actuación del gobierno ante el desastre ocasionado por el huracán Katrina en agosto del pasado año, hasta el anticonstitucional programa de espionaje interno, que se azuza nuevamente cuando el gobierno defendió ante un tribunal, el fisgoneo sin una orden judicial, alegando que el proyecto está bajo la autoridad del Presidente.

La jueza del distrito de Detroit, Anna Diggs Taylor, escuchó los argumentos en un caso presentado por la Asociación de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por las siglas en inglés), que ha exigido un cese inmediato del programa, indicando que viola los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad. Sin embargo, la administración Bush ha pedido a la magistrada que deseche la demanda basándose en razones de secreto de Estado.

Bush ordenó espiar a sus compatriotas.

Los participantes en la demanda de la ACLU —entre ellos periodistas, especialistas en diversas profesiones, y abogados—sostienen que la arbitraria medida ha afectado la posibilidad de concretar sus tareas, pues contactos internacionales, tales como fuentes y testigos potenciales, por temor, no desean compartir su información por vía telefónica o a través del correo electrónico.

El programa de espionaje fue revelado a mediados de diciembre del 2005 por un artículo en The New York Times y hace poco el propio rotativo demandó al Pentágono para que publique todos los documentos que puedan arrojar luz sobre el controvertido tópico.

Se ha filtrado que algunas de las decisiones del mandatario no se consultan previa ni frecuentemente al Congreso y que los legisladores suelen ofenderse a causa de inadmisibles "soslayos presidenciales". Esa falta de comunicación se reflejó, especialmente, cuando Bush le indicó a la Agencia de Seguridad Nacional, en el 2002, que emprendiera esas labores de vigilancia electrónica dentro de la nación como parte de las "enseñanzas del 11 de septiembre".

No hace mucho el senador demócrata por Wisconsin, Russ Feingold, sugirió someter al gobernante a un voto de censura por su plan de espiar a los ciudadanos sin autorización, lo que equivaldría a una amonestación para este, utilizada una sola vez en la historia contra Andrew Jackson, en 1834. Sin embargo, el mensaje de la "guerra contra el terror" de George W. Bush intenta continuar su paso a cualquier costo a través de la práctica: o estás con nosotros, o eres nuestro blanco, doméstico o en el extranjero, pero sin especificar si este diabólico engendro es o no selectivo.

Activistas contra la guerra de Iraq o personalidades con posturas que difieren de los puntos de vista que salen de Washington han comenzado a quejarse al respecto. Para Michael Ratner, presidente del Centro por los Derechos Constitucionales, la cuestión es evidente: "Cada estadounidense debiera estar en rebelión política contra los criminales que ahora manejan el país".

Pese a que hasta hoy el gobierno ha admitido que ha realizado tareas de espionaje interno con las comunicaciones internacionales de los estadounidenses sin solicitar permiso de un tribunal, las diatribas apuntan hacia la ilegalidad del acto y a un Bush que no puede tener una autoridad ilimitada para llevarlo a la práctica. "El presidente Nixon estuvo a punto de ser acusado —pero renunció antes—, gracias a que conceptuaba exactamente lo mismo", reflexiona a Granma vía correo electrónico la colega norteamericana Jennifer Van Bergen, para quien el actual mandatario ha cometido un crimen, mientras permite que "ciertos terroristas" permanezcan libres y manda a la cárcel a otras personas que tratan de luchar contra el terrorismo. Este es un patrón muy claro de esta Administración.

Tan claro que Luis Posada Carriles podría irse a la calle desde la prisión de Texas, donde recibe protección. Orlando Bosch no es molestado en Miami; Rodolfo Frómeta aparece en El Nuevo Herald ofreciendo agresivas declaraciones cada vez que lo desea; Santiago Álvarez Fernández Magriñá es sorprendido con un alijo de armas en pleno sur de la Florida y es calificado como "benefactor" y "empresario"...y cinco verdaderos luchadores contra el mismo terrorismo que Bush finge combatir, permanecen en injusta prisión desde 1998.

Habría que ver cuántos correos y conversaciones de Bosch, Frómeta y compañía, confesos y probados criminales, han sido interceptados por la Agencia de Seguridad Nacional para cumplir, a fin de cuentas, una reciente afirmación bushiana: "La seguridad del pueblo estadounidense depende de nuestra habilidad para saber con quién están hablando los terroristas y qué están planificando".