(23 de mayo de 2006)

Extradición de militares uruguayos a Chile revela datos 
de Operación Cóndor 

STELLA CALLONI

La desición de la justicia uruguaya de acceder a la extradición de tres importantes militares, solicitada por sus homólogos chilenos en el caso del secuestro y asesinato del bioquímico Eugenio Berríos Sagredo, ex agente de la policía política (DINA) del ex dictador Augusto Pinochet, permite ver una de las tramas más siniestras de la Operación Cóndor, coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur en los años 70.

Los juicios en torno de esta Operación comprueban también que la mayoría de los implicados trabajaron para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense. Las tachaduras de documentos desclasificados por Estados Unidos revelan la intención de ocultar nombres y nexos, pero hasta ahora no existe un solo responsable en esta historia que no tuviera vínculos con dicha agencia o con instituciones como la Liga Anticomunista Mundial o el exilio cubano anticastrista en Miami.

Berríos, quien fabricó gas sarín y otros venenos que se usaron en la guerra sucia, fue colaborador de Michael Townley, hombre de la CIA y la DINA, que hoy ampara Estados Unidos como “testigo protegido”.

“En la sentencia del ministro Adolfo Bañados se afirma que Virgilio Paz, terrorista cubano, condenado en Estados Unidos por su complicidad en el asesinato de Orlando Letelier (ex ministro del gobierno de Salvador Allende, ocurrido en septiembre de 1976), estuvo en esa residencia en compañía de Berríos y Townley”, señala el periodista Manuel Salazar Salvo en la revista chilena Punto Final.

En el proceso en Chile por el asesinato de Letelier, Berríos, también conocido como Hermes, es mencionado “reiteradamente como ayudante de Townley en el cuartel de la Agrupación Quetropillán —dios Volcán en lengua mapuche—, apéndice de la brigada Mulchen de la DINA, que dirigía el hoy sentenciado general Manuel Contreras”. Ambos vivían en la misma casa de Townley en Lo Curro, donde tenían un laboratorio.

Asimismo está documentada la fuerte relación de la DINA con Orlando Bosch, quien junto con Luis Posada Carriles fue acusado de hacer explotar un avión de Cubana de Aviación en Barbados, en octubre de 1976, que dejó 73 muertos. Además existen los testimonios de la ex esposa de Townley, Marina Callejas, y de la secretaria Alejandra Damiani, quien relató cómo fabricaban “un veneno que provocaba convulsiones y muerte”. En la casa de Townley en Santiago fue torturado y asesinado el diplomático español Carmelo Soria en julio de 1976.

También hay pruebas de los negocios de Berríos y la DINA con los paramilitares neofascistas italianos de Avanguardia Nazionale contratados por Townley, como consta en el informe de Taylor Branch y el fiscal Eugene Propper, sobre el juicio realizado en Estados Unidos por el atentado contra Letelier ocurrido en Labyrinth, Nueva York, en 1982. Esos grupos declararon en juzgados italianos en calidad de “testigos protegidos”.

Berríos trabajó en el complejo químico industrial del Ejército, lo que le permitió viajar por el mundo hasta que abandonó su trabajo en 1981 para continuar otras tareas que involucraban a la DINA en empresas mafiosas de distinto tipo.

En 1991, Alfredo Baños citó a Berríos en el juicio por el asesinato de Letelier y la Inteligencia militar chilena, preocupada por su locuacidad y afición al alcohol y las drogas, lo sacó del país armando una red de protección que lo llevó de Punta Arenas a Buenos Aires, en noviembre del mismo año, utilizando el documento del desaparecido Tulio Orellano Bravo.

Después se decidió sacarlo de Buenos Aires y los militares chilenos pidieron ayuda a sus homólogos uruguayos, especialmente al jefe de operaciones del Servicio de Inteligencia de Defensa, teniente coronel Tomás Casella.

En 1992 Berríos viajó a Uruguay, donde permaneció bajo vigilancia y protección. Por alguna razón especial en octubre de 1992 se convirtió en prisionero “especial” en una casa de la familia del capitán de Inteligencia uruguaya Eduardo Radaelli, en Parque del Plata.

De allí escapó en noviembre de 1992 y pidió auxilio en una sede policial, donde denunció que Pinochet lo iba a matar. El escándalo fue mayúsculo, pero mucho más cuando el teniente coronel Casella y otros militares se lo llevaron.

Ya no se volvió a ver a Berríos hasta que en abril de 1995 su cuerpo, enterrado en la arena, fue encontrado en el balneario de El Pinar, Uruguay, con varios balazos a quemarropa y señales de tortura.

Según el juez chileno Alejando Madrid, están implicados en el asesinato de Berríos el general retirado Hernán Ramírez Rorangwe, el teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez, los oficiales Raúl Lillo Gutiérrez, Carlos Herrera Jiménez y Arturo Rodrigo Silva Valdés (encargado de la seguridad de Pinochet), quien fue “inculpado por el capitán Luis Arturo Sanhueza Ross, también llevado a Uruguay para eludir a la justicia, y otro ex escolta de Pinochet”.

Ahora en Chile son investigados los uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli. En abril pasado trascendió en Montevideo que habían desaparecido las actas parlamentarias sobre la investigación del caso Berríos en 1992, que contenían las declaraciones de los entonces ministros del Interior y de la Defensa Nacional, Andrés Ramírez y Mariano Brito, respectivamente.

Al levantarse el secreto sobre las actas, resultó que habían desaparecido de la caja fuerte en que fueron guardadas y se desconoce dónde están.

Medios de Montevideo sostienen que, en 1996, ante una solicitud de la justicia chilena, se descubrió su desaparición. Una secretaria que había guardado copia de la misma fue sancionada y la copia robada.

(Tomado de La Jornada)